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Estados Unidos e Irán han alcanzado un alto el fuego temporal de dos semanas, poco antes de que expirase el ultimátum lanzado por Donald Trump, en un intento de frenar una nueva escalada militar y reabrir el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio energético mundial. Trump ha presentado el acuerdo como “un gran día para la paz mundial” y ha asegurado que Washington ayudará a “descongestionar” el paso marítimo durante ese periodo. Según informa Reuters, la tregua ha sido impulsada por la mediación del primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, y quedó vinculada a una reapertura “total, inmediata y segura” de Ormuz. Trump afirmó además que había recibido de Teherán una propuesta de diez puntos que veía como una base “viable” para seguir negociando, aunque otros medios subrayan que el acuerdo sigue sujeto a condiciones difíciles y no equivale todavía a una paz estable. El trasfondo económico explica buena parte de la urgencia. El estrecho de Ormuz canaliza una porción decisiva del petróleo y del gas que salen del Golfo, de modo que cualquier amenaza sobre esa vía dispara la tensión en los mercados. La mera noticia de la tregua alivia parte de ese nerviosismo y contribuye a rebajar la presión sobre el precio del crudo, al disminuir el temor a un bloqueo prolongado de una de las arterias energéticas más sensibles del planeta. Pese al tono triunfal de Trump, el escenario sigue siendo muy frágil. The Guardian señala que persisten desacuerdos sobre el alcance real del alto el fuego, incluida su aplicación a otros frentes como Líbano, y que incluso después del anuncio continuaron alertas y episodios de violencia en la región. Más que una solución definitiva, lo pactado aparece por ahora como una pausa de emergencia para ganar tiempo diplomático y evitar una confrontación todavía mayor.
El viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha manifestado confianza en que la reunión bilateral con el Gobierno central, prevista para este viernes, se lleve a cabo pese a la reestructuración en Moncloa. Durante una rueda de prensa sobre asuntos del Consejo de Gobierno de Canarias, Cabello ha señalado que el Ministerio de Política Territorial les ha transmitido su intención de mantener el encuentro. En la reunión, se espera abordar temas cruciales para las islas, como la gestión aeroportuaria y el Régimen Económico y Fiscal (REF). Canarias busca obtener voz y voto en las decisiones que les afectan directamente, así como discutir la gestión de los incentivos fiscales del REF y la posibilidad de prorrogar los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), especialmente en lo relacionado con políticas energéticas en el archipiélago. Cabello ha subrayado la necesidad de que Canarias reciba el mismo trato que el Estado central, en cuanto a plazos de justificación y desarrollo de proyectos que ya están en marcha y cuya ejecución implicaría unos 200 millones de euros. Además, el Ejecutivo canario espera que estas reuniones bilaterales impulsen el cumplimiento del Estatuto de Autonomía, específicamente en lo referente al artículo 161, que considera fundamental para que Canarias participe activamente en las decisiones sobre política aeroportuaria. El portavoz ha advertido que, actualmente, las prioridades en los aeropuertos canarios se establecen en el Consejo de Administración de Aena, donde Canarias no tiene representación. Esta reivindicación surge después de que el Lehendakari vasco, Imanol Pradales, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acordaran crear un órgano bilateral Euskadi-Estado para la gestión de los aeropuertos vascos. El Gobierno de Canarias busca obtener voz y voto en decisiones aeroportuarias, emulando acuerdos bilaterales similares al del País Vasco.
A menos de dos meses de que entre en vigor la Directiva (UE) 2023/970 sobre transparencia salarial, las empresas en España se preparan para cumplir con un marco legal que exige mayores obligaciones en cuanto a igualdad retributiva. Esta normativa, aplicable desde el 7 de junio de 2026, obliga a las organizaciones a hacer públicos los salarios en las ofertas de trabajo, informar sobre la brecha de género y corregir diferencias salariales injustificadas. La Unión Europea ha establecido un paso firme hacia la transparencia en los procesos de selección. Desde todas las ofertas de empleo deberá indicarse el salario o una banda salarial concreta, prohibiéndose preguntar a los candidatos sobre su historial salarial previo. Asimismo, los empleados podrán solicitar información sobre su nivel retributivo y los niveles salariales desglosados por género. Las empresas con más de 250 empleados deberán publicar informes anuales sobre la brecha salarial, mientras que aquellas con una plantilla de entre 100 y 249 trabajadores tendrán la obligación de hacerlo cada tres años. En caso de que estos informes revelen una diferencia salarial del 5 % o más sin justificación objetiva, será obligatorio implementar medidas correctivas. Las organizaciones deben prepararse para un marco normativo que avanza hacia una mayor transparencia e igualdad en el ámbito laboral de la Unión Europea A pesar de que la Directiva no establece multas específicas, cada Estado miembro definirá su régimen sancionador y se impone la obligación de indemnizar al trabajador afectado. Además, las empresas tendrán que demostrar que las diferencias salariales están justificadas, invirtiendo así la carga de la prueba. Desde la empresa Bizneo HR, se advierte del error de confundir las fechas de implementación con las de preparación. Para el primer ciclo de informes en 2028, será crucial que las empresas ya hayan recopilado y segmentado los datos salariales desde…
El Tribunal Supremo ha comenzado el juicio al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, acusados de presuntas irregularidades en contratos de mascarillas durante la pandemia. Ábalos y García, en prisión provisional desde noviembre, fueron trasladados desde Soto del Real, mientras que Aldama, en libertad, llegó al tribunal acompañado de su abogado. El juicio, que se extenderá durante trece días a lo largo de cuatro semanas, contará con la declaración de los acusados al final, prevista para el 28 de abril. En la primera jornada, se espera la comparecencia de varios testigos, entre ellos familiares y socios de los acusados, así como una expareja de Ábalos. El Ministerio Público acusa a Ábalos, García y Aldama de haber creado una organización para aprovecharse del cargo ministerial y obtener beneficios económicos mediante contratos con la administración La Fiscalía Anticorrupción, representada por Alejandro Luzón, sostiene que los acusados se unieron para fomentar la contratación con empresas cuyas propuestas sería impulsadas por Aldama, con el fin de enriquecerse ilícitamente. La acusación resalta que la estructura delictiva se mantuvo activa incluso después de la salida de Ábalos y García del ministerio en 2021. La Fiscalía pide 24 años de cárcel para Ábalos, 19 años y medio para García y 7 años para Aldama, además de multas millonarias. Las acusaciones populares, lideradas por el Partido Popular, solicitan penas de hasta 30 años para Ábalos y García. Según la Fiscalía, cada acusado desempeñó roles específicos en la organización. Ábalos era considerado el jefe por sus coacusados, aportando su influencia como ministro. García, por su parte, funcionaba como el alter ego de Ábalos, gestionando tanto asuntos personales como profesionales. Aldama, debido a su interlocución privilegiada con el exministro, habría facilitado la obtención de contratos durante la pandemia. El tribunal, que incluye…
El Senado, donde el Partido Popular (PP) ostenta la mayoría absoluta, aprobará este miércoles la creación de una comisión de investigación para examinar la gestión "directiva, financiera y patrimonial" de Radiotelevisión Española (RTVE). Alicia García, portavoz del PP, indicó en rueda de prensa que esta iniciativa busca "rescatar y regenerar" el servicio público. No obstante, la investigación no comenzará hasta que se constituya formalmente y se establezca su plan de trabajo. Además, el PP ha señalado al presidente de RTVE, José Pablo López, como responsable de "la ocultación y minimización" de informaciones sobre supuestos casos de corrupción relacionados con el entorno del jefe del Ejecutivo. La comisión contará con expertos y podría incluir la comparecencia de profesionales del ámbito periodístico. El PP planea una nueva investigación en el Senado, agregando a la ya larga lista de comisiones impulsadas en años recientes Esta iniciativa se suma a otras seis comisiones impulsadas anteriormente por el PP en el Senado, aprovechando su mayoría. Entre las comisiones se encuentran investigaciones sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), la interrupción del suministro eléctrico durante el apagón del 28 de abril de 2025, y la catástrofe por la dana de octubre de 2024. Destaca también la comisión sobre el 'caso Koldo', que lleva dos años en curso, con más de un centenar de comparecientes, y ha incluido a políticos como el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Por su parte, RTVE ha emitido un comunicado manifestando su preocupación, pues considera que la investigación podría ser un "intento de tutela" sobre los medios. RTVE advirtió que esta iniciativa no se alinea con las exigencias de independencia de los medios públicos recogidas en el Reglamento Europeo 2024/1083, que prohíbe la interferencia en las políticas editoriales de los medios…
En el Día Mundial de la Salud, expertos han lanzado una alerta sobre la resistencia bacteriana, destacándola como una de las mayores amenazas para la salud global en el siglo XXI. La necesidad de descubrir nuevos antibióticos se presenta como urgente para enfrentar esta situación, frecuentemente denominada como “pandemia silenciosa”. Según Domingo Gargallo-Viola, director de Funditec Research Health, las cifras oficiales sobre muertes por resistencia a los antibióticos están subestimadas. Informes indican 24.000 muertes anuales, pero las estimaciones de expertos apuntan a que las cifras reales podrían llegar hasta 65 muertes diarias. Las proyecciones indican que, sin medidas urgentes, las muertes anuales en España podrían aumentar drásticamente, alcanzando las 40.000 para 2050. A nivel global, el impacto de la resistencia a los antibióticos es devastador, con aproximadamente 1,3 millones de muertes directas y 4,5 millones indirectas cada año. Gargallo-Viola subraya que cada seis segundos, una vida se pierde debido a esta resistencia. Desde Funditec Research Health, se advierte que la falta de inversión en innovación y el uso inadecuado de antibióticos son las causas principales de este problema. En los últimos 50 años, no se han descubierto nuevas clases de antibióticos, lo que, según Gargallo-Viola, podría llevar a la pérdida de entre 60 y 80 millones de vidas humanas entre 2026 y 2050 sin intervenciones efectivas. El experto solicita un esfuerzo conjunto de investigación e innovación tanto público como privado para desarrollar nuevas clases de antibióticos. España, aunque bien posicionada en salud pública, no lidera en innovación farmacéutica, según Gargallo-Viola. Subraya la necesidad de ampliar los recursos dedicados a la investigación internacional en este campo, especialmente ante el desinterés de las empresas farmacéuticas debido a la baja rentabilidad del mercado de antibióticos. Funditec enfatiza la importancia de los modelos colaborativos público-privados, con el involucramiento de gobiernos, la Organización Mundial de…
El Tribunal Supremo ha ampliado al ámbito de los préstamos personales el criterio establecido hace tres años para las tarjetas 'revolving', determinando que un tipo de interés se considera usurario cuando supera en seis puntos porcentuales al tipo medio del mercado. En una sentencia reciente, el Supremo ha reafirmado su jurisprudencia de 2023, señalando que un interés que exceda en seis puntos la media del mercado es "altamente superior". El tribunal ha subrayado que este criterio puede aplicarse al valorar si un interés convenido es notablemente superior al tipo medio del mercado al momento de pactar el crédito, aunque el caso original analizara tarjetas 'revolving'. Esta extensión de criterio surge de un caso en el que un cliente contrató un préstamo personal con una TAE del 16,61%, mientras que el tipo medio de mercado era del 8,10% en ese momento. El Supremo considera usurario un interés que supere en seis puntos porcentuales el tipo medio del mercado. Además, el Supremo ha descartado cualquier justificación de esta desproporción. "Esa valoración de la desproporción tiene en cuenta la propia desproporción, que en este caso es bastante superior a los seis puntos, ascendiendo al 8,51%. Una desproporción tan significativa difícilmente puede justificarse, siendo insuficiente que el destino del préstamo fuese 'unificar créditos' anteriores", concluye la sentencia.
La portavoz del Partido Popular (PP) en el Senado, Alicia García, ha dado a conocer este martes que su partido aprobará próximamente en la Cámara Alta un nuevo enfrentamiento institucional contra el Gobierno y el Congreso. Este conflicto surge a raíz del veto del Ejecutivo a la tramitación de la ley contra la multirreincidencia, una normativa que buscaba limitar el proceso actual de regularización de inmigrantes mediante un refuerzo en el control de los antecedentes penales. Alicia García se expresó en estos términos durante una rueda de prensa celebrada en el Senado, donde criticó la negativa del Gobierno a aceptar la enmienda del PP relativa a la ley de multirreincidencia. Según García, tras estudiar varias opciones en semanas anteriores, la letrada mayor del Senado ha considerado que esta acción del Ejecutivo es inconstitucional, por lo que el PP llevará el asunto al próximo Pleno. El procedimiento de choque institucional requiere que el PP registre su solicitud en el Senado, donde será sometida a votación en una sesión plenaria. Dado que el PP ostenta la mayoría absoluta en esta cámara, es previsible que el Senado adopte la posición del partido y remita el conflicto al Gobierno y al Congreso. El Gobierno y el Congreso dispondrían de un mes para responder al planteamiento del conflicto de atribuciones, aunque también podrían optar por no contestar y dar por cerrado el asunto. En caso de respuesta negativa o de ausencia de respuesta, el Senado deberá decidir si eleva el caso al Tribunal Constitucional o si prefiere no continuar con el proceso.
La Fiscalía ha rechazado la solicitud de suspensión del juicio de la 'Operación Kitchen', petición formulada por las defensas de los acusados. Según el Ministerio Público, la Audiencia Nacional es competente para juzgar los hechos ocurridos y no se ha generado ninguna situación de indefensión debido a la extensión del secreto de sumario. En contra de la solicitud realizada por el PSOE, que actúa como acusación particular, la Fiscalía ha desestimado investigar a la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y a su esposo, Ignacio López del Hierro. Argumentan que el proceso judicial solo puede afectar a quienes se les abrió juicio oral. El juicio relacionado con la 'Operación Kitchen' se ha reanudado en la Audiencia Nacional, un presunto operativo dirigido por la cúpula del Ministerio del Interior durante el gobierno de Mariano Rajoy, que buscaba obtener información sensible del extesorero del PP, Luis Bárcenas. Entre los acusados se encuentran el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y el comisario jubilado, José Manuel Villarejo, entre otros. La Fiscalía sostiene que no se ha causado "ningún perjuicio real y efectivo" al derecho de defensa de los acusados en el juicio de la 'Operación Kitchen'. Durante la primera sesión, las defensas instaron a la anulación del juicio alegando supuestos defectos en la instrucción, como la competencia del tribunal, la "injustificada" prórroga del secreto de sumario y la falta de relación entre la causa 'Kitchen' y el 'caso Tándem', relacionado con Villarejo. También ya habían solicitado la anulación de pruebas clave, como los audios grabados por Villarejo, al considerar que se obtuvieron de manera ilícita y su autenticidad no ha sido demostrada. En la sesión del martes, el Ministerio Fiscal ratificó que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional es competente…
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) estudia presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional si no prospera el escrito de reconsideración registrado este martes para detener la comisión de investigación propuesta por el Partido Popular (PP) en la Cámara Alta sobre la gestión de Radiotelevisión Española (RTVE). Los socialistas consideran que dicha comisión es ilegal y busca amordazar al periodismo libre. Alfonso Gil Invernón, portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Senado y secretario general del PSOE vasco, anunció la presentación del escrito durante una rueda de prensa en el Senado. Según Gil Invernón, la comisión vulnera principios fundamentales del Reglamento 2024/1083 del Parlamento Europeo y del Consejo, el cual impide la tutela de los profesionales de medios de comunicación, especialmente en el caso de entes públicos como RTVE. No vamos a parar ante este ataque claro a la libertad de prensa y a la libertad de pensamiento, afirmó. Gil Invernón defendió la gestión de José Pablo López, director de RTVE, a la que calificó como incuestionable, y criticó que el PP haya presentado siete comisiones de investigación sobre la corporación en los últimos dos años y medio, mientras que durante los tres ciclos legislativos previos solo hubo una. Destacó el superávit de 55 millones de euros alcanzados por RTVE el año pasado, lo que considera evidencia de una excelente gestión del actual presidente y del equipo. También subrayó el aumento de la audiencia y la pluralidad en la programación de la corporación. Gil Invernón denunció que el intento del PP busca influir en la línea editorial del ente público, lo cual considera antidemocrático. El portavoz socialista resaltó que ya existe una comisión mixta que analiza la gestión y el control de RTVE, de la cual él es vicepresidente segundo, afirmando que lo democrático es ir a esa comisión que…