El Consejo de Ministros de España ha aprobado un nuevo real decreto a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Este decreto modifica el real decreto 413/2014, que regula la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, cogeneración y residuos, conocido como Recore. La normativa afecta a más de 62.000 instalaciones, asegurando la rentabilidad regulada mediante ajustes en el cómputo de la energía vendida a precio cero y la no vendida por restricciones técnicas.
Uno de los cambios más significativos es que los ingresos anuales de las instalaciones Recore se reducirán si su número de horas equivalentes de funcionamiento cae por debajo de un umbral mínimo definido para cada tipo de planta. Sin embargo, ahora se exime de esta minoración a las horas equivalentes de funcionamiento afectadas por la venta de energía a precio cero durante periodos consecutivos de seis horas o más, así como a la energía que no se llega a vender debido a restricciones técnicas.
El Ministerio asegura que estas medidas buscan proteger la rentabilidad regulada en un contexto de precios bajos
Además, el decreto pretende incrementar la seguridad de suministro al mejorar la visibilidad y el control del operador del sistema, la Red Eléctrica de España (REE). El documento especifica nuevas obligaciones para instalaciones de generación y, por primera vez, para los almacenamientos, que deberán enviar telemedidas en tiempo real al operador y recibir consignas de operación. Las demandas que se conectan a la red de transporte también estarán obligadas a remitir estas telemedidas.
El real decreto promueve la penetración de tecnologías flexibles, modificando el orden de prelación del redespacho no basado en el mercado y otorgando prioridad a las renovables con almacenamiento, siempre que la potencia del almacenamiento sea inferior a la de la instalación. Esta prioridad también beneficia a la cogeneración de alta eficiencia y el resto de tecnologías según su contribución a la calidad del suministro.
Además, traspone normativa europea al sector, como la jerarquía de residuos y la obligación de certificar su recogida separada para que las plantas de incineración puedan percibir el Recore. La retribución se ajustará en función del cumplimiento de estos requisitos. También se introduce un límite de emisiones de 270 gramos de CO2 por kWh para nuevas instalaciones de cogeneración y modificaciones importantes de las actuales.
Este decreto también incrementa la flexibilidad en las plantas de cogeneración, permitiendo la venta de energía neta generada en el mercado o en autoconsumo de manera trimestral. Finalmente, el decreto aclara procedimientos en caso de fuerza mayor, como los acontecidos por la erupción volcánica en La Palma, y ajusta la gestión de liquidaciones hechas por la CNMC.
