Varias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de generar "inseguridad jurídica" con sus medidas sobre vivienda, las cuales se someterán a votación este viernes en el Pleno del Congreso. Estas comunidades han señalado la posibilidad de presentar recursos legales si el llamado 'decreto Maricarmen' es aprobado.
Castilla y León ha sido la primera en manifestar su intención de recurrir las medidas. Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la comunidad, considera que estas normas invaden competencias autonómicas. Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León, ha declarado que están dispuestos a impugnar los decretos tras su convalidación parlamentaria debido al perjuicio que suponen para la autonomía y la seguridad jurídica.
El 'decreto Maricarmen' pretende extender hasta 2030 la protección frente a desahucios, prorrogar contratos de alquiler por dos años y limitar compras por fondos especuladores
Otro decreto, que regula la prórroga automática de alquileres e indemnización a inquilinos si los contratos se cancelan sin justificación legal, enfrenta dificultades para ser aprobado por falta de apoyo en el Congreso. Todos los ojos están puestos en Junts, cuyo voto es decisivo. A pesar de la reunión convocada por el partido a las 21:00 horas para decidir su postura, su portavoz Miriam Nogueras expresó su decepción con las medidas propuestas.
Desde Génova, se ha otorgado libertad a las comunidades para considerar acciones legales si se aprueban los decretos. Ester Muñoz y Juan Bravo, del Grupo Popular en el Congreso, han advertido de una potencial "ola de recursos" judiciales.
Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha criticado los decretos considerando que buscan un rédito electoral tras manifestaciones recientes. Moreno califica de "fracaso" la política de vivienda de Sánchez, acusando al Gobierno de "atacar a las familias" que dependen de los alquileres para sus ahorros. En Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha denunciado que los propietarios, en su mayoría residiendo en sus propias viviendas, no deberían ser tratados como "sinvergüenzas".
Marga Prohens de Baleares ha señalado que la política de responsabilizar a los propietarios por la vulnerabilidad de los inquilinos reducirá la oferta de vivienda. También Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, ha criticado que el Gobierno haya procedido sin dialogar con las comunidades, destacando que muchos de los propietarios afectados son pequeños y están desprotegidos por estas medidas.
