La comisión del Congreso encargada de investigar los atentados yihadistas ocurridos en Cataluña en agosto de 2017 se reúne este martes para intentar aprobar las conclusiones de una extensa investigación iniciada desde febrero de 2024. Los diferentes grupos políticos han presentado sus propuestas de conclusión, y estos documentos se someterán hoy a votación. Si se logra consenso en un dictamen, éste pasará al Pleno para su aprobación final.
Entre las principales propuestas, Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) desean que el Congreso reconozca negligencias del Estado en la prevención de los atentados, un planteamiento que es rechazado por PSOE, PP y Vox. En sus propuestas, Junts destaca una supuesta negligencia o temeridad de los servicios secretos por ocultar los vínculos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con Abdelbaki Es-Satty, el imán de Ripoll considerado el cerebro tras los ataques.
Junts acusa a los servicios de inteligencia de ocultar estos lazos debido a decisiones políticas que priorizaban los intereses políticos y partidistas del entonces Gobierno del Partido Popular sobre la claridad y el derecho a la verdad de las víctimas. Cuestionan incluso la declaración oficial de que Es-Satty murió en la explosión de Alcanar, pidiendo más investigaciones judiciales.
Sumar también propone que la Fiscalía General del Estado considere nuevas diligencias preprocesales como un mecanismo de satisfacción del derecho a la verdad, y aboga por crear un relato público y oficial sobre los atentados para dignificar a las víctimas y prevenir narrativas conspirativas.
ERC sugiere una "posible negligencia en la gestión de la información" por parte del CNI y los Mossos sobre Es-Satty, sin afirmar que los servicios del Estado tuvieran conocimiento directo de los preparativos de los ataques
ERC resalta que la falta de coordinación y transmisión de información a los Mossos d'Esquadra antes de los ataques refleja posibles negligencias institucionales. Este fallo institucional grave exige, según ellos, responsabilidades políticas y reformas estructurales para evitar situaciones similares en el futuro.
En cuanto a la mejora de la coordinación antiterrorista, todos los grupos coinciden en la necesidad de fortalecer la colaboración entre las Fuerzas de Seguridad y los servicios de inteligencia, aunque el PSOE destaca los avances realizados en los últimos años. También se aborda la atención a las víctimas, con el PSOE sugiriendo reformar la ley de Víctimas del Terrorismo para ampliar su alcance y reconocimiento.
El Partido Popular, por su parte, enfatiza que la radicalización y preparación del atentado pasaron inadvertidas para las fuerzas de seguridad, pero niega cualquier negligencia o responsabilidad del CNI, destacando que el imán de Ripoll no era colaborador de las agencias de inteligencia españolas. Vox, alineado con el PP, argumenta que la investigación no ha aportado novedades relevantes y recalca la integridad de las investigaciones previas.
