Tal y como ha afirmado el Ministerio de Sanidad, el contexto actual hace que se plantee la posibilidad de incorporar a la población mutualista a la asistencia sanitaria pública, ya que se considera una opción tanto "viable como razonable". Se plantea una incorporación gradual y estratificada de las personas mutualistas de Muface, con la excepción de aquellos pacientes en situaciones críticas, para los cuales se propone una renegociación temporal tras la prórroga.
Esta propuesta es la conclusión principal del informe 'Muface: del seguro privado al Sistema Nacional de Salud', presentado el lunes por el departamento dirigido por Mónica García. El informe fue elaborado tras quedar desierta este mes la licitación de los próximos dos años para la cobertura sanitaria de los funcionarios mutualistas por parte de aseguradoras privadas.
El informe señala que, aunque en caso de adoptar la decisión de incorporar a la población mutualista al sistema público, "sería necesario realizar estudios posteriores más profundos, aprovechando los sistemas de información sanitaria disponibles en colaboración con las comunidades autónomas e Ingesa", también deja claro que "el modelo Muface en la actualidad no es sostenible, ni siquiera con un aumento importante de la cápita".
Entre los motivos de esta situación, se destacan que las aseguradoras privadas no aceptaron las condiciones propuestas por el Gobierno, además del envejecimiento de la población mutualista, que incrementa los costos y complica futuros ajustes. Por ello, el informe recomienda garantizar la continuidad asistencial, la calidad y la seguridad, especialmente en casos críticos, como pacientes oncológicos y aquellos en fase terminal. También se sugiere aprovechar las fortalezas del Sistema Nacional de Salud (SNS), como la Atención Primaria, para mejorar la atención.
Propone transferir fondos a las CCAA
El informe también valora incrementar la financiación a las aseguradoras privadas, aunque se considera esta opción podría ser "insuficiente" ya que las aseguradoras demandan un incremento superior al 40% respecto a las condiciones actuales de financiación; "insostenible" porque no hace frente a la dinámica de largo recorrido de envejecimiento de la subpoblación de mutualistas de Muface; e "inequitativa" por suponer incrementos porcentuales que serían "impensables en el ámbito de la provisión pública directa".
Optar por esta iniciativa significa "postergar una decisión que habrá que tomar antes o después". Por tanto, propone la prórroga de 9 meses del concierto actual, durante la cual el Sistema Nacional de Salud (SNS) se encargaría de la provisión sanitaria a los mutualistas de Muface; y la incorporación gradual de los pacientes al SNS, priorizando aquellos con tratamientos crónicos complejos.
Se elaboraría un plan de transición para asegurar la continuidad en la atención, evitando duplicidades y garantizando calidad en los servicios; durante los primeros 4 meses, se mantendría un compromiso de lista de espera quirúrgica cero; y, además, se implementaría un plan de comunicación para informar a la población sobre la nueva situación.
En este plan deberán identificarse los pacientes inmersos en procesos terapéuticos que "precisen continuidad y que deban ser de los últimos en ser traspasados al sistema sanitario público". En este tipo de pacientes, en el caso de existir alguna contraindicación absoluta a la transferencia de su asistencia sanitaria, como es que estén en situación de final de la vida o muy alta complejidad en procesos oncológicos, se podrá valorar una vía excepcional de renegociación temporal de un aseguramiento extraordinario que permita la prórroga durante un año más allá de la extinción de la prórroga.
En cuanto a la financiación, los fondos destinados a las aseguradoras se transferirían a las comunidades autónomas para su inversión en los servicios autonómicos de salud, con un carácter finalista durante los primeros 3 años.
