El Tribunal de Cuentas ha enfatizado la urgente necesidad de mejorar los recursos del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), que depende del Ministerio de Economía. Esta recomendación forma parte de un informe de fiscalización sobre la ejecución de la política de prevención del blanqueo de capitales conforme a la normativa de la Unión Europea.
El documento, realizado en colaboración con las entidades fiscalizadoras superiores de Alemania, Países Bajos, Polonia y Chipre, evalúa el funcionamiento del sistema español de prevención del blanqueo de capitales entre 2020 y 2024, enfocándose en la actuación de los actores públicos involucrados.
El informe destaca que España, pese a haber integrado la normativa europea y seguido las recomendaciones internacionales, todavía no ha definido una estrategia nacional en prevención del blanqueo
El Tribunal de Cuentas subraya que faltan objetivos específicos e indicadores para evaluar la eficacia de las medidas y la contribución de los diferentes operadores del sistema. Además, la institución advierte de la dificultad existente para valorar el impacto del esquema preventivo debido a la falta de datos concretos y recomienda elaborar un sistema propio de medición de resultados.
El informe también señala la importancia del Sepblac, adscrito al Ministerio de Economía, como unidad de inteligencia financiera y supervisión, pero advierte que el actual sistema de recursos "no da una respuesta ágil". Por ello, recomienda mejorar los medios humanos, tecnológicos y financieros del Sepblac para enfrentar los desafíos estratégicos.
El sistema español se apoya en la colaboración de más de 27.000 sujetos obligados del sector privado, como entidades financieras, servicios de cripto, abogados, notarios, inmobiliarias y joyerías, quienes deben monitorear y comunicar operaciones sospechosas. El Tribunal exhorta al Gobierno a establecer mecanismos para informar a las Cortes Generales sobre los avances en prevención de blanqueo y sugiere al Sepblac intensificar el conocimiento y aplicación del enfoque de riesgo entre todas las categorías de sujetos obligados.
