En 2025, España alcanzó un récord en donaciones formalizadas ante notario, con 225.662 actos, lo que representa un aumento del 13,1% en comparación con 2024, cuando se realizaron 199.488 procedimientos. Este dato forma parte de un informe presentado por el Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN) en el marco del Día Internacional de las Familias, que analiza la evolución de los actos jurídicos relacionados con el ámbito familiar.
El estudio revela un crecimiento constante en las donaciones, reflejo del papel cada vez más relevante del apoyo intergeneracional y la planificación patrimonial en vida. Desde que en 2013 se registrara un mínimo de 71.190 donaciones, el número de procedimientos se ha más que triplicado hasta 2025, con un crecimiento del 217%. Sin embargo, este aumento no ha sido homogéneo en todo el territorio. Las comunidades de Andalucía y las Islas Canarias destacan con incrementos excepcionales, mientras que en Galicia y Aragón las donaciones han disminuido.
La evolución de las donaciones en España muestra un aumento significativo desde 2013, impulsado por la consolidación del apoyo intergeneracional.
En términos de extinción de condominio, 2025 también marcó un hito histórico con 72.769 actos, un incremento del 8,6% respecto al año anterior. Este aumento refleja la necesidad creciente de reorganizar patrimonios y titularidades compartidas, especialmente en casos de rupturas de pareja y particiones hereditarias. Las comunidades con mayor número de estas formalizaciones fueron Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid y Cataluña.
El informe destaca además el alza en la formalización de relaciones personales y de pareja ante notario. En 2025, se registraron 70.646 capitulaciones matrimoniales, un récord histórico, y 31.023 acuerdos de uniones de hecho, lo que representa un crecimiento del 1.841% respecto a 2007. Los matrimonios notariales alcanzaron 25.644, mientras que los divorcios y separaciones aumentaron un 7,9% respecto al año anterior, con un total de 13.806 en 2025.
Por otro lado, los instrumentos de protección patrimonial para personas con discapacidad también experimentaron un notable crecimiento, con 3.327 autorizaciones de patrimonios protegidos en 2025. Esta figura jurídica permite destinar bienes para satisfacer las necesidades futuras de las personas con discapacidad, reflejando un aumento en el uso de herramientas legales de apoyo familiar desde 2007.
