La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido llevar a juicio con jurado popular a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sin embargo, ha levantado las medidas cautelares inicialmente impuestas, como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y la obligación de firmar en sede judicial cada quince días.
El tribunal ha optado por mantener el juicio contra Gómez solo por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, desestimando las acusaciones de corrupción en los negocios y apropiación indebida que había presentado el juez Juan Carlos Peinado. Asimismo, Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también enfrentará juicio por un delito de malversación relacionado con el supuesto desvío de un software en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), descartándose otros cargos previos.
La investigación continúa contra el empresario Juan Carlos Barrabés, vinculado a la causa, en el ámbito de la adjudicación de contratos públicos.
La relación matrimonial con el presidente podría haber facilitado un tráfico de influencias en beneficio de Begoña Gómez, según la Audiencia
La Audiencia de Madrid argumenta que Gómez podría haber aprovechado su relación con el presidente para obtener beneficios personales, como la creación y dirección inmediata de una cátedra en la UCM sin el necesario control sobre el proyecto. Los magistrados consideran posible que el parentesco con una alta autoridad del Gobierno haya ejercido presión moral suficiente para influir en decisiones académicas, en beneficio personal.
Respecto al software, se indica que fue desviado hacia una empresa personal de Gómez, acción que comportó una deslealtad con la UCM al orientar recursos hacia fines privados. Se destaca también el beneficio económico obtenido, en contraste con la justificación de prestigio y reputación usados para desacreditar los indicios.
Sobre las medidas cautelares impuestas a Gómez y Álvarez, la Audiencia descarta la existencia de un riesgo elevado de fuga que justifique restricciones severas. Ambas, sin embargo, deberán permanecer localizables en todo momento y comunicar cualquier cambio de paradero. Tanto Gómez como Álvarez han cumplido con todas las citaciones judiciales y tienen firmes lazos familiares y profesionales en España.
El proceso judicial se presenta con una notable diferencia entre las partes: la acusación popular liderada por Hazte Oír solicita hasta 24 años de cárcel para Gómez, mientras la Fiscalía y las defensas abogan por la absolución, al no encontrar evidencias concluyentes de delito.
