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España se unirá a una nueva coalición internacional junto con Reino Unido, Marruecos y otros cinco países para combatir la violencia contra mujeres y niñas. Esta iniciativa fue anunciada por el Ministerio de Exteriores británico antes de su presentación oficial en la Conferencia Global de Alianzas en Londres. La coalición, promovida por la ministra de Exteriores británica, Yvette Cooper, cuenta con el respaldo de países como Brasil, Sudáfrica, Australia, Jamaica y Bosnia y Herzegovina. El objetivo principal es compartir experiencias, desarrollar planes de acción nacionales y aumentar el enfoque en la prevención para reducir a la mitad la violencia en una década, siguiendo así el ejemplo del Gobierno británico. La nueva coalición internacional busca fomentar la colaboración entre países para convertir la seguridad de las mujeres en una prioridad global Cooper ha destacado que la violencia contra mujeres y niñas es una emergencia global, no solo nacional, reafirmando el compromiso de los países miembros de trabajar conjuntamente para garantizar la seguridad de las mujeres. La ministra británica celebró que, desde Reino Unido hasta Brasil y Sudáfrica, los países compartan la ambición de eliminar el miedo a la violencia al que muchas mujeres están sometidas. Asimismo, enfatizó que no puede haber paz, seguridad o prosperidad sin garantizar la seguridad de las mujeres. El Foreign Office ha adelantado que Reino Unido organizará el próximo año una cumbre sobre violencia contra mujeres y niñas, donde los países participantes podrán asumir nuevos compromisos y evaluar los avances conseguidos en este ámbito.
La comisión de investigación del Senado sobre la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) celebrará este miércoles la comparecencia de Jesús Ángel Carbajo, auditor de cuentas de Plus Ultra. Esta comparecencia coincide con la reciente imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el marco del 'caso Plus Ultra'. El Partido Popular, aprovechando su mayoría absoluta, impulsó esta nueva comisión de investigación con el objetivo de esclarecer las responsabilidades políticas en torno al 'caso Plus Ultra'. Para ello, ha convocado a diversos perfiles técnicos, entre los que se encuentra Carbajo, auditor de Audicar S.L., la firma responsable de auditar a Plus Ultra. La imputación de Zapatero por presunto delito de tráfico de influencias ha llevado al PP a reafirmar su postura de ir por delante de los acontecimientos El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha sido el encargado de dictar la investigación contra Zapatero. Tras conocerse esta imputación, el PP del Senado ha emitido un comunicado en el que critica las declaraciones del expresidente durante la 'comisión Koldo' del Senado, donde aseguraba no haber cobrado comisiones de Plus Ultra. En respuesta a ello, el PP ha declarado: "Nosotros entonces no pensamos lo mismo, la mayoría de los españoles tampoco, y hoy los jueces tampoco".
La Comisión de Trabajo del Congreso abordará este miércoles la proposición de ley promovida por el PSOE para facilitar a los profesionales colegiados la transferencia de sus derechos económicos al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Esta iniciativa busca obligar a los mutualistas a inscribirse en el RETA a partir del 1 de enero de 2028, según los cambios propuestos en la Ley General de Seguridad Social. La propuesta, admitida a trámite en mayo de 2025 con el apoyo del Partido Popular y la superación de una enmienda de totalidad de Vox, aún debe concluir su etapa de discusión en la comisión, después de haber aprobado las modificaciones iniciales en ponencia en abril. El texto ya ha incluido enmiendas que posponen la obligatoriedad de la inscripción al RETA de 2027 a 2028, y establece nuevas cuotas progresivas para las mutualidades alternativas. El nuevo marco establecerá que a partir del 1 de enero de 2028, las personas que trabajen por cuenta propia deberán inscribirse obligatoriamente en el RETA Un cambio adicional propuesto es la elaboración de un informe de evaluación antes de fin de 2027, que el Gobierno deberá presentar en las Cortes. Este informe recogerá datos referentes al régimen de alternatividad de las mutualidades de previsión social en comparación con el RETA, como el número de afectados por la transferencia al régimen de autónomos, el impacto del sistema de cotización por ingresos reales y la paridad de las prestaciones. Además, se propone ajustar las cuotas que las mutualidades abonan en calidad de alternativas al RETA, incrementándolas progresivamente hasta alcanzar el 100% en 2028. De esta forma, en 2026 se situarán en el 86% y en 2027 en el 93%, calculados sobre la base mínima de cotización. También se simplifican las condiciones para que los colegiados se unan al RETA, eliminando…
La sesión de control al Gobierno del Congreso de este miércoles se presenta intensa, con la oposición centrada en exigir explicaciones al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El debate surge a raíz de la muerte de dos guardias civiles en acto de servicio durante una persecución de una narcolancha en Huelva, así como por la ausencia del ministro en el funeral, lo que podría llevar a una posible petición de reprobación parlamentaria la próxima semana. La portavoz de Interior del Partido Popular (PP), Ana Belén Vázquez, cuestionará a Marlaska sobre si considera que el fallecimiento de los agentes en Huelva fue un accidente laboral, aludiendo a la expresión usada por la exvicepresidenta primera, María Jesús Montero. Además, la secretaria de Regeneración del PP, Cuca Gamarra, preguntará al ministro sobre cuáles son las prioridades de su Ministerio, con la intención de criticar tanto a Marlaska como al Gobierno por su ausencia en el entierro de los guardias civiles. La sesión de control al Gobierno podría derivar en una nueva petición de reprobación a Grande-Marlaska por su gestión al frente del Ministerio del Interior El portavoz de la dirección del PP, Borja Sémper, regresará al Congreso tras un tratamiento médico, y cuestionará al ministro sobre si está a la altura del cargo. Marlaska, durante su presencia en Canarias por un brote de hantavirus, fue criticado en un acto en Baeza, donde manifestó su malestar por lo sucedido, aunque dijo no sentirse impotente. Asimismo, en esta sesión plenaria, el Grupo Popular presentará una interpelación urgente sobre el estado de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el narcotráfico. El PP destacará que una proposición de ley aprobada en el Senado en 2024, que busca categorizar a estos cuerpos como profesión de riesgo, no ha sido debatida en el…
La sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados de este miércoles centrará sus miradas en el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. La oposición, liderada por el Partido Popular (PP), exigirá explicaciones por la gestión de su cartera tras la muerte de dos guardias civiles en Huelva durante una persecución a una narcolancha, así como por su ausencia en el funeral de los agentes. Esta controversia podría derivar en una nueva solicitud de reprobación parlamentaria la próxima semana. Ana Belén Vázquez, portavoz de Interior del PP, cuestionará al ministro sobre si considera que los agentes fallecidos lo hicieron en un accidente laboral, una expresión previamente sugerida por la exvicepresidenta María Jesús Montero. Asimismo, Cuca Gamarra, secretaria de Regeneración del PP, pondrá sobre la mesa las prioridades del Ministerio, apuntando también hacia la falta de representación gubernamental en el entierro de los guardias civiles. El portavoz popular Borja Sémper, quien regresa al Congreso tras un periodo de tratamiento médico, se dirigirá directamente a Marlaska para preguntarle si cree estar a la altura de su cargo. Estas interrogantes se dan en un contexto delicado para el ministro, quien durante un acto reciente en Baeza fue objeto de abucheos mientras confesaba sentirse rabioso y dolido por la situación, pero no impotente. La gestión del Ministerio del Interior, particularmente en situaciones de riesgo y emergencia, está bajo el escrutinio del Congreso y podría desencadenar nuevas acciones parlamentarias contra su titular El Grupo Popular ha anunciado una interpelación urgente a Grande-Marlaska para discutir la situación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su lucha contra el narcotráfico. Este asunto sacará a colación una proposición de ley aprobada por el Senado en 2024 que reconoce a estos cuerpos como profesiones de riesgo, la cual aún no ha sido debatida en…
Las acciones de ACS cerraron la sesión de este martes con una caída del 5,62%, situándose en 124,3 euros. Este descenso se produjo tras la reciente ampliación de capital y la cancelación de dos 'equity swaps' por parte de la compañía, estrategia orientada a obtener fondos para impulsar su inversión en infraestructura digital y tecnológica, que incluye centros de datos, semiconductores y estructuras ligadas a la inteligencia artificial. Los títulos de la constructora ya habían registrado una caída similar al inicio de la jornada, con una pérdida cercana al 5,4%. A pesar del retroceso en el valor de sus acciones, ACS ha conseguido una revalorización del 46% desde el comienzo del año y del 110% en el último año. Al cierre de la jornada, la capitalización de la compañía se ubicó en 33.387 millones de euros, lo que refleja una disminución de 2.010 millones en comparación con el cierre del pasado lunes. Florentino Pérez, presidente y principal accionista de ACS, junto con Criteria Caixa, el segundo mayor accionista, aumentaron su participación en la empresa mediante un proceso de colocación acelerada. En esta operación, adquirieron conjuntamente más de 5 millones de acciones valoradas en 659,3 millones de euros. Simultáneamente, la compañía canceló 'equity swaps' por valor de 1.390 millones de euros, lo que representó 11,12 millones de títulos firmados en 2023 con Société Générale y CaixaBank, equivalentes a cerca del 4% de su capital. Esta operación permitirá a ACS generar fondos para seguir acelerando su estrategia de crecimiento en infraestructura digital sin perjudicar su estructura de balance. Los analistas de Renta 4 sostienen que este movimiento proporcionará a ACS los recursos necesarios para aprovechar las crecientes oportunidades en el sector a nivel global, lo que consideran un factor positivo a medio plazo. Marcos Souto, analista de infraestructuras de Bankinter, destacó la…
La Comisión de Defensa del Congreso debatirá este miércoles sobre la posibilidad de extender el embargo de armas y productos de defensa a Israel, para incluir también material policial y de vigilancia. Esta iniciativa, impulsada por Sumar, ERC y Bildu, se fundamenta en la ofensiva israelí hacia Palestina, particularmente en la Franja de Gaza y Cisjordania. El embargo al comercio militar con Israel fue aprobado por el Congreso a principios de octubre de 2025, coincidiendo con una ofensiva israelí en territorios palestinos, calificada de genocidio por el Ejecutivo español. Desde octubre de 2023, el veto ya se aplicaba de facto, día en que se registró una ofensiva israelí tras la masacre perpetrada por Hamás. En 2024, España exportó material por valor de 1,45 millones de euros a Israel, solo destinado a terceros países como Filipinas y Estados Unidos. En el primer semestre de 2025, no se efectuaron exportaciones a Israel. La extensión del embargo busca incluir todo armamento, equipo, tecnología o componentes que puedan contribuir a violaciones del Derecho Internacional Humanitario o de los Derechos Humanos Desde la implementación del embargo en octubre, se han denegado 219 licencias de exportación e importación de material de defensa a Israel. La Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU) rechazó un total de 64 licencias de exportación y cuatro de importación entre octubre de 2023 y enero de 2026. Sumar, ERC y Bildu pretenden que las restricciones abarquen también a material policial y de vigilancia utilizado en Palestina y proponen que no se permita el tránsito de buques y aviones con material de defensa hacia Israel en futuras legislaturas. También buscan mejorar la evaluación de riesgos y la trazabilidad en las exportaciones de armas, especialmente las dirigidas a Estados Unidos, para prevenir que faciliten violaciones…
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha expresado su descontento ante las "descalificaciones que cuestionan la independencia de los jueces sin fundamento alguno". Esto surge tras las reacciones en apoyo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, después de que el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, decidiera investigarlo en el 'caso Plus Ultra' por un presunto delito de tráfico de influencias. En un comunicado, la AJFV ha subrayado que en un Estado de derecho las resoluciones judiciales deben poder ser analizadas, recurridas y debatidas con respeto institucional y jurídico. Sin embargo, ha criticado las descalificaciones genéricas que ponen en duda la independencia de los jueces sin pruebas. La AJFV advierte que descalificar sistemáticamente a los tribunales cuando sus decisiones no coinciden con ciertos intereses políticos erosiona la confianza ciudadana en las instituciones La asociación ha manifestado su preocupación por discursos que, según ellos, desacreditan el trabajo judicial sugiriendo injerencias políticas o prácticas de lawfare. Han señalado que no debería normalizarse la crítica automática a decisiones judiciales que afectan a figuras públicas, calificándolas de persecución ideológica o maniobras partidistas. Además, la AJFV ha enfatizado que "la independencia judicial no es un privilegio" de los jueces, sino una garantía para toda la ciudadanía. Asegura que es fundamental para que las decisiones se tomen conforme a la ley y el principio de igualdad, sin presiones externas o intereses partidistas.
Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional continuaron este martes por la tarde con los registros en Whathefav, empresa de las hijas del ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y en Softgestor, otra de las compañías vinculadas al 'caso Plus Ultra', en el que investiga la Audiencia Nacional. Fuentes del caso informaron que las diligencias se concentraron en estas localizaciones después de haber concluido los registros ordenados por el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, en el despacho de Zapatero, ubicado en la calle Ferraz frente a la sede del PSOE en Madrid. Los agentes de la UDEF, en colaboración con el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) de la Policía Nacional, iniciaron las inspecciones desde tempranas horas del martes tanto en el despacho de Zapatero como en la empresa Inteligencia Prospectiva. Estas acciones forman parte de la investigación en torno a un posible delito de tráfico de influencias y otros relacionados. Además, las fuentes señalan que existe un requerimiento de información dirigido a la empresa pública Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La pesquisa indaga en el presunto uso irregular de los 53 millones de euros que el Gobierno destinó como rescate a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. La investigación se centra en la supuesta influencia que Zapatero pudo haber ejercido para la operación, lo que podría haber resultado en fondos recibidos a través de Julio Martínez, empresario y amigo del ex presidente El juez Calama, en su auto, indica que Zapatero habría actuado como líder de una estructura de tráfico de influencias por la cual él y sus hijas habrían recibido cerca de dos millones de euros. Se le acusa también de ordenar la creación de empresas off-shore fuera de España. Zapatero, por su parte,…
Este martes, en el Congreso de los Diputados, representantes de COTEC, el Barcelona Institute of Science and Technology (BIST), la Asociación Española de Bioempresas (AseBio), la Asociación Española de la Industria de Semiconductores (AESEMI) y Farmaindustria han solicitado el desarrollo de una política de Estado para potenciar la innovación disruptiva. Durante su comparecencia conjunta ante las comisiones de Ciencia e Innovación y de Industria, enfatizaron que España posee capacidades científicas, tecnológicas e industriales suficientes para asumir un papel relevante en la actual transformación tecnológica global. A pesar de estas capacidades, subrayan que el país enfrenta dificultades para convertir dicho conocimiento en empresas competitivas, propiedad intelectual, capacidad industrial y empleo cualificado. Resaltaron la importancia de considerar la innovación disruptiva más allá del ámbito científico o sectorial, estableciendo las condiciones necesarias para que el conocimiento generado en España alcance su potencial transformador. El director general de AseBio, Ion Arocena, describió el actual contexto como una nueva oportunidad histórica y un riesgo evidente. Los expertos han advertido que no se debe repetir el error de la revolución digital de los años 90, donde Europa generó investigación de alta calidad sin traducirla en plataformas tecnológicas e industriales consolidadas La presidenta de Farmaindustria y directora general de Amgen Iberia, Fina Lladós, destacó las debilidades en las fases intermedias de la investigación, especialmente en el sector biomédico. Señaló que existe una brecha entre el descubrimiento científico inicial y su aplicación como tratamiento disponible, proceso que puede dilatarse más de una década debido a las exigencias de validación, financiación y regulación. Lladós afirmó que las consecuencias económicas y estratégicas para España son significativas, dado que el país financia innovaciones que luego otros territorios transforman en negocios y liderazgo tecnológico. Eduard Vallory, director general de BIST, recalcó que las instituciones de investigación juegan un papel crucial en la…