La propuesta de ley que busca otorgar la nacionalidad española a los nacidos en el Sáhara Occidental bajo administración española enfrenta un nuevo aplazamiento en el Congreso de los Diputados. Inicialmente, estaba previsto que la aprobación se discutiera en el Pleno extraordinario programado para el 23 de julio, pero ahora se ha pospuesto hasta después del receso estival.
Esta iniciativa, que permaneció más de un año sin avances en la Cámara Baja, fue promovida por Sumar, que desde abril ha intentado reactivarla mediante propuestas de enmiendas transaccionales dirigidas a los grupos progresistas, incluido el PSOE. Durante el mes pasado, los partidos que conforman el Gobierno de coalición lograron un consenso sobre la redacción de la ley, que fue respaldado por la ponencia el 30 de junio con el apoyo de aliados de izquierda. Junts, por su parte, decidió abstenerse, mientras que el PP y Vox votaron en contra, quedando en minoría.
El Ministerio de Justicia solicitó a la Mesa del Congreso habilitar julio para continuar con la tramitación, dado que estos meses son inhábiles para efectos parlamentarios. El siguiente paso es que la Comisión de Justicia apruebe su dictamen para luego llevarlo al Pleno y proceder al envío al Senado. Aunque Sumar pretendía que la Comisión se reuniera el 14 de julio y que la votación en el Pleno fuera el 23 de julio, finalmente, según información parlamentaria, la Comisión se postergará al día 23. Salvo que se convoque otro Pleno extraordinario a finales de agosto, la aprobación no ocurriría hasta la primera sesión ordinaria en septiembre, seguida del trámite en el Senado.
La ley pretende otorgar la nacionalidad española a los saharauis y sus descendientes que vivían en la antigua provincia española antes del 11 de agosto de 1976, una medida que se estima beneficiaría a alrededor de 50.000 personas en los campamentos de Tinduf
La acreditación de la condición de saharaui se realizaría mediante documentos como el DNI español (aunque esté caducado), certificados de censo de la ONU, certificados de nacimiento, libros de familia, documentos de escolarización, pensiones de jubilación y certificados de hospitalización. El PSOE no ha aceptado reconocer papeles emitidos por el Frente Polisario, al no estar oficialmente reconocido como una autoridad.
Además, esta ley beneficiaría a los inmigrantes saharauis residentes en España, estimados en 30.000 personas, quienes necesitarían acreditar únicamente dos años de residencia legal y continuada para solicitar la nacionalidad, alineando sus derechos con los de personas provenientes de Hispanoamérica, sefardíes y de otros antiguos territorios españoles.
La solicitud de nacionalidad no implicará coste alguno y deberá presentarse en un plazo de tres años desde la entrada en vigor de la ley, prevista para seis meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
