El próximo martes, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar un nuevo paquete de medidas diseñado para contrarrestar el impacto de la crisis en Oriente Próximo, con el objetivo de amortiguar la subida de precios y la pérdida de poder adquisitivo durante el otoño e invierno. Antes de que algunas de las medidas actuales expiren en octubre, el Gobierno está preparando un decreto que pretende proteger a hogares y empresas frente al incremento de costes, especialmente los relacionados con la energía, debido al conflicto en Irán.
Aunque el Ejecutivo no ha especificado aún el contenido exacto de la nueva legislación, sí ha señalado que se extenderán las ayudas al sector agroalimentario, incluyendo compensaciones por los elevados costes del gasóleo agrícola, hasta el final del año. Además, las autoridades buscan implementar medidas a medio y largo plazo que reduzcan la dependencia energética de España y promuevan la electrificación y la descarbonización económica.
El Gobierno busca evitar una contracción económica severa con nuevas medidas ante la escalada energética
Desde marzo, el coste presupuestario de estas iniciativas ha alcanzado los 10.000 millones de euros, sumando los decretos y las medidas estructurales como la reducción progresiva del impuesto sobre la producción eléctrica. Hasta finales de septiembre, el Plan de Respuesta prevé que seguirán vigentes medidas como la rebaja del impuesto sobre hidrocarburos y la reducción del precio de la gasolina. Algunas de estas medidas concluyen a finales de septiembre, mientras que otras, como los descuentos del bono social eléctrico, continuarán hasta diciembre.
Para la implementación del nuevo decreto, el Gobierno ha estado en conversaciones con diversos sectores, incluidos el agroalimentario, el industrial y el energético, así como con agentes sociales. A su vez, Sumar y diversos sindicatos han solicitado reactivar la excepción ibérica de cara a mitigar la escalada de precios.
Expertos como María Jesús Fernández Sánchez de Funcas advierten que el conflicto en Oriente Próximo y sus efectos en el estrecho de Bab el-Mandeb podrían prolongar los problemas de suministro, aumentando el riesgo de inflación. En agosto, la presión sobre los carburantes incrementó la inflación general al 4,3%, una subida impulsada por los aumentos en el precio de los productos energéticos.
La decisión del Gobierno en cuanto a las medidas energéticas es crucial. Según la OCU, de no adoptarse medidas en el decreto anticrisis, la tarifa regulada del gas podría subir más de un 50% a partir del 1 de octubre, lo que representaría un incremento anual significativo para los hogares.
Por otro lado, el Banco Central Europeo contempla nuevas subidas de tipos, un movimiento que podría tener un impacto amortiguado gracias a factores como el nivel de ahorro de las familias y el predominio de hipotecas a tipo fijo. La economista Fernández señala que estos aumentos podrían afectar tanto a las inversiones empresariales como al mercado inmobiliario, aunque se espera que la economía en general enfrente una desaceleración, no una recesión.
Finalmente, se intensifican las negociaciones para concluir el decreto de vivienda, especialmente importante tras eventos sociales como el desahucio de una anciana en Madrid, y el diálogo con formaciones clave como Junts continúa abierto de cara a su aprobación.
