La Junta de Castilla y León ha instado al Gobierno central a retirar su propuesta para el sistema de financiación autonómica, la cual será presentada este viernes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Según el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, esta propuesta no considera las alegaciones de las comunidades autónomas y resulta claramente perjudicial para todo el país, especialmente para Castilla y León.
Fernández Carriedo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, destacó que la mayoría de las comunidades autónomas han solicitado posponer esta reunión debido a la falta de información y documentación sobre un tema tan crucial como el de la financiación autonómica. Desgraciadamente, este mes que ha tenido el Gobierno para reflexionar no ha servido para que cambie su posición, lamentó el portavoz, criticando la falta de intento por parte del Ejecutivo de llegar a un acuerdo que garantice igualdad en la financiación de todas las regiones.
La Junta de Castilla y León considera que el actual modelo de financiación beneficia a los socios separatistas del Gobierno en detrimento del resto del país
Fernández Carriedo censuró que el Gobierno dirigido por Pedro Sánchez pretenda imponer el modelo de Oriol Junqueras para obtener apoyo parlamentario, prolongando la legislatura a cambio de ceder en la financiación autonómica. Esta es una cuestión muy seria que requiere esfuerzo, acuerdo y consenso, subrayó el consejero, al tiempo que acusó al Gobierno de ceder ante posiciones de Esquerra Republicana.
El consejero indicó que el nuevo modelo de financiación resulta perjudicial para Castilla y León, ya que de los 20.795 millones de euros que el Gobierno planea repartir, la comunidad recibiría solo 271 millones. Esta cifra, explicó, refleja un reparto claramente beneficioso para los socios separatistas del Gobierno y perjudicial tanto para España en general como para Castilla y León en particular. Ante esta situación, Fernández Carriedo insistió en la necesidad de que el Gobierno revise su propuesta para alcanzar un acuerdo que beneficie a todas las comunidades autónomas.
