sábado 03 • diciembre 2022

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La inflación, aliada del Gobierno 

Juan Ramón Rallo
Doctor en Economía. Profesor en la Universidad Francisco Marroquín, en el centro de estudios OMMA, en IE University y en IE Business School
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“La inflación es un impuesto sobre los tenedores de pasivos estatales, que se empobrecen para que el Estado se enriquezca”

Decía Milton Friedman que la inflación es un impuesto sin legislación, es decir, un impuesto que el Gobierno de turno consigue cobrar a sus ciudadanos sin pasar por el parlamento (ni siquiera a la hora de extraernos el dinero del bolsillo se mantienen mínimamente las formalidades). Pero, ¿por qué la inflación contribuye a enriquecer al Estado? 

Por un lado, la inflación reduce el valor real de la deuda pública. Aunque los tipos efectivos medios que sufran los ciudadanos se mantengan estables, como los ingresos nominales del Estado crecen, la carga que suponen los pasivos públicos disminuye. Por ejemplo, supongamos que un país tiene un PIB de 100 unidades monetarias y una deuda de 100 unidades monetarias, es decir, soporta un endeudamiento del 100% del PIB. A su vez, imaginemos que el peso de los ingresos públicos sobre el PIB es del 40%, esto es, se recaudan 40 unidades monetarias anualmente y, en consecuencia, se necesitarían 2,5 años para retirar la totalidad de la deuda. 

Imaginemos que ese país experimenta una inflación del 100% (por supuesto, esto no es algo que suela ocurrir en un único año, pero para nuestro ejemplo podemos suponer que ha sucedido a lo largo de varios ejercicios) y que, por tanto, el PIB se incrementa de 100 a 200 unidades monetarias. El peso de la deuda pública en el PIB caería del 100% al 50% y, con una presión fiscal del 40% del PIB, la recaudación se incrementaría hasta las 80 unidades monetarias, de modo que la deuda pública podría retirarse con apenas 1,25 años de ingresos públicos.  

En terminología contable, diríamos que el Estado se ha vuelto más rico porque, al disminuir sus pasivos, sus fondos propios se han acrecentado. Pero la reducción de esos pasivos ha acaecido a costa de los acreedores, éstos se han empobrecido para que el Estado se enriquezca. Ahí reside, pues, el origen de la fortuna pública: la inflación es un impuesto sobre los tenedores de pasivos estatales -bonos o moneda emitida por el sector público-, cuyo poder adquisitivo también se reduce para lograr aumentar la capacidad adquisitiva del Estado. 

Por otro lado, la inflación también es un impuesto sin legislación, porque contribuye a incrementar la recaudación no ya en términos nominales, sino también en términos reales. En la medida en que parte de nuestro sistema tributario posee una naturaleza progresiva, cuanto mayores sean los ingresos nominales de los ciudadanos (aunque sus ingresos reales no aumenten), tanto mayores tipos efectivos medios deberán abonar.  

Por ejemplo, supongamos que un país tiene un IRPF en dos tramos: hasta 10.000 euros se paga un tipo del 10% y, a partir de 10.000 euros, uno del 30%. Aquel trabajador que ingrese 15.000 euros pagará un tipo efectivo medio del 16,6%: 1.000 euros por el primer tramo de ingresos y 1.500 por el segundo (2.500 euros sobre 15.000 euros son el mentado 16,6%). 

Imaginemos ahora que ese país experimenta una inflación del 100% (de nuevo, no hay por qué asumir que ocurre en un solo año) y que los tramos del IRPF no se deflactan. En ese caso, el trabajador anterior, con el tiempo, pasará a cobrar 30.000 euros: eso no lo volverá más acaudalado, porque los precios de todo lo que adquiere también se habrán duplicado, pero sí contará con ingresos nominales más elevados. 

Pues bien, si ese trabajador pasa a cobrar 30.000 euros (equivalentes, en términos reales, a 15.000 euros antes de la inflación), el tipo efectivo medio que soportará será del 23,3%: abonará 1.000 euros por el primer tramo y 6.000 euros por el segundo (7.000 euros sobre 30.000). Ese empleado pagará un tipo efectivo medio superior (habrá pasado del 16,6% al 23,3%) sin que se haya enriquecido un ápice. Es como si el Ejecutivo hubiese subido los tipos del IRPF, pero sin pasar por las Cortes. 

La inflación es, en definitiva, una aliada del Gobierno para transferir recursos desde el sector privado al público. Por eso, no podemos confiar en que los políticos vayan a ponerle fin al mal que ellos mismos han creado. 

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Juan Ramón Rallo
Doctor en Economía. Profesor en la Universidad Francisco Marroquín, en el centro de estudios OMMA, en IE University y en IE Business School

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