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El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha acusado a su homólogo italiano, Antonio Tajani, de ser uno de los principales obstáculos para lograr la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la Unión Europea. Esta declaración se produjo durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, donde también expresó su descontento con la decisión del Ejecutivo de Giorgia Meloni de extender los controles Schengen con España. En el debate, la diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, criticó la postura del Gobierno español respecto a la amenaza de vetar la entrada de nuevos países en la Unión Europea si antes no se incluye la oficialidad de las lenguas cooficiales en el reglamento lingüístico europeo. Álvarez de Toledo preguntó retóricamente si España está dispuesta a poner en juego la entrada de Ucrania en la UE para satisfacer convenios con Junts, insinuando que estos acuerdos influyen en las solicitudes lingüísticas. El ministro Albares defendió que España apoya la incorporación de Ucrania en la UE, pero denunció que las demoras en la oficialización de las lenguas se deben a las interferencias del PP, que estaría instando a países liderados por gobiernos del Partido Popular Europeo a frenar el proceso Albares señaló directamente a Tajani de Forza Italia, por ser una figura influyente en el PPE, y cuestionó al Partido Popular sobre su colaboración con alguien a quien considera un freno para estas iniciativas. Asimismo, hizo alusión a las restricciones fronterizas impuestas por Italia, catalogándolas de indignas para los ciudadanos españoles. La respuesta de Álvarez de Toledo también incluyó críticas a la gestión gubernamental de la crisis en Ceuta. La diputada afirmó que el Gobierno carece de empatía y fuerza, sugiriendo que sigue las exigencias del líder independentista Puigdemont y…
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha revelado que el Gobierno está planeando una iniciativa legislativa "inminente" para modificar el límite de edad en la prestación de hijos enfermos. Según Saiz, algunas cuestiones requieren un enfoque legal más allá de la vía reglamentaria. Estas declaraciones se produjeron durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, en respuesta a la diputada de Sumar, Aina Vidal, quien cuestionó las reivindicaciones de las asociaciones de familias beneficiarias de la prestación CUME, destinada al cuidado de menores con cáncer u otras enfermedades graves. Saiz ha destacado que se han inclinado significativamente hacia las propuestas de estas asociaciones en el nuevo reglamento que ampliará la prestación CUME y cuya publicación está prevista para octubre. "He mantenido un diálogo constante con estas asociaciones, y como resultado, el nuevo reglamento incluirá cerca de todas las mejoras solicitadas", afirmó la ministra. El nuevo reglamento sobre la prestación CUME abarcará casi todas las mejoras solicitadas por las asociaciones de familias, según anunció la ministra Saiz Entre las novedades, Saiz menciona la posibilidad de elegir entre el médico de atención primaria o el especialista para elaborar los informes, eliminar la incompatibilidad de las prácticas formativas y clarificar situaciones similares al ingreso hospitalario. También se suprimirá la restricción que impedía acceder al subsidio a trabajadores con jornadas a tiempo parcial igual o inferior al 25%. Además, se ha aclarado el procedimiento para la emisión del informe de la inspección del Servicio Público de Salud necesario cada dos años y que el cálculo de la prestación no considerará la reducción de jornada por guarda legal. Aina Vidal, por su parte, ha cuestionado si una entidad privada con intereses económicos debería gestionar el acceso a este derecho de seguridad social, y expresó su colaboración continua para mejorar…
El Partido Popular (PP) planea llevar nuevamente al Congreso la votación para reprobar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, este miércoles. La reprobación se centra en su gestión durante la crisis de inmigración masiva ocurrida en Ceuta el pasado mes de julio. Esta iniciativa está incluida en la moción tras la interpelación realizada la semana pasada a Marlaska, quien destaca como el ministro más reprobado de la legislatura tanto en el Congreso como en el Senado. El PP busca que el pleno del Congreso censure la gestión de Marlaska debido a lo que describen como una evidente desprotección de las fronteras españolas y el abandono de Ceuta, además de las contradicciones en torno a los avisos previos. La moción también insta al presidente del Gobierno a cesar al ministro. Por otra parte, el PP busca que se refuerce de forma inmediata la presencia de la Policía Nacional, la Guardia Civil y, de ser necesario, las Fuerzas Armadas en Ceuta, dotándolas con los recursos materiales y humanos necesarios para asegurar la frontera y restablecer el orden. El plan incluye la implementación de dispositivos de seguridad en espacios públicos y educativos, así como el retorno de quienes entraron ilegalmente en Ceuta. Para ello, plantea el uso de instrumentos jurídicos disponibles a nivel nacional y europeo, y el aumento de recursos para gestionar los expedientes de devolución y asilo. El PP solicita al Gobierno que refuerce la seguridad fronteriza y la gestión del retorno de inmigrantes en Ceuta, reclamando al mismo tiempo una explicación clara a Marruecos sobre los eventos de julio Además, el PP solicita priorizar la identificación y retorno de menores no acompañados a su entorno familiar o al cuidado de los servicios de protección de sus países de origen. En el ámbito diplomático, solicitan llamar a consultas al embajador de…
El Congreso ha sido escenario de un intenso debate tras la presentación de una enmienda por parte del PSOE y Sumar, solicitando el rechazo a los nuevos aranceles impuestos a Cuba por el presidente estadounidense Donald Trump, así como el levantamiento del bloqueo económico. Esta propuesta surge de un texto inicial de Sumar que pedía un levantamiento inmediato, total e incondicional, y definía dichas acciones como una agresión. La versión final, fruto de un acuerdo con el PSOE, suaviza el lenguaje y elimina la solicitud de que España lidere iniciativas concretas en la Unión Europea para acabar con estas medidas, pero mantiene el llamado a reforzar la cooperación con la isla en sectores como la energía, la alimentación y la farmacéutica. Durante el debate, Enrique Santiago, portavoz adjunto del grupo, condenó el bloqueo estadounidense por contravenir principios de la Carta de la ONU, como la soberanía y no injerencia de los estados. Señaló que las recientes órdenes de Trump han exacerbado la crisis económica y humanitaria en Cuba. Por parte del PSOE, Rafaela Romero expresó su oposición a las medidas de presión unilaterales de Estados Unidos, defendiendo la soberanía y el multilateralismo como vías para resolver conflictos. Subrayó que, aunque oponen al bloqueo, no significan apoyo al Gobierno cubano frente a sus ciudadanos, y denunció abusos como detenciones arbitrarias y carencias en derechos humanos. El bloqueo y las medidas unilaterales de Estados Unidos han intensificado las tensiones económicas y humanitarias en Cuba, según denunciaron los portavoces en el Congreso Por su parte, Maribel Vaquero del PNV, consideró que la proposición se queda corta al no abordar la situación interna de Cuba, calificando al gobierno como totalitario y denunciando la falta de libertad y represión. En una línea similar, Isidre Gavín de Junts y Belén Hoyo del PP criticaron que la…
En un reciente pleno, el Congreso ha rechazado, con la abstención del PSOE, la propuesta de ley impulsada por Sumar que buscaba restringir la compra de viviendas exclusivamente a personas físicas, impidiendo así que empresas y fondos de inversión adquieran inmuebles. La iniciativa no ha prosperado debido al rechazo de PP, Vox, Junts y UPN. La proposición, que ya había sido debatida y rechazada anteriormente, también contó con la abstención de PNV y Coalición Canaria, mientras que ERC, Bildu, BNG, Podemos y la diputada de Compromís del Grupo Mixto, Águeda Micó, votaron a favor. El texto ya había sido rechazado en noviembre del año pasado, igualmente con la abstención del PSOE. La Cámara Baja ha vuelto a expresar su rechazo a la reforma propuesta de la Ley de Vivienda de 2023, la cual buscaba modificar el artículo 10 para limitar las transmisiones de propiedad de inmuebles residenciales a entidades empresariales El portavoz adjunto del grupo plurinacional, Alberto Ibáñez, había decidido presentar nuevamente la proposición, en parte, influenciado por el respaldo de figuras internacionales como Donald Trump y el apoyo de Vox. Sin embargo, el Congreso ha mantenido su postura contraria a la reforma que intentaba prohibir tanto la compra onerosa como gratuita por parte de empresas, afectando a viviendas en uso y nuevas construcciones tras obtener el certificado de fin de obra.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha solicitado explicaciones a la Consejería de Sanidad de Madrid debido a una presunta alteración de datos en las listas de espera quirúrgicas del Hospital Ramón y Cajal. Según informó el diario 'El País', dos jefes médicos del hospital habrían reducido la gravedad de algunos pacientes para mejorar las estadísticas de las listas de espera sin el conocimiento de los cirujanos. García compartió en la red social 'X' una carta enviada a la Consejería de Sanidad madrileña donde solicita detalles sobre este incidente y la posible repetición en otros centros sanitarios, además de las medidas adoptadas para subsanar la situación. También ha pedido garantías sobre los procedimientos de control y supervisión de las listas de espera y sobre la autenticidad de los datos enviados al Ministerio de Sanidad a través del Sistema Nacional de Salud. La ministra recuerda que la Ley General de Sanidad otorgó a la Administración General del Estado el papel de establecer sistemas de información sanitaria y realizar estadísticas de interés general Mónica García subrayó la importancia de que estos procedimientos garanticen una comunicación eficaz entre la Administración sanitaria del Estado y las comunidades autónomas, destacando lo establecido en el artículo 40 de la Ley General de Sanidad.
El Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Junts han expresado su crítica hacia la nueva proposición de ley presentada por Sumar que busca prohibir la compra de viviendas por parte de empresas y fondos de inversión, reservando esta opción exclusivamente para personas físicas. El PSOE, por su parte, se ha distanciado de esta medida. La propuesta, ya defendida anteriormente por Sumar en la Cámara Baja, no fue admitida a trámite debido a la oposición de PP, Vox y Junts, con la abstención del PSOE. Alberto Ibáñez, portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, ha recordado que el expresidente estadounidense Donald Trump respaldó una propuesta similar, la cual fue aplaudida por Vox. Ibáñez ha instado a Vox a apoyar el debate del texto, sugiriendo que una verdadera postura patriótica debería incluir el rechazo al capital extranjero en el mercado inmobiliario español. La propuesta de Sumar nuevamente provoca división, generando apoyo entre algunos partidos de izquierda y críticas entre formaciones nacionalistas y de centro-derecha En la discusión parlamentaria, Esquerra Republicana, Bildu, Podemos y el Bloque Nacionalista Galego han dado su respaldo a la admisión a trámite, mientras que el PNV y Junts mostraron su desacuerdo. Maribel Vaquero, portavoz del PNV, calificó la iniciativa de Sumar como ilimitada y con difícil implementación en el actual marco legal. Vaquero argumentó que medidas de este tipo deben ser excepcionales y acotadas, basadas en consideraciones territoriales específicas. Por otro lado, Marta Madrenas de Junts destacó que la propuesta perjudicaría a cooperativas y entidades públicas que buscan facilitar el acceso a la vivienda. Criticó también la falta de límites de renta o patrimonio en el texto, advirtiendo que dejaría sin solución los problemas de acceso a la vivienda para los jóvenes. La postura del PSOE, representada por Irene Jódar, se centra en trabajar dentro de la ley…
El portavoz de Industria de Sumar, Manuel Lago, ha demandado en el Congreso establecer un precio máximo para la gasolina y el gasóleo. Esta solicitud surge ante lo que considera "avaricia" de las compañías petroleras, que según él, han cosechado grandes beneficios en medio de una elevada inflación. Datos del Instituto Nacional de Estadística señalan que el Índice de Precios de Consumo (IPC) aumentó su tasa interanual hasta el 4,3% en agosto, su nivel más alto desde febrero de 2023, impulsado por el aumento de los combustibles. En este contexto, Sumar ha estado impulsando medidas para mitigar el encarecimiento de la vida. Durante un debate sobre una propuesta económica de Podemos, Lago ha afirmado que es necesario que el Gobierno intervenga en el mercado energético. "El Gobierno tiene que intervenir en el mercado petrolero estableciendo un precio máximo de la gasolina y del gasóleo, como ya hacemos con el precio de la bombona de butano", declaró Lago en el Pleno de la Cámara Baja. Manuel Lago señala la necesidad de intervención estatal en el mercado energético para evitar que la "avaricia" de la industria petrolera empobrezca a la sociedad española El diputado gallego ha defendido que regular los precios podría evitar que la población experimente un mayor empobrecimiento debido a las acciones de la industria petrolera. Además, instó a intervenir en el mercado eléctrico, ya que el coste del megavatio hora supera actualmente los 80 euros, más del doble comparado con el periodo previo a lo que califica como "agresión imperialista" de Estados Unidos a Irán. Este incremento ha llevado a que, en las franjas horarias con mayor presencia de centrales de ciclo combinado, el precio del megavatio hora en el mercado mayorista supere los 250 euros. Máximo de 30 euros para el gas usado en la generación eléctrica Lago…
La crisis migratoria de Ceuta, desencadenada los pasados 30 y 31 de julio, volverá a ser un tema candente en el Pleno del Congreso este miércoles. Esta situación gana relevancia tras la reciente desclasificación de hasta 40 documentos que podrían aportar luz sobre la información que manejaba el Gobierno antes de estos hechos. Sin embargo, por segunda semana consecutiva, la ministra de Defensa, Margarita Robles, no participará en la sesión. Aunque las habituales preguntas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no abordan directamente el tema de Ceuta, se espera que este surgirá en el debate. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, indagará si Sánchez considera que se ha degradado la imagen de España. Por su parte, la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, buscará información sobre las decisiones gubernamentales previstas para mejorar los derechos laborales y sociales. Finalmente, Míriam Nogueras, portavoz de Junts, pedirá un balance sobre la situación actual del país. Las interrogantes sobre Ceuta estarán más presentes en las preguntas dirigidas al ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y al de Interior, Fernando Grande-Marlaska. El PP, de la mano de Miguel Tellado, desafiará a Marlaska a confirmar si Ceuta ha regresado a la normalidad. Elías Bendondo cuestionará su diligencia en sus funciones, mientras que el diputado de Vox, Ignacio Gil Lázaro, acusará de engañar a los ceutíes. En este contexto, el PP ha registrado una moción solicitando la reprobación de Marlaska y su cese por su manejo de las fronteras. El PP y Vox plantean mociones y preguntas al Gobierno sobre su gestión de la crisis migratoria en Ceuta, poniendo en el punto de mira a los ministros de Interior y Presidencia Vox también presentará una moción para que el Congreso declare al Gobierno responsable de las tensiones sociales provocadas por permitir la permanencia de inmigrantes…
El Tribunal Supremo ha rechazado la solicitud del expresidente catalán Carles Puigdemont para que se le aplique la ley de amnistía, a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) había avalado esta medida. En su decisión, el magistrado del 'procés', Pablo Llarena, también ha decidido mantener la orden de detención nacional contra Puigdemont, quien está procesado por presunta malversación en el proceso independentista catalán. Llarena ya había denegado en julio de 2024 la aplicación de la amnistía por el delito de malversación debido a dos razones: un supuesto propósito personal de obtener un beneficio de carácter patrimonial y la posible afectación a los intereses financieros de la Unión Europea. Sin embargo, tras una reciente sentencia del TJUE, Llarena ha eliminado la segunda razón, pero ha mantenido la primera, argumentando que la decisión europea no altera esta consideración inicial. La negativa a aplicar la amnistía no se basa en la irrelevancia de la interpretación europea, sino en que esta no afecta al motivo principal de su exclusión original Llarena ha dejado claro que aún se está a la espera de la posición del Tribunal Constitucional (TC) sobre la constitucionalidad de la amnistía, indicando que las sentencias del TC no han afectado la interpretación del beneficio personal en esta causa. El Constitucional empezará a deliberar este mes sobre los recursos de amparo interpuestos por los dirigentes del 'procés' contra las decisiones del Supremo. Adicionalmente, Llarena ha rechazado las solicitudes de archivo del caso y de remitir la competencia al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. También se ha negado a levantar la orden de detención, argumentando que esta petición estaba vinculada al archivo del caso o la aplicación de la amnistía. Por su parte, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha pedido al Tribunal de Cuentas…