El portavoz de Elkarrekin Donostia en el Ayuntamiento de San Sebastián, Víctor Lasa, ha cuestionado la legalidad de la prohibición impuesta por el Consistorio donostiarra a las cenas solidarias organizadas por el colectivo Kaleko Afari Solidarioak (KAS). Lasa ha manifestado su intención de impugnar la resolución de Alcaldía que impide estas actividades solidarias en espacios públicos de la ciudad.
En un comunicado, Lasa calificó la medida de completamente desproporcional y comparó la situación con la celebración de eventos como la Semana Grande, Santo Tomás o los partidos de la Real Sociedad, los cuales no son objeto de prohibición según el criterio del alcalde Jon Insausti. Expresó dudas sobre la proporcionalidad y la base legal de esta prohibición, describiéndola como completamente inhumana y humillante para la ciudadanía.
Víctor Lasa sostiene que la prohibición de las cenas solidarias es una medida desproporcionada que penaliza la solidaridad en San Sebastián
Según Lasa, la resolución mezcla cuestiones de ocupación del espacio público, requisitos sanitarios y problemas de seguridad, ninguna de las cuales, argumenta, debería llevar a una prohibición total. Propone que si son necesarias autorizaciones o cumplir con requisitos sanitarios, estas deberían regularse, en lugar de recurrir a prohibiciones. Además, señaló que la presencia de delitos debería ser gestionada por la Policía.
Critica a Insausti por aplicar un criterio diferente únicamente por tratarse de personas vulnerables o sin hogar. Destacó que dar de comer a otra persona no está prohibido y matizó que la resolución ataca específicamente la organización de las cenas por KAS, no la entrega individual de comida entre ciudadanos.
Lasa ha solicitado informes completos de Uso del Espacio Público, Salud Pública y Guardia Municipal sobre los que se basa la resolución. Además, está consultando con expertos en Derecho Administrativo para explorar el recurso legal contra la resolución y solicitar su suspensión cautelar. Asegura que San Sebastián debe ser una ciudad que garantice la seguridad y la convivencia sin recurrir a medidas que considera insolidarias.
