El Ministerio de Consumo ha detectado que ciertos cobros en los contratos de alquiler de vivienda habitual, como gastos de gestión y fianzas superiores al mes de renta, son cláusulas abusivas frecuentes. Estas prácticas han sido declaradas ilegales, pero siguen siendo comunes en el mercado inmobiliario.
Según el artículo 20.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), los gastos de gestión o formalización del contrato deben ser asumidos por el arrendador, y las agencias no pueden trasladar estos costes a los inquilinos. Independientemente del nombre que reciban, todos los gastos relacionados con servicios en beneficio del arrendador, como la puesta en alquiler, gestión de visitas o recopilación de información, deben ser cubiertos por el propietario.
El artículo 36 de la LAU estipula que la fianza obligatoria equivale a una mensualidad de renta. Además, es posible pactar una garantía adicional, que no puede superar las dos mensualidades. Cualquier cantidad por encima de estos límites es considerada abusiva. Igualmente, la indemnización por demora en el desalojo es otra práctica cuestionable. Aunque la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios permite pactar indemnizaciones, estas no deben ser excesivas. El abuso se evidencia cuando la compensación supera el triple de la renta diaria.
El Ministerio de Consumo insta a los arrendatarios a revisar sus contratos para detectar cláusulas abusivas y presentar reclamaciones para asegurar el cumplimiento legal
Las cláusulas impuestas unilateralmente sin negociación también son consideradas abusivas. Legalmente, el inquilino puede rescindir el contrato con un preaviso de 30 días tras seis meses. Además, el cobro de gastos procesales por incumplimientos, que fuerzan al arrendatario a cubrir todos los costes judiciales, ha sido declarado nulo en muchos casos por los juzgados. Imponer estos gastos sin tener en cuenta las circunstancias específicas es una práctica contraria a las reglas sobre costas judiciales.
Consumo ha anunciado que enviará información sobre estas cláusulas a organizaciones del sector inmobiliario y arrendatarios, como parte de sus esfuerzos para prevenir abusos y asegurar una correcta aplicación de la normativa. Este tipo de prácticas ya había sido documentado en un informe anterior encargado por el Ministerio sobre contratos de alquiler y compraventa.
