La Audiencia Nacional inicia la cuarta semana del juicio por la 'Operación Kitchen', con la comparecencia de Guillermo Bárcenas, hijo del extesorero del Partido Popular (PP), y las declaraciones de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el senador del PP, Javier Arenas. El proceso aborda un supuesto operativo parapolicial del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy, orientado a sustraer documentos comprometedores a Luis Bárcenas.
Guillermo Bárcenas, junto con sus padres, Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias, actúan como acusadores particulares en un caso que levanta una intensa expectación. Su declaración está programada para el lunes en la sede de la Audiencia Nacional en Madrid. En el mismo día, Sáenz de Santamaría, que ocupaba un alto cargo en el Gobierno durante los supuestos hechos, intervendrá como testigo, al igual que Arenas, quien fue mencionado por Bárcenas en su declaración.
Durante su testimonio, Bárcenas reveló haber realizado un encargo puntual y remunerado para destruir información almacenada en la nube, vinculada con la trama Gürtel y que implicaba grabaciones con Arenas y Mariano Rajoy. También hizo referencia a una conversación sobre la contabilidad extracontable del PP con Arenas que deseaba eliminar.
El juicio sobre la 'Operación Kitchen' busca esclarecer un supuesto operativo para robar información al extesorero del PP, desplegado bajo el mandato del Gobierno de Rajoy.
El miércoles, se prevé la declaración de Manuel Morocho, inspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, quien lideró la investigación sobre la trama Gürtel. Su comparecencia, inicialmente fijada para la semana anterior, se pospuso debido a las extensas declaraciones previas de Bárcenas y su esposa. Además, entre el martes y el jueves, testificará más de una decena de agentes policiales en un proceso que se estima finalizará el 30 de junio.
En el juicio se acusa a diversas figuras prominentes, entre ellas, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, su secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, y otros altos mandos policiales como Eugenio Pino y el comisario Andrés Gómez Gordo. La Fiscalía Anticorrupción solicita penas de hasta 15 años de cárcel. También se enfrenta a cargos el comisario jubilado José Manuel Villarejo, para quien se piden 19 años de prisión, y Sergio Ríos, ex chófer de Bárcenas, con una petición de 12 años y cinco meses de cárcel.
