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El Partido Popular ha señalado al Gobierno, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a Red Eléctrica de España (REE) y su matriz Redeia como los responsables del apagón eléctrico del 28 de abril de 2025. Además, han destacado una responsabilidad institucional relevante de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por su falta de regulación y supervisión. La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, declaró en rueda de prensa que las responsables políticas son Sara Aagesen y Beatriz Corredor, acusándolas de no actuar a tiempo a pesar de las alertas. García exigió sus dimisiones, así como un replanteamiento de las políticas energéticas actuales. El Partido Popular considera que el apagón del 28 de abril fue el resultado de una fragilidad estructural conocida de antemano La Comisión del Senado sobre el apagón celebrará su última reunión para aprobar las conclusiones que se presentarán en el Pleno. Alicia García avanzó que el PP considerará acciones judiciales, aunque primero esperarán la finalización del informe. En el dictamen, el PP sostiene que el sistema llegó al 28 de abril con márgenes insuficientes y una inestabilidad previa. Documentos de REE sugieren falta de recursos y problemas relacionados con la generación solar. También se mencionan incidencias específicas ocurridas en abril como indicios claros de un problema estructural. El PP niega que REE hubiera desplegado medidas preventivas adecuadas, lo que, junto al papel pasivo del Gobierno y las fallas regulatorias de la CNMC, se tradujo en el apagón. Instan a revisar el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para priorizar la seguridad del suministro energético. Además, el informe recomienda reforzar el control de tensión y los protocolos de respuesta, así como asegurar una red eléctrica con suficientes recursos para mantener estabilidad. Sugiere una actualización…
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado duras críticas contra el Gobierno de Pedro Sánchez, acusándolo de no proporcionar información al Congreso sobre el número de inmigrantes que serán regularizados tras la aprobación de un real decreto por parte del Consejo de Ministros. Según Feijóo, esta medida se está adoptando "en contra" del Parlamento y de "la voluntad popular". Feijóo ha calificado de "disparate" la decisión de regularizar de manera masiva a personas, incluyendo a aquellas con antecedentes policiales o que hayan cometido abusos. "Se está yendo contra la legislación europea, contra los acuerdos del Congreso de los Diputados, sin ningún tipo de información y por real decreto", afirmó durante sus declaraciones en el Congreso. En la sesión de control, los diputados del PP Sofía Acedo y Sergio Sayas cuestionaron a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, sobre el número de inmigrantes que se pretende regularizar. Acedo señaló que, según la Policía, podría haber alrededor de 1,3 millones de inmigrantes irregulares en el país. Feijóo ha subrayado que el Ejecutivo no solo ha aprobado un real decreto en contra de lo votado en el Congreso, sino que además se niega a proporcionar cifras sobre inmigrantes irregulares con derechos en España. El líder popular ha enfatizado que la regularización debe hacerse de manera "individualizada" y ha criticado que el Gobierno permita la residencia de inmigrantes con antecedentes delictivos. Feijóo ha manifestado que los inmigrantes deben venir a "aportar y a cumplir las leyes", sin antecedentes penales, y considera que la actual política migratoria fomenta un "efecto llamada" que beneficia a las mafias. Feijóo alertó sobre el peligro de que España se convierta en "la puerta de entrada de la ilegalidad" tanto para el país como para toda la Unión Europea. En su opinión, el…
Los partidos del Gobierno, PSOE y Sumar, junto con sus aliados de Junts, ERC, PNV, EH Bildu, Podemos y BNG, han rechazado en el Congreso una propuesta presentada por el PP. La iniciativa buscaba establecer, de manera provisional y excepcional, un puente aéreo entre Madrid y Málaga con un precio fijo, a fin de ofrecer una alternativa viable y asequible ante la interrupción parcial de la línea de alta velocidad en la provincia andaluza. Esta propuesta, parte de una moción presentada por el partido de Alberto Núñez Feijóo, se dirigía al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y será sometida a votación en la próxima sesión plenaria. La propuesta del PP fue respaldada por Vox y UPN, mientras que la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, optó por la abstención. El resto del hemiciclo se pronunció en contra. A pesar del rechazo a esta propuesta, el PP logró que se aprobara una solicitud para revisar el mapa ferroviario de Andalucía de manera "solvente y rigurosa", con el objetivo de renovar los servicios e infraestructuras ferroviarias de Cercanías y Media Distancia en la región. Se pide una revisión del sistema ferroviario andaluz para mejorar la conectividad y corregir los déficits actuales. En concreto, dicha revisión busca reforzar corredores como la línea 76 Cádiz-Sevilla-Córdoba-Jaén, mejorar la oferta ferroviaria en provincias afectadas como Málaga y Sevilla, y garantizar una adecuada vertebración territorial de la comunidad. Además, el Congreso instó al Ejecutivo a restablecer los criterios de puntualidad y devoluciones de Renfe previos a julio de 2024, que incluyen indemnizaciones por retrasos de 15 y 30 minutos. La Cámara también ha respaldado propuestas como la eliminación provisional o bonificación temporal del peaje en la Costa del Sol y Las Pedrizas, mientras persistan las interrupciones en la conexión ferroviaria con Málaga. Asimismo, se…
Un estudio respaldado por la Universidad de Extremadura y el Servicio de Aparato Digestivo del Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres revela prometedores avances en el tratamiento del Síndrome de Intestino Irritable (SII) mediante la combinación de probióticos y extracto de granada. Este estudio, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, sugiere que los probióticos Bifidobacterium y Lactobacillus, junto con extractos de granada altos en punicalagina, pueden mejorar síntomas digestivos, dolor abdominal y estado emocional en pacientes con SII. El estudio, presentado en la Sociedad Española de Patología Digestiva, incluyó a 21 pacientes en un ensayo prospectivo, aleatorizado y doble ciego. Los participantes, con una media de edad de 47,5 años, fueron divididos en un grupo tratado con probióticos y extracto de granada fresca y un grupo placebo. Los resultados mostraron una mejora significativa en la consistencia de las heces y una reducción del dolor abdominal, así como de los niveles de ansiedad. Se destaca que los análisis de sangre de los pacientes indicaron cambios favorables en parámetros lipídicos, marcadores hepáticos y capacidad antioxidante. Los investigadores proponen que los probióticos pueden transformar la punicalagina en compuestos bioactivos con efectos beneficiosos en el eje cerebro-intestinal, el cual conecta el sistema digestivo con el sistema nervioso central. La suplementación con probióticos y extracto de granada podría ofrecer una nueva vía para mejorar la calidad de vida de los pacientes con intestino irritable. El Dr. Mario Estévez, catedrático y uno de los autores del estudio, explica que el SII fue escogido debido a su alta prevalencia y el impacto sobre la calidad de vida de los afectados. Aunque no compromete la vida del paciente, genera una carga significativa de síntomas y preocupaciones, lo que subraya la necesidad de tratamientos eficaces. El extracto de granada utilizado es rico en punicalagina, un polifenol conocido por…
El Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública ha publicado una resolución en el Boletín Oficial del Estado que establece la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales para el personal de la Administración General del Estado (AGE) y sus organismos autónomos. La resolución, que entrará en vigor mañana, concede un plazo de un mes para que las entidades ajusten sus calendarios y sistemas de control horario necesarios para adoptar dicho cambio desde las anteriores 37,5 horas semanales. Este ajuste beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y se deriva de un acuerdo firmado el pasado marzo entre el Ministerio y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF. En este acuerdo, el Gobierno se comprometió a implementar de manera ágil la jornada de 35 horas semanales, equivalentes a 1.533 horas anuales, para la AGE. El Gobierno garantiza que la implantación de esta medida se llevará a cabo asegurando la prestación adecuada y continua de los servicios públicos. Las nuevas instrucciones afectan a todos los empleados de la AGE, incluyendo entidades gestoras, servicios comunes de la Seguridad Social, organismos autónomos, agencias y entidades vinculadas o dependientes. Sin embargo, la adaptación a las 35 horas para personal en instituciones penitenciarias, establecimientos sanitarios, centros docentes, o empleados cuya función lo requiera, deberá ajustarse a sus regulaciones específicas y notificarse a la Secretaría de Estado de Función Pública. La medida no se aplicará al personal militar ni a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por otro lado, el personal en puestos de especial dedicación verá reducida su jornada a 37,5 horas semanales, desde las 40 actuales, aunque podrá incrementarse de forma excepcional según necesidades del servicio. Cada departamento ministerial será responsable de determinar qué puestos requerirán este régimen de dedicación particular.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha subrayado la relevancia de regularizar a los migrantes que residen en España, tanto para el sector de la construcción como para garantizar los derechos de estas personas en el acceso a una vivienda digna. Según Rodríguez, esta iniciativa era muy esperada en el sector de la construcción, donde el 20% de los trabajadores son migrantes y se necesita más mano de obra. Rodríguez ha señalado que las organizaciones sindicales y empresariales llevaban tiempo solicitando la regularización para realizar contrataciones con todas las garantías y derechos necesarios. La ministra ha hecho hincapié en que esta medida promueve la protección de los migrantes, quienes enfrentan especiales dificultades y vulnerabilidades ante los abusos del mercado. La regularización tiene como objetivo facilitar el acceso de los migrantes a una vivienda digna donde puedan desarrollar sus proyectos de vida. Finalmente, Rodríguez ha destacado que la decisión del Consejo de Ministros representa un acto de justicia y dignidad, situando a España como un referente internacional en la defensa de los derechos humanos.
La Fundación Abertis ha presentado la campaña 'Hola, soy Juan y te invito a un café', centrada en concienciar sobre el peligro que representa la somnolencia al volante. Esta campaña se basa en la trágica historia real de Juan, un conductor que sufrió un accidente tras quedarse dormido mientras conducía. El suceso no solo le dejó en una silla de ruedas, sino que también resultó en la muerte de un operario en la carretera. Juan comparte sus vivencias con la esperanza de prevenir futuras tragedias similares, subrayando la importancia de reconocer y actuar frente a los signos de fatiga y sueño. Desarrollada junto a Autopistas, la DGT, Repsol, AdSalutem Instituto del Sueño y el Instituto Guttmann, la campaña destaca el mensaje de que cualquiera puede ser víctima de la somnolencia al volante. Elena Salgado, presidenta de la Fundación Abertis, enfatizó que este es un “enemigo silencioso” que afecta gravemente la atención y la toma de decisiones al conducir, en niveles similares al consumo de alcohol. La somnolencia es un problema de salud pública que afecta de forma muy directa a la seguridad vial y que está muy relacionado con nuestros horarios. Por su parte, Pere Navarro, director general de Tráfico, señaló que el 7% de las muertes en siniestros viales en 2025 en España estuvieron relacionadas con la somnolencia. Navarro resaltó que el perfil común de las víctimas son conductores que viajan solos, de madrugada o después de comer. Asimismo, criticó los hábitos televisivos nocturnos y el elevado consumo de benzodiacepinas en España, subrayando la necesidad de una mayor conciencia y responsabilidad personal. Para finalizar el evento, Rocío Báguena, secretaria general de Transporte Terrestre, apostó por la educación como herramienta clave para combatir este riesgo, instando a recordar que este es un problema “identificable” y “evitable” que puede afectar a…
El Gobierno de España ha decidido destinar 264.820.000 euros a diversas organizaciones y entidades internacionales, según se desprende de las decisiones adoptadas en el reciente Consejo de Ministros. Esta suma se empleará en 12 contribuciones voluntarias dirigidas a apoyar fondos y programas de carácter global. La mayor parte de esta ayuda, concretamente 145 millones de euros, será dirigida al Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria. Este esfuerzo refleja la prioridad del Ejecutivo por abordar problemas de salud pública a nivel internacional. Además, tres aportaciones de 20 millones de euros cada una se destinarán al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Estas contribuciones subrayan el compromiso de España con la ayuda humanitaria y el apoyo a quienes se encuentran en situación de necesidad en todo el mundo. El Gobierno español refuerza su compromiso internacional con una aportación de más de 264 millones de euros a programas globales de ayuda y desarrollo Además del apoyo mencionado, se han aprobado otras partidas. Así, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) recibirá 19.650.000 euros, mientras que la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) contará con 9.000.000 euros. Asimismo, se han destinado 5.000.000 de euros al Fondo de Adaptación al Cambio Climático y 4.570.000 al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Otras asignaciones incluyen una partida de 3.350.000 euros destinada al Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y 1.250.000 euros a la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Estas iniciativas se enmarcan dentro del mandato que tiene la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) de efectuar contribuciones voluntarias a…
El Ejército de Tierra se encuentra inmerso en un ambicioso proceso de modernización con el objetivo de adaptarse a los retos del combate moderno, caracterizado por la rápida evolución tecnológica y su impacto en el campo de batalla. Como parte de este esfuerzo, se ha organizado una exhibición táctica en Viator, Almería, donde se experimenta con diversas capacidades, destacando el uso de drones, ya implementados en conflictos como el de Ucrania, para evaluar su adecuación futura. Este proceso de transformación se estructura en tres fases: conceptual, experimentación e implementación, programadas de 2026 a 2035. En la actualidad, se ha alcanzado el hito de la Fuerza Posible, que ya incorpora nuevas capacidades y programas significativos. Para 2030, se aspira a consolidar la Fuerza Avanzada, más cercana al modelo final y equipada con tecnologías de vanguardia. En 2035, se prevé lograr la Fuerza de Ventaja, integrada por capacidades y tecnologías disruptivas que permitirán enfrentar con éxito los desafíos del futuro entorno operativo. Dentro de este marco, la Campaña de Experimentación Táctica se desarrolla en la Base de la Brigada ‘Rey Alfonso XIII’ II de La Legión, específicamente en el Campo de Maniobras y Tiro Álvarez de Sotomayor. Organizada por el Centro de Fuerza Futura de la División de Planes del Estado Mayor del Ejército, la campaña busca evaluar la utilidad, integración y madurez de capacidades desarrolladas por la industria española, con la participación de una treintena de empresas nacionales así como universidades y centros tecnológicos. El coronel Alberto Quero, del Centro de Fuerza Futura, destaca la importancia de incorporar las últimas tecnologías y tácticas probadas en Ucrania y otros escenarios para transformar al Ejército de Tierra. Los sistemas autónomos no tripulados, tanto aéreos como terrestres, cobran especial protagonismo en estas jornadas, con aplicaciones que abarcan inteligencia, vigilancia, reconocimiento, apoyo logístico y acciones…
El Partido Popular (PP) tiene previsto utilizar la próxima sesión de control al Gobierno en el Congreso para pedir la dimisión de Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. Esta demanda surge tras la publicación de un reciente informe de la Guardia Civil sobre el accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, que dejó 46 fallecidos. El informe de la Guardia Civil, presentado ante el juzgado de Instrucción de Montoro, confirma que la rotura de la vía se produjo 22 horas antes del descarrilamiento del tren Iryo, que terminó colisionando con un tren Alvia en la vía contigua. Este trágico suceso no solo causó la muerte de 46 personas, sino también dejó más de 120 heridos. El PP busca explicaciones del ministro de Transportes sobre su responsabilidad en la gestión de la tragedia ferroviaria de Adamuz. Durante la sesión, el diputado Eduardo Carazo, representante por Valladolid, ciudad de la que Óscar Puente fue alcalde, preguntará directamente al ministro: "¿Cuándo piensa asumir su responsabilidad y dimitir?". Asimismo, Elías Bendodo interrogará a Puente sobre si considera que ha cumplido sus responsabilidades como ministro. Por su parte, la diputada Miriam Guardiola cuestionará si el servicio ferroviario español está "a la altura de los impuestos que pagan" los ciudadanos.