La Comunidad de Madrid ha decidido recurrir al Tribunal Supremo para impugnar el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, aprobado por el Gobierno central, al considerar que este plan vulnera las competencias autonómicas en materia de vivienda, limita la gestión regional e invade áreas que, según su interpretación, están reservadas legalmente a las administraciones autonómicas. Este recurso ha sido tramitado por la Abogacía General de la región y se dirige contra una normativa que, en palabras del gobierno madrileño, incrementa considerablemente las obligaciones financieras de las comunidades para implementar las medidas del programa estatal.
El plan, con un presupuesto de hasta 7.000 millones de euros, triplica al anterior, y asigna 1.113 millones a Madrid. Se estipula que el Estado asuma el 60% de la inversión, dejando un 40% a las comunidades, una proporción mayor a la de planes anteriores, donde las comunidades aportaban un 25%. A pesar de haber votado a favor del reparto de fondos durante la Conferencia Sectorial el 21 de mayo, el Gobierno de Madrid expresó su rechazo al considerar el plan como "propagandístico" y de diseño financiero "profundamente injusto", según el consejero Jorge Rodrigo.
El Gobierno de Madrid denuncia que la carga económica del nuevo plan estatal quintuplica la aportación autonómica respecto al anterior programa
El recurso se apoya en un dictamen del Consejo de Estado que advierte sobre el riesgo de que la obligación de cofinanciación impuesta represente "una injerencia excesiva" en la autonomía financiera regional. El Ejecutivo madrileño argumenta que este modelo traslada una carga adicional sin haber negociado previamente el contenido ni las condiciones de financiación del plan. Además de la falta de diálogo durante la elaboración del plan, se critica la aprobación final por el Consejo de Ministros sin consenso regional, lo que, según Madrid, obstaculiza la planificación de actuaciones y retrasa medidas para el acceso a la vivienda.
Otro aspecto impugnado del plan es la obligación de establecer protección permanente para ciertas viviendas con ayudas públicas. Esto, según el Gobierno madrileño, excede competencias estatales y podría requerir modificar normas consolidadas, generando inseguridad jurídica. También se critica que el plan reduzca la capacidad de ajuste de las políticas a las necesidades regionales al imponer programas homogéneos. El gobierno aboga por que las comunidades tengan suficiente margen para priorizar actuaciones adaptadas a su realidad social y económica.
Asimismo, el Ejecutivo madrileño rechaza los requisitos que condicionan la transferencia de fondos estatales a obligaciones ajenas al plan, como la publicidad institucional o el intercambio de información administrativa, considerándolos potencialmente partidistas. Finalmente, Madrid recuerda que sus alegaciones durante la tramitación del plan no fueron incorporadas al texto definitivo, lamentando que el modelo adoptado se base en condiciones impuestas en lugar de la cooperación institucional.
