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Estados Unidos ha dado un paso significativo en su política hacia Cuba al permitir la reventa de petróleo venezolano a la isla. Según una guía publicada por el Departamento del Tesoro de EE.UU., las compañías estarán autorizadas a redistribuir el crudo venezolano siempre que estas acciones beneficien directamente «al pueblo» cubano. Esta medida refleja el compromiso de EE.UU. con el pueblo cubano y busca aliviar parte de la escasez que la isla enfrenta actualmente. El Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ha dejado claro que adoptará una política favorable respecto a las licencias para revender petróleo con el propósito de uso en Cuba. No obstante, las transacciones deberán apoyar al pueblo cubano, incluyendo al sector privado, y estarán excluidas aquellas que involucren o beneficien a personas vinculadas con el Ejército o instituciones gubernamentales cubanas. De acuerdo con el apoyo y la solidaridad de Estados Unidos hacia el pueblo cubano, la OFAC aplicaría una política de concesión de licencias favorable El Tesoro también especificó que no será necesario contar con una entidad establecida en Estados Unidos para acogerse a esta política. Además, se mencionó que las restricciones de la licencia emitida el pasado 10 de febrero por la OFAC, que autorizaba «ciertas actividades» relacionadas con el crudo venezolano, no serán aplicables a Cuba. Esta decisión llega en un momento crítico, ya que Cuba enfrenta una aguda escasez desde que la Administración Trump adquirió control sobre la comercialización del petróleo venezolano, una medida que se intensificó tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro. La medida también debe ser contextualizada dentro del ámbito más amplio de las tensiones entre EE.UU. y Cuba, donde se han amenazado con aranceles a países que suministren petróleo a la isla. Estas nuevas políticas podrían aliviar parcialmente la situación cubana y…
El Congreso de los Diputados se prepara para una votación crucial este jueves sobre la derogación o convalidación del decreto ley que extiende el conocido ‘escudo social’, el cual incluye una moratoria antidesahucios. Sin embargo, el Partido Popular (PP), Vox y Junts han manifestado su intención de votar en contra, luego de que el texto fuera rechazado previamente en la Cámara Baja. Este decreto no solo contempla medidas para evitar desalojos, sino que también prohíbe el corte de suministros a personas vulnerables. Desde su aprobación en el Consejo de Ministros, está en vigor pero requiere la aprobación del Congreso en un plazo de treinta días para ser convalidado o derogado definitivamente. Decisión política dividida en el Congreso Originalmente, la prórroga del escudo social fue parte de un decreto que también abarcaba la revalorización de las pensiones, pero fue rechazado con los votos del PP, Vox, Junts y UPN. Estos grupos defendieron que, aunque apoyaban el aumento de las pensiones, no estaban de acuerdo con la moratoria antidesahucios ni con la prohibición de cortes de suministros básicos para los vulnerables. Debido a esto, el Gobierno optó por desagregar el decreto en dos textos separados para facilitar la votación. Además, el Ejecutivo incluyó una modificación, a solicitud del PNV, en el decreto del escudo social, para que la prohibición de desahuciar no afecte a propietarios individuales con una sola vivienda en alquiler No obstante, PP, Vox y Junts mantienen su postura en contra. La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, reiteró su voto negativo afirmando que el decreto favorece «ocupaciones» al complicar los desalojos en situaciones de vulnerabilidad económica. Desde el Gobierno, sin embargo, consideran que Junts está utilizando pretextos para justificar su oposición. El Pleno también abordará decretos relacionados con ayudas a las víctimas de accidentes ferroviarios ocurridos en Adamuz (Córdoba) y…
El Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid contra varios artículos de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, que garantiza el derecho a la vivienda. Este fallo, que representa la cuarta intervención del Tribunal sobre la constitucionalidad de esta normativa, reconoce la competencia del Estado para regular aspectos esenciales de la ley, destacando su capacidad para definir la vivienda como un derecho subjetivo y determinar quiénes son sus beneficiarios. El Tribunal avala que el Estado, dentro de sus competencias, puede extender los derechos relacionados con la vivienda a ciudadanos extranjeros. Esto se alinea con sus funciones para regular el estatuto jurídico de los extranjeros y asegurar la igualdad de condiciones, basándose en el reconocimiento constitucional de la igualdad entre españoles. La sentencia, elaborada por el magistrado Ramón Sáez Valcárcel, reitera que las normas estatales tienen sustento en el artículo 149.1.1ª de la Constitución Española, que garantiza la igualdad en el ejercicio de derechos constitucionales. El legislador estatal actúa en legítimo ejercicio de sus competencias, al extender la titularidad del derecho de «todos los españoles» a «todos los ciudadanos» Por otro lado, el recurso del Gobierno de Madrid se centraba en la posible invasión de competencias exclusivas autonómicas sobre vivienda y urbanismo, defendidas en el artículo 26.1.4 del Estatuto de Autonomía. No obstante, el Tribunal ha ratificado que el precepto estatal impugnado es constitucional, ya que establece de manera clara el derecho de todos los ciudadanos a una vivienda digna, independientemente del régimen legal de tenencia. La sentencia también consideró la pérdida de objeto de varias impugnaciones debido a su previa declaración como inconstitucionales en sentencias anteriores. Además, desestima otras, remitiéndose a decisiones contenidas en las tres resoluciones previas sobre la Ley 12/2023. Es importante señalar que cinco…
En un clima de tensión política, el Conseller de Hacienda e Innovación del Govern Balear, Antoni Costa, ha lanzado duras críticas contra el Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero. Costa manifestó su inconformidad a través de su cuenta en la red social «X», donde reprochó que el Ministerio pretenda aprobar la reforma de la financiación autonómica sin haber negociado adecuadamente con las comunidades. Costa expresó que se ha incumplido el compromiso de negociar la reforma del sistema de financiación. «Se comprometió a negociar la reforma del sistema de financiación y no solo no ha negociado nada, sino que ni ha enviado la información para simular el impacto», señaló Costa. Además, calificó de «vergonzoso el menosprecio a los ciudadanos de Baleares». El rechazo a esta iniciativa no solo se limita a regiones gobernadas por el PP. Parte de la oposición también proviene de dirigentes socialistas en desacuerdo por haberse negociado previamente con ERC, lo que culminó en lo que ya algunos llaman la reforma Junqueras. Jesús Gascón, secretario de Estado de Hacienda, ha adelantado que para el próximo mes el Gobierno planea reunir a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). El propósito es avanzar en la aprobación del texto de la reforma de financiación autonómica, una iniciativa que podría modificar profundamente la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas. El Gobierno espera contar con apoyo de la Cámara para que el nuevo modelo pueda entrar en vigor en 2027 En una etapa posterior, una vez examinada en audiencia pública, el nuevo proyecto se presentará nuevamente al Consejo de Ministros antes de ser remitido al Congreso de los Diputados. El debate político se intensifica a medida que las comunidades autónomas se preparan para una serie de reuniones técnicas con el Ministerio de Hacienda…
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha planteado una propuesta significativa: extender a nivel nacional la limitación de las compras de vivienda con fines especulativos, idea que los Comuns han logrado negociar con el Govern de la Generalitat para los Presupuestos de 2026. Este anuncio se realizó durante un acto organizado por los Comuns sobre la protección de la infancia, donde también estuvieron presentes Jéssica Albiach, presidenta de los Comuns en el Parlament, y Gemma Tarafa, líder de BComú en el Ayuntamiento de Barcelona. Bustinduy ha destacado la iniciativa de los Comuns, señalando que, como de costumbre, están «abriendo camino, siendo referente», y que espera que esta medida «se extienda al resto del Estado». Ha enfatizado que la vivienda es el principal factor de pobreza y exclusión social en España. Según el ministro, seguir el ejemplo de Cataluña en la prohibición y restricción de compras especulativas por parte de los grandes tenedores es crucial para neutralizar la lógica especulativa del mercado inmobiliario. Durante la intervención, el ministro también se refirió a la propuesta de Sumar en el Gobierno sobre la prórroga de contratos de alquiler firmados durante la pandemia, los cuales caducarán próximamente. Bustinduy advirtió que en las regiones donde no se aplica la ley de vivienda, esto significará el fin de «cientos de miles» de contratos. "Esto choca contra un entramado de intereses que son los que rigen el mercado inmobiliario", lamentó, mostrando su frustración ante la falta de acción de su socio de Gobierno hasta ahora. El ministro Bustinduy consideró esta propuesta una medida mínima y paliativa, pero crucial, y aseguró contundentemente: "Desde luego, no vamos a renunciar hasta que lo consigamos". Su declaración deja claro que el objetivo es persistir en la lucha por regular un mercado que, a su juicio, perpetúa…
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha manifestado su satisfacción tras la decisión del Tribunal Constitucional de respaldar por cuarta ocasión la Ley de Vivienda. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, destacó en la red social ‘X’ la reiterada validación de la ley por parte de la Justicia. El Pleno del Tribunal Constitucional desestimó el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Esta oposición se dirigía a varios artículos de la Ley 12/2023, del 24 de mayo, enfocada en el derecho a la vivienda. La corte consideró que el Estado tiene facultades para establecer regulaciones en asuntos básicos relacionados con este derecho. El Estado puede definir la vivienda como derecho subjetivo y quiénes son sus titulares La resolución incluyó cinco votos particulares discordantes, y añadió que el Estado está capacitado para extender el derecho a la vivienda a ciudadanos extranjeros, en concordancia con sus competencias para establecer las condiciones de igualdad y la regulación del estatuto jurídico de los extranjeros. Fuentes cercanas a Isabel Rodríguez han subrayado que esta reciente decisión respalda el «rigor jurídico» de la ley, que busca proteger la función social de la vivienda y combatir la especulación en el mercado inmobiliario. El Ministerio urge a las comunidades autónomas a abandonar intentos de obstaculizar la ley y a utilizar las herramientas disponibles para implementar soluciones eficientes. A ver si ahora Ayuso, Moreno y compañía dejan de boicotear una ley que funciona En un mensaje claro, la ministra Rodríguez criticó a ciertos líderes autonómicos, instándolos a ceñirse a las normativas que persiguen el bien común en materia de vivienda, dejando de lado intereses particulares para el beneficio de todos los ciudadanos.
El Congreso de los Diputados se prepara para un intenso debate este martes, 24 de febrero, sobre una proposición de ley presentada por el grupo Sumar. El objetivo de esta iniciativa es evitar los despidos colectivos en aquellas empresas que decidan trasladar su actividad fuera de la Unión Europea (UE) o del Espacio Económico Europeo. Este debate representa un primer paso crucial, ya que el Congreso solo decidirá si el texto será admitido para su tramitación parlamentaria. En caso de ser aceptada, la propuesta pasará por un proceso de enmiendas y discusiones que podrías extenderse por varios meses antes de llegar al Boletín Oficial del Estado (BOE) para su aprobación definitiva. Impacto en el empleo y desafíos de la deslocalización La propuesta de Sumar ha cobrado especial relevancia a raíz de casos como el de la planta de Sekurit, en la localidad asturiana de Avilés, donde la multinacional francesa Saint Gobain se encuentra inmersa en un procedimiento de despido colectivo. La formación política sostiene que dichas prácticas culminan procesos en los que se ha trasladado significativas partes de la producción a fuera de las fronteras europeas. Además, Sumar apunta que grandes empresas textiles, como Zara o H&M, han llevado a cabo prácticas similares que han afectado los derechos laborales al desplazar su producción hacia países donde no siempre se aseguran condiciones laborales justas. Las deslocalizaciones empresariales tienen como efectos directos en nuestro país la desinversión y el cierre de centros productivos, con la consiguiente reducción del tejido económico y destrucción de puestos de trabajo Para mitigar estos efectos negativos, Sumar propone una legislación que brinde protección a los derechos de los trabajadores en procesos de deslocalización. Esta incluye reformas al Estatuto de los Trabajadores que impedirían despidos colectivos bajo ciertas condiciones relacionadas con la deslocalización fuera de la UE. Medidas…
La Audiencia Provincial de Madrid se prepara para juzgar este miércoles a una ex trabajadora del BBVA, acusada de orquestar un fraude macizo en la gestión de operaciones de factoring internacional entre 2015 y 2017. Este supuesto acto ilícito habría costado al banco la astronómica cifra de 44 millones de euros. El Ministerio Fiscal está buscando una condena de siete años de prisión para la acusada, alegando delitos de administración desleal y falsedad continuada en documentos mercantiles. Además, solicita que la acusada indemnice al BBVA con un total de 44.260.702,34 euros. Según el escrito de acusación, la trabajadora habría ignorado los procedimientos internos del banco, gestionando la mayoría de las operaciones sin las coberturas obligatorias de corresponsales internacionales. La acusación destaca que la trabajadora ejecutó el 90% de estas operaciones de factoring sin las garantías necesarias, exponiendo al banco potencialmente al riesgo de impago. Esta situación fue supuestamente ocultada al banco, ya que en los documentos se mencionaba que las coberturas sí estaban en vigor. El proceso judicial también señala la manipulación por parte de la acusada de las comisiones que debían abonarse a los corresponsales extranjeros. Estas comisiones fueron aumentadas hasta en un 50%, siendo desviadas a cuentas que la trabajadora controlaba, donde llegó a acumular más de 22 millones de euros. Parte de este dinero se utilizó para cubrir pérdidas de operaciones sin cobertura. Adicionalmente, se afirma que con esos fondos la acusada organizó pagos a clientes del banco para reducir deudas de operaciones no garantizadas, superando los cuatro millones de euros en más de 200 transacciones durante el citado periodo de 2015 a 2017. Entre las empresas beneficiadas se encuentran firmas de los sectores textil, industrial y agroalimentario. La Fiscalía sostiene que la actuación de la acusada eliminó el mecanismo de protección de corresponsales y alteró el…
El Parlament catalán celebrará esta semana un pleno decisivo en el que se abordarán temas clave como el incremento del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos y la proposición de ley sobre la singularidad del Aran. La sesión, que se desarrollará entre el martes y el jueves, comenzará con las interpelaciones al Govern y culminará con el primer control al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, tras su reincorporación después de una baja médica. Propuestas de incrementos en la tasa turística Uno de los puntos más relevantes del pleno será el debate sobre la subida de la tasa turística, una medida que ha sido tramitada anteriormente como proyecto de ley después de ser convalidada en un decreto ley por el Parlament en mayo de 2025. Si se aprueba el proyecto de ley, la tasa que la Generalitat aplica en Barcelona podría duplicarse, alcanzando un máximo de 7 euros por noche en establecimientos de lujo a partir del 1 de abril. Para el resto de Catalunya, el incremento será progresivo, empezando con una tarifa máxima de 4,5 euros por noche desde el 1 de abril hasta el 31 de marzo de 2027, para luego subir a 6 euros. El 25% de la recaudación de esta tasa se destinará a políticas de vivienda, mientras que el 75% restante se dirigirá al Fondo para el Fomento del Turismo Además, se permitirá al Ayuntamiento de Barcelona incrementar de 4 a 8 euros el recargo máximo de esta tasa a nivel municipal, y se dará la opción a otros ayuntamientos de aplicar un recargo propio de hasta 4 euros. Esta normativa permite a las localidades establecer importes diferentes en función de la zona y la época del año. Debates sobre otras leyes y propuestas El miércoles también se discutirá la proposición de ley sobre…
Podemos ha encendido el debate en el Congreso con una preocupante propuesta sobre el consumo excesivo de carne en España. La formación política alerta que el consumo actual ha llegado a niveles «totalmente insostenibles» y ha solicitado a los supermercados que desarrollen políticas para impulsar productos basados en proteína vegetal. La propuesta se debatirá en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. El partido ha manifestado que en España el consumo de carne se sitúa entre 50 y 100 kilos por persona al año, mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un consumo cercano a los 21 kilos. Para abordar este desvío, Podemos propone metas específicas que se extienden hasta el año 2030. Además, la formación ha subrayado que la soja es una materia prima crítica para la ganadería intensiva en España. La importación de esta soja, que mayoritariamente proviene de regiones brasileñas de la Amazonia y el Cerrado, genera un alto riesgo de deforestación. Podemos insta al Gobierno a promover un acuerdo estatal en la lucha contra la deforestación importada Podemos también ha señalado la falta de «políticas robustas y planes de acción sólidos» en los siete principales supermercados de España: Carrefour, Mercadona, Alcampo, Lidl Supermercados, El Corte Inglés, Dia y Aldi. Según la formación, estas cadenas no están tomando medidas suficientes para abordar la deforestación ligada a sus cadenas de aprovisionamiento de soja, ya sea directa o indirectamente a través de la carne que comercializan. Como solución, Podemos insta a las cadenas de supermercados y a la industria cárnica a adoptar diferentes medidas. Entre ellas, promover productos de proteína vegetal y cesar el abastecimiento de soja por actores que contribuyan a la deforestación, estableciendo además una fecha límite de deforestación para 2020.