El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha destacado la necesidad de una intervención más decidida por parte de los poderes públicos frente al problema del acceso a la vivienda. En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Sordo ha calificado a la vivienda como "el gran problema económico y social" de España, advirtiendo que esta cuestión está fragmentando la sociedad. El sindicalista subrayó la importancia de la presión social para motivar a los partidos políticos a tomar medidas efectivas.
Según Sordo, cientos de miles de personas enfrentan serias dificultades para encontrar una vivienda digna, tanto jóvenes como familias que se encuentran ahogadas por las hipotecas y alquileres. De cara a las manifestaciones convocadas en diversas ciudades del país, el líder sindical augura un crecimiento del movimiento ciudadano en los próximos meses.
Unai Sordo plantea que se necesitan movilizar alrededor de dos millones de viviendas a precios asequibles en los próximos diez años para aliviar la presión en el mercado inmobiliario.
Sordo también ha criticado las políticas de vivienda vigentes en España, que considera erróneas, remarcando el impacto de la especulación y el crecimiento demográfico sobre los precios actuales. Añadió que se requiere una respuesta coordinada de las administraciones públicas, especialmente las comunidades autónomas y ayuntamientos, para adoptar medidas como la limitación de los precios en zonas tensionadas.
El secretario general de CCOO también ha hablado sobre la necesidad de reformar la política fiscal para desalentar la acumulación de viviendas vacías. En su opinión, una mayor parte de los ingresos de los ciudadanos no debería destinarse a la vivienda, considerando inaceptable que se gaste más del 30% para este fin. Indicó que los salarios, incluso en los rangos medios-altos, no son suficientes frente al incremento del 12% anual en los precios de la vivienda, y se necesitan acciones específicas para abordar este desafío.
Además, Sordo defendió el proceso de regularización de migrantes puesto en marcha en España, calificándolo de "justo y necesario". Subrayó la necesidad de regular y organizar adecuadamente los flujos migratorios para evitar la explotación laboral y asegurar la integración de estas personas en el mercado de trabajo con plenas garantías de derechos.
