La Confederación Intersindical Galega (CIG) ha llevado ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) un recurso contencioso-administrativo en contra del sistema de control de bajas médicas implementado por la Xunta de Galicia. El sindicato acusa al gobierno autonómico de querer entregar el "control" de estas bajas a las mutuas en lo que considera una campaña de "criminalización" de los trabajadores. Del mismo modo, Comisións Obreiras (CCOO) ha comunicado que emprenderá acciones legales por esta situación contra el Gobierno gallego.
El recurso de la CIG se centra en la resolución de la Secretaría Xeral Técnica de la Consellería de Sanidade del 20 de mayo de 2026, que implica una modificación de la instrucción del 1 de abril de 2019. Esta instrucción establece un protocolo común para la gestión clínica y el seguimiento de la incapacidad temporal por parte del personal inspector médico y subinspector sanitario.
El sindicato denuncia que se busca disfrazar de agilización lo que realmente es una transferencia de poder a las mutuas para controlar las bajas médicas
La CIG critica esta resolución por permitir a las entidades privadas realizar pruebas y procedimientos relacionados con la incapacidad temporal bajo una única autorización, cuando anteriormente se requería una autorización para cada prueba solicitada por un profesional de sanidad pública. Paulo Carril, secretario xeral de la CIG, criticó que en lugar de fortalecer la sanidad pública, se fomenta el desvío de fondos hacia la sanidad privada.
En respuesta, CCOO también ha manifestado su oposición, argumentando que la norma refuerza el papel de las mutuas en detrimento de la sanidad pública. Armando Iglesias, secretario de Saúde Laboral, ha pedido la retirada inmediata de la resolución, denunciando que, aunque se presenta como una medida de agilización, en realidad amplía las competencias de las mutuas privadas y debilita el sistema público de salud.
CCOO alerta de que una de las medidas más perjudiciales es la introducción de una autorización única para la coordinación de pruebas y tratamientos por parte de las mutuas, lo que debilita el control de la sanidad pública y podría favorecer altas médicas prematuras. Otra gran preocupación es el manejo de información clínica, ya que la resolución prevé que los resultados de pruebas realizadas por mutuas se incluyan en la historia clínica electrónica, ampliando el acceso a datos sensibles por parte de entidades privadas.
Finalmente, tanto la CIG como CCOO se han desvinculado de la mesa de diálogo social sobre bajas laborales, quedando en ella únicamente la Xunta, la patronal y UGT.
