Sumar, Bildu, PNV, ERC, Compromís y el BNG han presentado una propuesta en el Congreso de los Diputados, solicitando al Estado que realice una declaración oficial de "alto nivel" reconociendo su "responsabilidad principal y directa" en los crímenes ocurridos durante los Sanfermines de 1978 y en los sucesos de Vitoria del 3 de marzo de 1976. Esta iniciativa, presentada por el partido minoritario del Gobierno de coalición junto con sus aliados parlamentarios, será debatida en la Comisión de Justicia del Congreso.
Los hechos de Vitoria, que conmemoraron su 50 aniversario el pasado 3 de marzo, resultaron en la muerte de cinco jóvenes y decenas de heridos por disparos indiscriminados de la Policía frente a la iglesia de San Francisco durante una asamblea de huelguistas. Además, dos personas murieron dos días después en manifestaciones de protesta en Basauri y Tarragona. Por otro lado, el 8 de julio de 1978, durante las festividades de San Fermín en Pamplona, un joven murió y once personas fueron heridas en una intervención policial. A estas víctimas se sumó otro hombre, asesinado el 11 de julio por un disparo policial en una manifestación en San Sebastián.
La propuesta busca garantizar el Derecho a la Verdad de todas las víctimas de la violencia del Estado y lograr justicia y reparación para prevenir la repetición de esos hechos
El texto de la proposición insta al Gobierno, a los ministerios de Interior y Defensa, a las delegaciones del Gobierno en Navarra y el País Vasco, así como a la Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, a tomar medidas reales y definitivas con el objetivo de abrir el camino hacia la obtención de justicia y reparación.
Los tres puntos de la proposición ya fueron respaldados por los ayuntamientos de Vitoria, Pamplona, San Sebastián y Astigarraga, en resoluciones promovidas por las asociaciones Martxoak-3 y Sanfermines-78: gogoan!.
La iniciativa subraya que las declaraciones de reconocimiento y reparación individual aprobadas por el Gobierno para 40 víctimas o familiares no son suficientes, y que es necesario abordar las responsabilidades políticas que justificaron las acciones violentas. Los firmantes enfatizan que las muertes no fueron accidentales ni errores, sino intervenciones realizadas con premeditación siguiendo órdenes de altos mandos policiales y políticos, las cuales han quedado evidenciadas en grabaciones de conversaciones entre mandos que han salido a la luz recientemente.
