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El Congreso de los Diputados votará el próximo martes, 28 de abril, el decreto ley que contempla la prórroga automática de los alquileres con vencimiento en 2026 y 2027. A pesar de la importancia de la norma para los inquilinos, el texto se enfrenta a un contexto complicado, ya que PP, Vox y Junts han mostrado su rechazo, lo que dificulta su aprobación al sumar mayoría absoluta. Este decreto, aprobado previamente por el Consejo de Ministros y publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado 20 de marzo, introduce también una limitación extraordinaria para la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento. Aunque la norma está vigente, su continuidad depende de la convalidación por parte del Congreso en un plazo de treinta días, tal como establece la Constitución. El ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, ha expresado su confianza en la convalidación del decreto. Sin embargo, la oposición de las principales fuerzas políticas de la Cámara Baja podría frustrar sus expectativas. PP, Vox y Junts se han postulado firmemente en contra del decreto, argumentando que lejos de solucionar la crisis de vivienda, sus medidas podrían empeorarla. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha criticado las propuestas de Sumar, señalando que las soluciones planteadas no solo son ineficaces, sino que agravan el problema habitacional. Por su parte, Vox anunció su oposición al decreto desde el principio. En cuanto a Junts, la situación se tensó aún más después de que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, acusara a la formación de clasistas y racistas, lo que llevó a Carles Puigdemont a romper relaciones con el partido minoritario del Gobierno. Ante esta coyuntura, la aprobación del decreto en el Congreso presenta serias dificultades.
Vox solicitará nuevamente esta semana en el Congreso el cese "inmediato" del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, debido a lo que consideran una "responsabilidad política" en la situación de las infraestructuras ferroviarias. El partido atribuye al ministro una responsabilidad vinculada a los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida, que resultaron en la muerte de 47 personas. Vox ha intensificado sus peticiones de dimisión de Puente tras las tragedias ferroviarias y continúa defendiendo esta iniciativa en casi todas las sesiones plenarias. La moción, presentada tras una interpelación urgente al ministro Puente, insta no solo a su reprobación, sino también a su destitución. Este debate coincidirá con la comparecencia del presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, en la Comisión de Transportes del Congreso. Además de solicitar la dimisión del ministro, Vox planteará que se condene la presunta "negligente" gestión del mantenimiento ferroviario y de la red de carreteras del Estado por parte del gobierno, lo que, según el partido, ha llevado al deterioro progresivo de las infraestructuras y a una disminución de la confianza de los ciudadanos en el servicio público.
En un contexto global que demanda una mayor defensa y seguridad, los principales partidos políticos de España —PP, PSOE, Vox, Sumar y UPN— han presentado propuestas para mejorar las condiciones de los miembros de las Fuerzas Armadas con el fin de hacer más atractiva la profesión y estimular el reclutamiento. Entre las medidas se incluye aumentar los sueldos, apoyar la movilidad geográfica y desarrollar un índice de bienestar militar. Las iniciativas surgen de las propuestas de resolución al informe del Observatorio de la Vida Militar para 2024, discutidas en el Congreso, que resaltan un déficit "crónico" de entre 13.000 y 23.000 militares en servicio activo. Este órgano consultivo de las Cortes también advierte del "escaso interés" en ascender dentro del cuerpo, un problema atribuido a los bajos salarios y a las dificultades derivadas de la movilidad. PP, PSOE, Vox, Sumar y UPN coinciden en que es crucial mejorar las retribuciones y facilitar la movilidad de los militares. El Partido Popular sugiere implementar un sistema de compensación por desarraigo, tomando en cuenta el impacto personal y familiar de los traslados. Además, proponen convenios entre el Ministerio de Defensa y los servicios autonómicos de empleo para facilitar la reintegración laboral del cónyuge de personal militar trasladado, ofreciendo orientación, fomento del autoempleo y acceso prioritario a formación pública. Sumar respalda un plan integral de apoyo a la movilidad y la creación de ayudas específicas para situaciones de doble residencia. En cuanto a las compensaciones por servicios extra como guardias, Vox aboga por incluir un concepto remunerativo dentro del sistema retributivo. Asimismo, UPN y Vox piden un aumento del presupuesto destinado a infraestructura logística, mantenimiento y modernización. Respecto al reclutamiento, el PSOE apuesta por "medidas novedosas" que, además de aumentar efectivos, faciliten la retención del talento. Sumar, por su parte, insta al Gobierno a…
El Consejo de Ministros aprobará el próximo martes un anteproyecto de ley que busca reformar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en coincidencia con el Día Internacional de la Seguridad y Salud Laboral. Según ha anunciado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, esta norma necesita una reforma profunda debido a los cambios en las relaciones laborales y modelos productivos desde su implantación en 1995. El anteproyecto, publicado para audiencia pública en marzo, modifica también el Reglamento de los Servicios de Prevención de 1997 e introduce novedades como la actualización de las actividades laborales prohibidas a menores de 18 años. Entre las restricciones, se incluye la prohibición de empleos relacionados con animales peligrosos, la exposición a condiciones pornográficas o violentas, y el trabajo con maquinaria peligrosa. El proyecto busca adaptar la prevención de riesgos laborales a la actualidad y a las nuevas realidades productivas. También se introducirán cambios en el Estatuto de los Trabajadores para reforzar los derechos a la integridad física y moral, así como medidas contra cualquier tipo de acoso. Además, se propone una revisión de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) para abordar mejor las infracciones relativas a igualdad y no discriminación en el ámbito laboral. Otro de los aspectos destacados es la obligatoriedad por parte de las empresas de establecer procedimientos de retorno al trabajo tras ausencias prolongadas y velar por la salud física y mental de los trabajadores, realizando exámenes médicos al inicio de la relación laboral y de forma periódica. La reforma también prevé un aumento del crédito horario para los delegados de prevención y el apoyo a pymes mediante agentes territoriales de prevención. Se bonificará la formación obligatoria en prevención para las pequeñas empresas y se actualizarán los umbrales para constituir servicios de prevención propios.…
El Partido Popular (PP) presentará este jueves en el Congreso una proposición no de ley que solicita al Gobierno medidas económicas y un plan de modernización para la industria del calzado. La propuesta se defenderá en la Comisión de Industria y Turismo con el objetivo de proteger y fortalecer este sector, que tiene una importante presencia en Alicante. El informe sectorial de la Estrategia de Reindustrialización 2024-2028 indica que en 2022 había 2.170 empresas de calzado en la Comunidad Valenciana, representando el 52,4% del total nacional, y 984 empresas auxiliares, el 82% del total estatal. Desde 2014, el número de empresas ha caído un 17,3%, con la desaparición de 453 compañías, y sus ingresos disminuyeron un 28,4% en 2021 comparado con 2015. Además, el sector enfrenta una alta dependencia de las exportaciones, que constituyen el 78,5% de su mercado, y una reducción del 64% en el mercado interno, todo lo cual lo expone a fluctuaciones comerciales y geopolíticas. El Grupo Popular urge al Gobierno a implementar un Plan Nacional de Modernización Industrial que mejore la digitalización, automatización e innovación en el sector del calzado. El PP también propone reforzar la competitividad internacional y la promoción exterior del sector a través de los planes del ICEX y asegurar un control riguroso de la competencia y protección del consumidor, especialmente respecto al calzado importado y vendido en plataformas digitales. Otra iniciativa relevante es la creación de un Centro Nacional del sector del calzado, destinado a mejorar la formación, la transferencia tecnológica y la innovación en la industria. Asimismo, el partido sugiere actualizar el Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales para reflejar las particularidades del sector del calzado en la familia textil y fomentar colaboraciones dentro del clúster industrial de Alicante. En el marco de los futuros Presupuestos Generales del Estado y…
El Partido Popular (PP) elevará esta semana al Pleno del Congreso dos mociones que exigen al Gobierno la presentación "inmediata" del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026, tras tres años de prórrogas. Los últimos presupuestos aprobados datan de 2023 y, desde entonces, las cuentas se han prorrogado automáticamente ante la falta de un nuevo proyecto por parte del Gobierno debido a la compleja aritmética parlamentaria. Tanto el PP como otros socios parlamentarios han reclamado al Ejecutivo que presente un nuevo proyecto de cuentas públicas. En una moción recogida por Europa Press, el Grupo Popular insta al Gobierno a presentar el proyecto de los PGE para 2026, buscando poner fin a lo que denominan una “anomalía institucional” y devolver credibilidad a la política fiscal española. El PP exige al Gobierno cumplir su mandato constitucional presentando el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de manera inmediata Además, el PP debatirá en la Comisión Constitucional otra iniciativa para que el Ejecutivo apruebe y remita a las Cortes los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, con vistas a cumplir su mandato de remitir un proyecto de ley de Cuentas Públicas. El partido también solicita que el Gobierno se abstenga de realizar transferencias de crédito al margen de las restricciones de la Ley General Presupuestaria y cese su práctica de vetar la tramitación de legislaciones promovidas por la oposición. El partido de Alberto Núñez Feijóo sostiene que la Constitución obliga al Gobierno a presentar anualmente unas Cuentas Públicas y que la prórroga prevista no justifica la falta de presentación de un presupuesto. Recuerdan que el Tribunal Constitucional ya reprochó al Ejecutivo el uso de su veto en ejercicios presupuestarios posteriores. Pese a las promesas del Gobierno desde 2023 para presentar nuevos presupuestos, los compromisos no se han cumplido, según el PP,…
Se cumple un año desde el apagón que dejó a millones de personas sin electricidad en España y Portugal, sin que hasta la fecha se haya señalado a un responsable claro. A pesar de varios informes y análisis por parte de distintas entidades, como el Ministerio para la Transición Ecológica, la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (Entso-E) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el culpable del apagón sigue sin identificarse. El Ministerio para la Transición Ecológica fue el más rápido en publicar un informe, calificando el apagón como un evento "multifactorial" vinculado a episodios de sobretensión y desconexiones en las centrales. Entso-E, por su parte, publicó un informe más detallado en marzo de este año, concluyendo que el apagón fue un hecho "sin precedentes" resultado de varios factores combinados. Ambas organizaciones recomendaron mejorar la coordinación en la red eléctrica y la supervisión del sistema. La CNMC, en un informe de naturaleza consultiva presentado casi un año después del incidente, no identificó culpables pero subrayó que existían mecanismos suficientes para haber prevenido el apagón. Sin embargo, la CNMC ha iniciado 55 expedientes sancionadores contra diversas empresas eléctricas, incluyendo a Red Eléctrica de España (REE), Iberdrola y Endesa, entre otras, por posibles infracciones. Un año después del apagón, las responsabilidades permanecen difusas y el coste recae en los tribunales. Además, la Comisión de Investigación del Senado, de carácter político y liderada por el PP, ha señalado al Gobierno, a REE y a la CNMC como responsables del incidente debido a su "inacción regulatoria". Mientras tanto, una nueva comisión en el Congreso de los Diputados ha comenzado sus trabajos con un enfoque similar, lo que augura un nuevo ciclo de acusaciones sin resolver el origen del problema. En términos operativos, el apagón ha…
El Partido Popular (PP) presentará esta semana en el Congreso una propuesta para que el Gobierno apruebe y ejecute de manera "inmediata" un plan destinado a completar hasta cien infraestructuras hídricas pendientes en Andalucía. La iniciativa reclama que el plan cuente con una financiación plurianual "suficiente" para garantizar su completa ejecución, abordando las necesidades de agua que la Junta de Andalucía ha demandado repetidamente. En el documento, al que ha accedido Europa Press, el PP subraya que la política hidráulica es una de las responsabilidades más trascendentes del Estado, al estar vinculada tanto al suministro humano como a sectores estratégicos como la agricultura, la industria o el turismo. A pesar de que los embalses están al 85% de su capacidad, el texto señala un déficit de infraestructuras hídricas y una falta de planificación y ejecución en la región. La escasez de obras de almacenamiento y distribución de agua limita la capacidad de gestión eficiente de los recursos hídricos en Andalucía. Desde 2018, el PP acusa al Gobierno de mantener estancados proyectos hidráulicos de interés general del Estado, afectando diversas provincias: 17 en Almería, 16 en Cádiz, nueve en Córdoba, 11 en Granada, 15 en Huelva, siete en Jaén, 18 en Málaga y siete en Sevilla. Esto, según el PP, supone un agravio en comparación con otras comunidades autónomas y refleja una desatención hacia Andalucía, que por su clima y estructura productiva requiere una gestión del agua moderna y eficaz. Además, el partido destaca que el Gobierno andaluz ha asumido funciones que corresponderían al Estado, invirtiendo desde 2019 más de 125 millones de euros en cauces y cien millones en la mejora de presas bajo su competencia. La falta de respuesta gubernamental a las solicitudes del Parlamento andaluz refleja, a juicio del PP, una preocupante falta de sensibilidad hacia la comunidad…
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, criticó este domingo en Córdoba los acuerdos de gobierno alcanzados entre el Partido Popular y Vox, a los que tildó de "pactos de señoros". Según Sánchez, estos acuerdos suponen "dar una patada a la Constitución" porque violan el principio de no discriminación. Durante un mitin de apoyo a la candidata a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, Sánchez cuestionó las enseñanzas de constitucionalismo del PP y Vox, señalando que "lo primero que han hecho es dar una patada a la Constitución, violando un sagrado principio". Sánchez destacó que su Gobierno tiene prioridades nacionales diferentes a las que plantea la derecha, y comparó la situación actual con la de España en 2018, que describió como "fracturada, estancada y desconfiada". Argumentó que la prioridad debe ser una España que "aposte por la paz, garantice empleos que permitan llegar a fin de mes y asegure una atención sanitaria digna". Según el presidente, se trata de "una España que progresa sin dejar a nadie atrás y que defiende la paz". El presidente recalcó que la prioridad de su Gobierno es un progreso justo y no el retroceso que, a su juicio, propone la oposición. También recordó la comparecencia judicial del expresidente Mariano Rajoy por el 'caso Kitchen', describiéndolo como "la segunda parte de la Gürtel" y afirmó que "la corrupción en el PP no se crea ni desaparece, se transforma". En cuanto a la gestión del presidente andaluz, Juanma Moreno, Sánchez señaló que, aunque utiliza un tono distinto al de Isabel Díaz Ayuso, sigue la "misma melodía" de recortes. Alabó la candidatura de María Jesús Montero, destacando su experiencia como médica y gestora, y defendió su capacidad para reforzar la sanidad pública. Sánchez llamó a la movilización para las elecciones del 17 de mayo y defendió la…
El Partido Popular (PP) ha exigido explicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez por emplear a la empresa pública Tragsa en el proceso de regularización de inmigrantes. El PP argumenta que esta tarea debería estar en manos de los funcionarios y no ser externalizada. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del partido, Cuca Gamarra, ha declarado a Europa Press que la administración se encuentra en un estado de colapso por la falta de recursos asociados al decreto de regularización, lo cual podría generar un "coladero" de demandas. En este contexto, Gamarra ha calificado la medida por parte del Gobierno como una improvisación y considera que no es legal que Tragsa, una entidad sin competencias para esta labor, gestione la regularización. La dirigente del PP ha señalado que organizaciones como sindicatos, el Consejo de Estado y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad también han expresado su desacuerdo, subrayando que estas funciones deben ser administradas por funcionarios. El Gobierno ha colapsado la administración por aprobar este decreto de regularización sin aportar los medios y recursos necesarios. La polémica se ha intensificado con las afirmaciones de Gamarra de que el proceso de regularización podría facilitar la delincuencia al no haberse establecido los medios necesarios. Según la portavoz, el Ejecutivo se sustenta en políticas "improvisadas" y usa la victimización como excusa para eludir responsabilidades. Además, el PP ha censurado que en lugar de reforzar las plantillas, se haya optado por un "plan de choque" que incluye horas extra y la ampliación de horarios de los empleados públicos, además de externalizar funciones a Tragsa. El partido también ha denunciado que el Gobierno vetó su enmienda en la Ley de Multirreincidencia, destinada a mejorar las plantillas, señalando el presunto impacto económico de la medida. El Grupo Popular ha registrado una serie de preguntas en el Congreso para que…