El sindicato ESK ha afirmado que la suspensión de la huelga en Tubos Reunidos no supone una rendición ni la aceptación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) ni del cierre de la acería. Aseguran que la lucha cambia de fase, pero continúa, subrayando que la empresa no ha ganado nada mientras la plantilla se mantenga organizada y activa en la defensa de sus intereses.
En un comunicado, ESK detalló que la decisión de suspender la huelga indefinida, que ha durado 96 días, fue adoptada por mayoría del comité de huelga y se hará efectiva a partir de las 06:00 horas del lunes, momento en el que los trabajadores retomarán su actividad laboral. Según el sindicato, su postura inicial era prolongar la huelga hasta que la empresa retirase el ERE, o al menos, hasta obtener claridad sobre su intención de mantenerlo dentro del concurso y en qué condiciones se podría combatir.
El sindicato sostiene que la presión de los trabajadores es una herramienta crucial para forzar la retirada de medidas que consideran perjudiciales para los empleos, la acería, la logística y la viabilidad industrial de Tubos Reunidos. Sin embargo, ESK acepta colectivamente la voluntad de la mayoría y se prepara para esta nueva fase junto a otras secciones sindicales, con el objetivo de oponerse al ERE y proteger el futuro de la fábrica.
Suspender la huelga no significa rendirse ni aceptar el ERE o el cierre de la acería, sino ajustarse a una nueva fase de lucha.
El sindicato enfatiza que para asegurar el futuro de Tubos Reunidos, la planta debe funcionar como una unidad integral. Destacan que para producir tubos se necesita el acero adecuado, y que la acería, junto con la logística interna, son componentes claves que no pueden externalizarse sin consecuencias negativas para la producción y el empleo.
ESK critica la postura de la dirección de la empresa que aboga por despidos y externalizaciones bajo la premisa de asegurar el futuro de Tubos Reunidos, afirmando que tal estrategia debilita la empresa en lugar de fortalecerla. Advierten además sobre la implicación de recursos públicos en la empresa, señalando que durante años las pérdidas han sido socializadas mientras las ganancias se privatizaban, y ahora exigen acción de las instituciones, incluido el Gobierno español y la SEPI.
El sindicato exige una movilización estratégica de los recursos públicos, argumentando que la solución no puede ser financiar despidos y cierres, sino reestructurar la deuda, asegurar un plan industrial efectivo y proteger la integridad de la fábrica en su totalidad.
