El Congreso debatirá este martes, 19 de mayo, una proposición no de ley presentada por Sumar que busca introducir cambios legales para impedir la compra de viviendas por parte de "personas jurídicas, empresas y fondos buitre". La iniciativa también contempla la derogación de las socimis, las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario.
Anteriormente, en noviembre de 2025, Sumar ya intentó prohibir la compra de viviendas por fondos de inversión mediante una proposición de ley que el Congreso rechazó debido a la oposición de PP, Vox, Junts, UPN y Coalición Canaria, mientras que PSOE y PNV se abstuvieron. Alberto Ibáñez, portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, mostró su descontento por el rechazo de la propuesta, así como por la abstención de los socialistas, quienes son socios del Gobierno de coalición.
Sumar busca frenar la especulación inmobiliaria prohibiendo la adquisición de viviendas por grandes inversores y derogando las socimis.
A principios de este año, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una propuesta similar para impedir que grandes empresas compren viviendas unifamiliares, declaración que fue respaldada por Vox. Ante este cambio de postura, Ibáñez decidió volver a presentar la propuesta en el Congreso, aunque no tendrá carácter legislativo al tratarse de una proposición no de ley.
Además de buscar el veto a los fondos de inversión, la propuesta de Sumar solicita al Gobierno la derogación urgente de la Ley de 2009 que regula las socimis. Plantea también una mayor fiscalidad para las empresas y fondos de inversión propietarios de viviendas en comparación con las familias por la vivienda habitual. Sumar argumenta que las socimis solo pagan un 1% del impuesto de sociedades, lo que ha atraído a grandes inversores internacionales y, según el grupo, ha mermado el derecho a una vivienda digna en España.
El grupo sostiene que España se ha convertido en el país con el mayor número de socimis y que estas entidades, representadas por fondos de inversión como Blackstone o Cerberus, poseen más de 1.000 millones de euros en propiedades, promoviendo la especulación y vulnerando el derecho constitucional a la vivienda al expulsar a los residentes de sus barrios.
