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La Comisión de Defensa del Congreso debatirá este jueves la posibilidad de ampliar el embargo de armas y productos de defensa a Israel, que actualmente cubre la venta de material militar, incluyendo también material policial y de vigilancia que Israel podría usar en Palestina. Esta propuesta viene impulsada por Sumar, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Bildu en el contexto de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza y Cisjordania. El Congreso de los Diputados ya aprobó, a principios de octubre de 2025, un embargo sobre la compraventa de armamento con Israel. Esta medida, que contó con el respaldo del Gobierno, buscaba presionar a Tel Aviv debido a sus acciones en los territorios palestinos ocupados, las cuales fueron descritas por el Ejecutivo español como un genocidio. Desde el 7 de octubre de 2023, fecha de inicio de la ofensiva israelí en respuesta a un ataque de Hamás, se aplicaba una restricción de facto al comercio militar con Israel, según explicó el presidente Pedro Sánchez. En lo que respecta a la economía, en 2024, España exportó a Israel componentes valorados en 1,45 millones de euros, pero estos fueron destinados a terceros países. Hasta el primer semestre de 2025, no se realizaron exportaciones hacia Israel, conforme a informes de la Secretaría de Estado de Comercio. El país ha denegado 219 licencias de exportación e importación de material de defensa desde octubre de 2023. La Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU) ha rechazado, desde entonces y hasta enero de 2026, 64 licencias de exportación y 4 de importación a Israel. Las propuestas de Sumar, ERC y Bildu buscan extender la prohibición de transferir a Israel cualquier armamento, equipo, tecnología o componente que pueda violar el Derecho Internacional Humanitario o los Derechos Humanos. Estas…
Sumar ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para exigir al Gobierno español que denuncie la situación de los presos políticos saharauis en Marruecos y solicite su liberación inmediata. La iniciativa busca alinear la postura del Gobierno con el respeto al Derecho Internacional que ha demostrado en otras ocasiones. La propuesta, defendida por los diputados Enrique Santiago, Gerardo Pisarello y Tesh Sidi, insta al Ejecutivo a denunciar por los cauces oportunos la situación de los presos políticos saharauis en las cárceles de Marruecos. Además, se demanda que España exhorte a la liberación inmediata de estos detenidos y garantice un proceso justo y condiciones dignas en consonancia con el Derecho Internacional, incluyendo el respecto a los derechos fundamentales y la mejora de las condiciones de detención. En el documento presentado, Sumar argumenta que desde hace cinco décadas se ha documentado un patrón de represión sistemática por parte del Reino de Marruecos hacia la población saharaui, especialmente contra quienes defienden pacíficamente su derecho de autodeterminación. Uno de los casos citados es el del grupo Gdeim Izik, cuyos miembros, detenidos durante las protestas de noviembre de 2010 en el Sáhara Occidental, continúan en duras condiciones de detención, sufriendo aislamiento, malos tratos y restricciones a derechos fundamentales como la atención sanitaria y las visitas familiares. El Gobierno de España debe intervenir para contribuir a la defensa de los Derechos Humanos de los saharauis, coherente con su postura en otros contextos internacionales. Sumar también ha destacado la protesta de los estudiantes y presos políticos saharauis Brahim Babeit y Salah-Eddine Sabbar, quienes han iniciado una huelga de hambre indefinida en la prisión de Ait Melloul (Marruecos) para denunciar su situación y exigir condiciones dignas de detención. Ante este panorama, la formación considera que una intervención del Gobierno español es necesaria…
El juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, tomará declaración este martes a Óscar Sánchez, exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Sánchez, quien permanece en prisión provisional desde finales de 2024, está implicado en una investigación sobre una red de narcotráfico, y presuntamente tenía 20 millones de euros ocultos en su domicilio. La audiencia se llevará a cabo por videoconferencia a partir de las 10:00 horas, tal como lo establece una providencia del magistrado. Esta citación se produce poco después de que la Audiencia Nacional decidiera levantar el procesamiento de Sánchez, tras estimar un recurso de la Fiscalía Antidroga que solicitaba continuar con la instrucción. La Sala de lo Penal del tribunal se alineó con la postura del Ministerio Público, contrariando al juez instructor que había procesado a varios involucrados, entre ellos Ignacio Torán, presunto líder de la red criminal, y otros investigados. La declaración anterior de Sánchez, programada para principios de marzo, fue suspendida cuando su abogado se negó a convertirla en indagatoria sin el tiempo suficiente para analizar el auto de procesamiento, publicado recientemente. En octubre de 2024, la Policía y la Agencia Tributaria descubrieron 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras, marcando un hito como el mayor alijo incautado en España. La investigación, que se centra en múltiples sospechosos y empresas presuntamente vinculadas al narcotráfico, se puso en marcha tras este hallazgo. Según documentos de la causa, Sánchez habría facilitado la entrada de al menos 39 contenedores, de los cuales solo dos fueron interceptados, transportando unas 73 toneladas de cocaína, por las que Torán le habría pagado más de 32 millones de euros. El juez instructor indicó que la colaboración de Sánchez con la supuesta trama de narcotráfico consistía, fundamentalmente, en realizar consultas en bases de…
El Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo (OIET) ha contabilizado 190 incidentes de extrema derecha en 15 países a lo largo de 2025, siendo Estados Unidos el epicentro de esta actividad con 99 incidentes, lo que representa el 52,1% del total. Según el informe del OIET, al que ha tenido acceso Europa Press, este país no solo concentra la mayor cantidad de episodios extremistas, sino que también exporta modelos organizativos, tácticas e ideologías. En España, el informe recuerda la operación policial llevada a cabo en noviembre de 2025 en Castellón, que resultó en el desmantelamiento de una célula del grupo extremista The Base. Durante la operación, la Policía requisó manuales tácticos, planes de sabotaje e infraestructuras de comunicaciones cifradas. Según el OIET, "España ha dejado de ser un mero espacio de tránsito ideológico para convertirse en un territorio donde el extremismo de derecha puede estructurarse con fines terroristas". Estados Unidos ejerce un papel esencial no solo como foco de actividades extremistas, sino también como fuente de inspiración para grupos en Europa y Oceanía. El análisis del OIET destaca a grupos estadounidenses como Patriot Front y Blood Tribe, quienes actúan como modelos a seguir para células en otros continentes. Además, muchos ideólogos de Estados Unidos logran radicalizar audiencias internacionales mediante plataformas digitales. Reino Unido es el segundo país más afectado, con 24 incidentes en 2025 comparados con los nueve de 2024. Este incremento se da en un contexto caracterizado por las secuelas del Brexit, tensiones raciales y la actividad de grupos neonazis como Patriotic Alternative. Dos ideologías dominan el panorama extremista de 2025: el neonazismo, responsable del 29,5% de los incidentes, y la supremacía blanca, asociada al 22,5%. El OIET advierte que estas ideologías han mostrado una notable capacidad de adaptación en los entornos digitales y en la captación de nuevas…
El Tribunal Supremo celebrará este viernes una vista para evaluar varias peticiones que buscan suspender temporalmente el real decreto del Gobierno sobre la regularización extraordinaria de migrantes. Este proceso se realiza mientras se determina el fondo del asunto. Originalmente programada para el 13 de mayo, la audiencia fue pospuesta por razones de servicio, según informó una providencia recogida por Europa Press. Las organizaciones y entidades que han solicitado la suspensión cautelar del decreto incluyen a Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, Libertad y Justicia, Vox y la Comunidad de Madrid. Por su parte, la Abogacía del Estado acudirá en defensa del decreto, argumentando que su paralización afectaría directamente los derechos de las personas extranjeras involucradas y el interés general, según un informe al que ha tenido acceso dicha agencia de noticias. El Ejecutivo defiende que detener el decreto afectaría los derechos de los migrantes y el interés general. Hazte Oír sostiene que el decreto excede los límites legales y modifica estructuralmente la política migratoria del Estado, produciendo efectos directos y duraderos. La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica advierte del riesgo cierto de perjuicio irreparable, debido al volumen extraordinario de solicitudes, la creación de situaciones jurídicas individualizadas y la emisión de autorizaciones de residencia y trabajo. Vox, a través de Ignacio Garriga, critica que se legaliza lo que consideran una invasión migratoria y envía un mensaje inoportuno a nivel internacional. La Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso, argumenta que la medida impacta gravemente la prestación de servicios públicos en la región sin ofrecer mecanismos de financiación o provisión de recursos, además de contravenir la normativa europea y afectar la seguridad. En abril, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó esta regulación, cuyo objetivo es beneficiar a 250.000 solicitantes de asilo y a…
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha presentado una proposición no de ley ante el Congreso de los Diputados instando a condenar los recientes ataques ejecutados por Estados Unidos e Israel contra instituciones académicas en Irán y Líbano, respectivamente. La iniciativa, a la que ha accedido Europa Press, busca debatirse en el Pleno de la Cámara Baja y, de ser aprobada, supondría la condena de "los ataques contra la Facultad de Ciencias de la Universidad Libanesa en Hadath y contra la escuela de primaria femenina de Minab (Irán), además de cualquier agresión a instituciones educativas en contextos de conflictos armados". La exposición de motivos del PSOE destaca la muerte del decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Libanesa, junto a otro profesor, a causa del impacto de un dron israelí el 12 de marzo en las inmediaciones de Beirut. Además, se menciona el fallecimiento de al menos 175 personas, en su mayoría niñas, tras un bombardeo en la escuela de primaria femenina en Minab (Irán) el 28 de febrero, en un ataque estadounidense que alegadamente fue un error. España, como firmante de los Convenios de Ginebra y miembro comprometido con la agenda de la ONU para la protección de la infancia y la educación en conflictos, no puede permanecer impasible ante estos hechos. Con esta proposición, los socialistas instan al Gobierno a exigir el respeto al Derecho Internacional, subrayando la necesidad de proteger las instituciones educativas como bienes civiles. También hacen un llamado a promover medidas que aseguren la igualdad de acceso a la educación en situaciones de conflicto, resaltando su importancia para lograr la paz y la seguridad. Finalmente, la iniciativa busca que el Congreso insta al Ejecutivo a fomentar la moderación en el uso de la fuerza y a optar por el diálogo diplomático como única…
El sindicato ESK ha afirmado que la suspensión de la huelga en Tubos Reunidos no supone una rendición ni la aceptación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) ni del cierre de la acería. Aseguran que la lucha cambia de fase, pero continúa, subrayando que la empresa no ha ganado nada mientras la plantilla se mantenga organizada y activa en la defensa de sus intereses. En un comunicado, ESK detalló que la decisión de suspender la huelga indefinida, que ha durado 96 días, fue adoptada por mayoría del comité de huelga y se hará efectiva a partir de las 06:00 horas del lunes, momento en el que los trabajadores retomarán su actividad laboral. Según el sindicato, su postura inicial era prolongar la huelga hasta que la empresa retirase el ERE, o al menos, hasta obtener claridad sobre su intención de mantenerlo dentro del concurso y en qué condiciones se podría combatir. El sindicato sostiene que la presión de los trabajadores es una herramienta crucial para forzar la retirada de medidas que consideran perjudiciales para los empleos, la acería, la logística y la viabilidad industrial de Tubos Reunidos. Sin embargo, ESK acepta colectivamente la voluntad de la mayoría y se prepara para esta nueva fase junto a otras secciones sindicales, con el objetivo de oponerse al ERE y proteger el futuro de la fábrica. Suspender la huelga no significa rendirse ni aceptar el ERE o el cierre de la acería, sino ajustarse a una nueva fase de lucha. El sindicato enfatiza que para asegurar el futuro de Tubos Reunidos, la planta debe funcionar como una unidad integral. Destacan que para producir tubos se necesita el acero adecuado, y que la acería, junto con la logística interna, son componentes claves que no pueden externalizarse sin consecuencias negativas para la producción y el…
El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha citado a declarar este jueves al empresario Víctor de Aldama como parte de la investigación del conocido 'caso Koldo'. Esta decisión se produce después de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil presentara un informe sobre contratos de material sanitario adjudicados en Baleares, vinculados a una presunta trama de corrupción relacionada con la pandemia. Inicialmente, tanto Aldama como Koldo García, exasesor del ministro de Transportes José Luis Ábalos, estaban programados para declarar el 14 de mayo. Sin embargo, la declaración de Aldama fue pospuesta a la semana siguiente debido a un ajuste en la agenda de la Audiencia Nacional, según una providencia revisada por Europa Press. Durante su pasada cita, Koldo se acogió a su derecho a no declarar. La defensa de Koldo argumenta que los hechos por los que se le investiga ya han sido juzgados por el Tribunal Supremo, y ha solicitado el archivo de la causa. La abogada de Koldo, Leticia de la Hoz, insiste en que las acusaciones relacionadas con las mascarillas en Baleares y Canarias ya fueron tratadas en un juicio anterior en el Supremo. Además, indicó que en dicho juicio se presentaron como testigos los expresidentes regionales Francina Armengol y Ángel Víctor Torres, lo que habría agotado las vías investigativas sobre estos asuntos. La Fiscalía Anticorrupción solicitó las declaraciones de Koldo y Aldama para investigar las conexiones entre los miembros de lo que se cree es una organización criminal. El informe de la UCO destacó que Aldama habría pagado a Koldo 10.000 euros mensuales para facilitarle acceso al entorno de Ábalos. Estos pagos habrían continuado incluso después de la salida del ministro y su asesor del cargo en julio de 2021. Más allá de los contratos de material sanitario, el juez Moreno explora…
La comisión del Congreso que investiga la gestión de la inundación provocada por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) de 2024 en Valencia comenzará a escuchar testimonios clave esta semana. Este lunes, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, comparecerá ante la comisión. El martes será el turno de Maribel Vilaplana, la periodista que coincidió en una comida con el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, el día de la tragedia. Polo ya ha prestado declaración en el juzgado de Catarroja, que lleva la causa penal por la riada, y también ha comparecido ante el Senado, que mantiene su propia investigación sobre el desastre. En su declaración ante los senadores el pasado mes de febrero, Polo afirmó que no hubo un vacío informativo para el Barranco del Poyo entre las 18:00 y las 18:43 horas del 29 de octubre de 2024. Según explicó, el Sistema Automático de Información Hidrológica (S.A.I.H.) captaba y publicaba datos sobre el barranco, aunque a posteriori se constató que nadie miró esa información. Para Polo, el problema principal fue la falta de planificación en la protección civil. La ausencia de decisiones estratégicas en el Cecopi fue uno de los problemas críticos durante la gestión del desastre. En su comparecencia judicial, Polo detalló que había propuesto al Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) alertar a la población sobre la situación. Mencionó que en esa reunión se generó incertidumbre respecto a la presa de Forata, señalando una posible coronación pero sin concluir que colapsaría. Polo transmitió que en la CHJ había una percepción de inacción por parte del Cecopi, lo que llevó a una reunión tensa y que él mismo comunicó al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. Según Polo, el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, reiteró que la ley…
El Ministerio de Sanidad ha anunciado que este lunes se realizará una segunda prueba PCR a los españoles que continúan aislados en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Esta decisión sigue el protocolo establecido por la Comisión de Salud Pública al cumplirse una semana desde la primera prueba. Si el resultado de la nueva PCR es negativo, los pacientes que están siendo vigilados podrán abandonar sus habitaciones para acceder a las zonas comunes de su planta. Además, tendrán la posibilidad de recibir visitas de sus familiares, siempre bajo las medidas de protección y prevención dictadas por las autoridades sanitarias. De los 14 españoles que permanecen en el Hospital Gómez Ulla, un paciente de 70 años dio positivo en hantavirus. La ministra de Sanidad, Mónica García, informó el viernes pasado que este paciente presenta una evolución favorable y se encuentra casi asintomático. Los otros 13 ciudadanos en cuarentena también permanecen asintomáticos. La ministra García destacó que la situación es alentadora, ya que el paciente positivo en hantavirus muestra signos casi asintomáticos. En otro caso relacionado, la cuarta prueba PCR realizada a una mujer en seguimiento en Alicante dio negativa, según informó la Generalitat Valenciana. La mujer seguirá ingresada en el hospital alicantino donde podrá recibir visitas, siempre que se cumpla el protocolo del Ministerio de Sanidad y se utilice el equipo de protección personal adecuado.