El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, visitará Ceuta la próxima semana para discutir el apoyo económico que la ciudad necesita debido a la crisis migratoria iniciada a finales de julio. Durante su estancia, Cuerpo se reunirá con el Gobierno de la ciudad autónoma, asociaciones empresariales, agentes sociales y empresas, buscando proporcionar apoyo a Ceuta desde las perspectivas humanitaria, de seguridad y económica, según informan fuentes del Ministerio de Economía.
El Ejecutivo está desarrollando un plan de reactivación económica para Ceuta, aunque aún no se ha establecido una cantidad definitiva. Este plan busca mitigar el impacto de la crisis en sectores como el comercio y el turismo. Las primeras estimaciones gubernamentales sugieren la movilización de al menos 15 millones de euros para revitalizar el comercio, mediante reducciones fiscales, disminuciones en las cotizaciones a la Seguridad Social y ayudas directas para compensar el lucro cesante durante la crisis, informa el diario El País.
Entre las medidas previstas están las acciones para impulsar el turismo y el apoyo a un proyecto que ya utiliza agua desalada en la ciudad
Los recursos para esta reactivación se asignarán principalmente mediante decretos en las próximas semanas, en lugar de concentrarse en la primera reunión del Consejo de Ministros tras el parón veraniego, fijada para el 25 de agosto.
Paralelamente, el Gobierno aprobará este martes un fondo de 25 millones de euros destinado a los menores de Ceuta, el cual permitirá financiar el traslado de 500 menores a la Península. Además, ya se han activado otros seis millones de euros para afrontar la emergencia humanitaria, y se prevé disponer de más fondos para asistir a los inmigrantes.
Las acciones gubernamentales frente a la crisis también incluyen medidas de seguridad y justicia. El Ejecutivo aspira a mantener de forma permanente los refuerzos de la Policía Nacional y Guardia Civil en la ciudad, sumando 330 policías y 240 guardias civiles adicionales, con lo que se alcanzaría un total de 1.659 efectivos desplegados. Se trabaja, además, en una solución para mejorar la protección fronteriza en el agua, tras la colocación provisional de una barrera flotante, y se refuerza el sistema judicial para manejar el aumento de procesos de expulsión y solicitudes de asilo.
