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El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha calificado de "bochornosa" la situación política actual en España, afirmando que los ciudadanos no merecen vivir bajo estas circunstancias. Garamendi expresó su opinión en el Congreso, donde los medios le preguntaron sobre la posibilidad de un adelanto electoral demandado por algunos partidos a causa de las dificultades legislativas del Gobierno y las investigaciones judiciales que lo afectan. La situación política en España es "bochornosa" y los ciudadanos no merecen lo que están viviendo, según Antonio Garamendi El líder de la patronal hizo un llamamiento al respeto hacia los jueces y subrayó la importancia de no cuestionar su independencia en función de sus decisiones. También mostró su apoyo a las Fuerzas de Seguridad del Estado y a la "prensa libre", destacando su papel en la transparencia. Garamendi destacó que la situación actual está dañando la imagen de España en el exterior, afectando la confianza de inversores y empresarios, y enfatizó la necesidad de "seguridad jurídica, estabilidad regulatoria" y "confianza". Criticó la falta de diálogo entre los grupos políticos y la ausencia de acuerdos de Estado en temas nacionales importantes, como la regularización de inmigrantes. Sin hacer recomendaciones específicas sobre alianzas, aseguró que los partidos deben ser responsables de sus propuestas. Finalmente, instó a los políticos a actuar con responsabilidad, afirmando: "Nos merecemos, en el plano político, que los responsables políticos sean responsables y hagan lo que tengan que hacer". Durante una intervención en la Confederación Estatal de Servicios, Garamendi reprochó la falta de nuevos Presupuestos Generales del Estado desde 2023, advirtiendo sobre el aumento del absentismo laboral que ha costado 33.000 millones de euros anuales. Señaló que en el ámbito privado, una falta de presupuestos tendría consecuencias inmediatas. Además, alertó sobre el crecimiento de la deuda pública y…
Amazon ha anunciado una nueva edición de su 'Prime Day', que tendrá lugar en España del 23 al 26 de junio. Este evento coincide con el 15º aniversario de la llegada de la multinacional al país y ofrece descuentos en una amplia gama de categorías, desde moda y belleza hasta productos de cocina y hogar. Durante estos días, los clientes Prime podrán acceder a ofertas destacadas y ahorrar en productos esenciales para la campaña de verano. El evento, que se extiende por cuatro días, ha sido diseñado para ofrecer a los consumidores más tiempo para explorar las ofertas disponibles, comparar marcas y realizar sus compras de manera cómoda. Así lo ha explicado Jamil Ghani, vicepresidente mundial de Amazon Prime, quien destacó la importancia de escuchar a los miembros de Prime. "Volvemos a hacerlo cuatro días, porque escuchamos a nuestros miembros, que valoran tener más tiempo para descubrir las ofertas", comentó. En España, Amazon Prime es mucho más que compras; incluye una oferta de entretenimiento con propuestas como el festival 'El Jaleito' En esta edición, una de las novedades es el festival 'El Jaleito', que se celebrará el 17 de junio en The Lenovo Garage de Madrid. Este evento incluirá música, actividades, premios y experiencias, y forma parte de la estrategia de Amazon para ofrecer más allá de las compras exclusivas. Durante el 'Prime Day', los clientes tendrán la oportunidad de explorar nuevas ofertas cada día, incluyendo promociones limitadas en productos recién lanzados y descuentos significativos, como las Mega Ofertas Prime, con rebajas del 40% o más. Además, se ofrecerán productos de marcas reconocidas como Adidas, Cecotec, Dodot, Dyson, Levi's y Samsung, así como productos de pequeñas y medianas empresas. Ruth Díaz, directora general de Amazon para España y Portugal, subrayó el entusiasmo de la empresa por esta iniciativa. "Este año…
La sede del Instituto Cervantes en Utrecht se ha convertido en el último escenario de una batalla que España arrastra desde hace más de diez años. Lo que en apariencia es un edificio cultural en Países Bajos forma parte ahora de un conflicto mucho mayor, el de los inversores internacionales que reclaman al Estado español el pago de indemnizaciones millonarias por los recortes aplicados a las energías renovables. El caso ha llamado la atención porque varios acreedores aseguran que han dado pasos para ejecutar el inmueble y llevarlo a subasta. Es decir, intentan convertir ese edificio en dinero para cobrar parte de lo que España les debe según distintos laudos arbitrales. El Instituto Cervantes y el Gobierno, por su parte, niegan que la sede haya sido vendida o subastada y defienden que están actuando para levantar el embargo. Para entender cómo se ha llegado hasta aquí hay que retroceder a los años del boom renovable. España aprobó en 2007 un sistema muy atractivo para atraer inversión en energía solar, termosolar y eólica. El Estado garantizaba unas primas o ingresos regulados a quienes invirtieran en estas tecnologías. El objetivo era acelerar la transición energética y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. El problema llegó después. Con la crisis económica y el aumento del déficit del sistema eléctrico, el Gobierno cambió las reglas. A partir de 2013 se recortaron los incentivos y se sustituyó el modelo anterior por otro basado en una llamada "rentabilidad razonable". Para el Estado, era una reforma necesaria para contener los costes. Para muchos fondos e inversores extranjeros, fue un cambio inesperado que rompía las condiciones bajo las que habían invertido. A partir de ahí empezaron las demandas. Varios inversores acudieron a tribunales internacionales de arbitraje alegando que España había dañado sus inversiones. Muchos de esos tribunales…
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha asignado la zona minera de Morille, en Salamanca, a favor del Estado. Esta decisión se enmarca dentro del Programa Nacional de Exploración Minera 2026-2030, según se detalla este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La reserva estará destinada a investigaciones sobre materias primas fundamentales y estudios para su potencial recuperación en residuos mineros. Estas materias primas son esenciales para la economía europea y presentan un alto riesgo en su suministro, tal como ha indicado el Ministerio. Actualmente, existen pocas reservas a favor del Estado, como la de Agua Blanca en Badajoz, que contiene níquel y cobre, o la de Pinoso en Alicante, que cuenta con sal gema. Las reservas mineras del Estado pueden ser de naturaleza especial, provisional o definitiva, y son gestionadas por el Estado directamente, una empresa por concurso público, o un consorcio entre el Estado y una firma privada. La semana pasada, el Ministerio también reservó la zona minera de San Silvestre de Guzmán en Huelva, como parte del mismo programa, con el objetivo de buscar minerales esenciales. El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y Hunosa serán los encargados de llevar a cabo las actividades previstas durante al menos tres años. En 2026, se redactarán los proyectos de ingeniería y geología, junto a los planes de restauración, que se presentarán para su trámite ministerial. La reserva de Morille, situada en el Macizo Ibérico, apunta a investigar minerales claves para sectores como la industria metalúrgica y tecnológica Las actividades de investigación en Morille incluirán vuelos geofísicos, recolección de muestras superficiales, campañas geoquímicas en rocas y arroyos, geofísica terrestre, calicatas y sondeos, además de medidas para proteger el medio ambiente. Con una extensión de 9.293 cuadrículas mineras, se estudiarán recursos minerales como estaño, wolframio,…
El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha anunciado la convocatoria de movilizaciones en la Administración General del Estado (AGE) para el próximo 9 de junio. El objetivo es reclamar un salario mínimo de 1.500 euros netos mensuales, denuncian que cerca de 30.000 empleados, aproximadamente el 15% de la plantilla, perciben ingresos próximos al salario mínimo interprofesional actual, fijado en 1.221 euros mensuales distribuidos en catorce pagas. CCOO advierte que los sueldos extremadamente bajos en la AGE representan un riesgo para el mantenimiento de los servicios públicos, lo que, según el sindicato, afecta a la cohesión social y penaliza a la población con menos recursos. Las protestas se llevarán a cabo el 9 de junio a las 12.30 horas frente al Ministerio de Hacienda en Madrid, con el fin de exigir salarios dignos que aseguren la eficacia de unos servicios públicos fundamentales, considerados bajo mínimos. Según CCOO, el sueldo en la Administración General del Estado es insuficiente para hacer frente al incremento del coste de la vida Desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO se indica que, aunque se negocien incrementos salariales que intenten acompañar al alza del IPC, el poder adquisitivo de los empleados públicos se ve afectado debido al aumento más rápido del costo de la vida. La crisis provocada por la especulación inmobiliaria y los gastos adicionales relacionados con conflictos por recursos contribuyen a este deterioro económico. El sindicato señala que tanto el personal laboral como el funcionario de la AGE se ven afectados, especialmente las categorías con salarios más bajos. La falta de financiación para desarrollar el V Convenio Único, que ampara a los empleados laborales, la ausencia de una carrera profesional y la falta de teletrabajo con criterios homogéneos, dificultan la retención y atracción de talento. CCOO exige un reconocimiento salarial mínimo que refleje…
El Partido Popular (PP) y Vox están en la fase final de las negociaciones para establecer un nuevo acuerdo de gobierno en Castilla y León que permita la investidura del candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco. Las conversaciones están "muy avanzadas", según fuentes del PP, aunque todavía no se han cerrado definitivamente. Se espera que el acuerdo incluya la participación de Vox en varias consejerías, así como la vicepresidencia del gobierno, además de incorporar el concepto de prioridad nacional. Esta fórmula ya ha sido empleada en acuerdos similares entre ambos partidos en Extremadura y Aragón. Las negociaciones han cobrado intensidad tras las elecciones andaluzas del 17 de mayo El PP ganó las elecciones en Castilla y León logrando 33 escaños, incrementando su representación en dos procuradores respecto a los anteriores comicios, con un 35,4% de los votos. Sin embargo, para poder gobernar necesitan alcanzar la mayoría absoluta, que se sitúa en 42 procuradores. Frente a ellos, el PSOE consiguió 30 escaños, mientras que Vox aumentó su representación a 14 escaños. Este acuerdo marcaría la segunda ocasión en que Mañueco forma una coalición de gobierno con Vox en la región. Tras las elecciones de 2022, ambos partidos compartieron el poder, aunque un año después Vox puso fin al pacto debido a discrepancias sobre la política de acogida de menores migrantes no acompañados promovida por el PP.
La Conferencia de Presidentes lleva un año sin reunirse desde la última convocatoria en junio de 2025 en Barcelona, a pesar de que su reglamento exige dos encuentros anuales. Durante este periodo, varias comunidades autónomas han solicitado su reactivación, pero el Gobierno central no tiene previsto convocarla a corto plazo. El Gobierno había planeado celebrar una conferencia a finales del año pasado en Asturias, sin embargo, el adelanto electoral en Extremadura provocó su aplazamiento indefinido. Posteriormente, se sucedieron procesos electorales en Aragón, Castilla y León y Andalucía, impidiendo la celebración de la reunión. El Ejecutivo prefiere convocar cuando todos los presidentes autonómicos estén investidos, así que queda por ver qué decidirá ahora, tras las elecciones en Andalucía. Varias comunidades han solicitado reactivar la Conferencia de Presidentes para discutir temas como la guerra en Irán y la financiación autonómica Presidentes como Fernando Clavijo de Canarias e Imanol Pradales del País Vasco enviaron una carta al presidente Pedro Sánchez reclamando la convocatoria para abordar las repercusiones de la guerra en Oriente Medio. Por su parte, comunidades gobernadas por el PP han instado al Ejecutivo a tratar sobre la reforma de la financiación autonómica planteada por el Ministerio de Hacienda recientemente. La última conferencia, en junio de 2025, estuvo marcada por el uso de lenguas cooficiales, hecho que generó polémica cuando la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso se levantó al escuchar euskera. Además, en ese encuentro las diferencias entre el Gobierno central y los líderes del PP en temas como vivienda, financiación y migración se hicieron evidentes, complicando la consecución de acuerdos.
La comisión del Congreso encargada de investigar la gestión de la devastadora Dana del 29 de octubre de 2024 tiene previsto recibir este lunes al director gerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), Alfonso Novo, y al periodista Iván Esteve, quien era jefe de Informativos de À Punt en el momento del desastre. Esta jornada comenzará con el interrogatorio a Novo por los integrantes de la comisión, presidida por la socialista Carmen Martínez, para esclarecer la actuación de FGV durante la catástrofe. En la sesión vespertina, será el turno de Esteve. Iván Esteve ya compareció hace casi dos semanas en el juzgado de Catarroja, donde se investiga la posible responsabilidad penal en la gestión de la riada que ocasionó 230 muertes en la provincia de Valencia. Durante su declaración, el periodista manifestó su sorpresa al no recibir información oficial del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) aquella tarde, destacando que la cobertura del evento por parte de À Punt se basó en el trabajo de sus propios reporteros y en los datos proporcionados por las autoridades locales. La falta de información oficial del Cecopi obligó a los medios a apoyarse en fuentes locales y testimonios de reporteros La comisión tiene programadas sus próximas comparecencias para el 15 de junio, que probablemente serán las últimas antes del descanso estival. Este órgano suspenderá sus actividades hasta el inicio del próximo periodo de sesiones en septiembre. En esa fecha, están citadas para declarar la alcaldesa de Valencia, María José Catalá del Partido Popular, y la secretaria general de Protección Civil del Ministerio del Interior, Virginia Barcones.
La Guardia Civil ha llevado a cabo la incautación de 10.000 dosis de toxina botulínica, conocida como bótox, y ha detenido a nueve personas en una serie de operaciones contra clínicas clandestinas en Vizcaya, Barcelona, Las Palmas y Asturias. La operación también implica la investigación de dos individuos más por su presunta participación en estos hechos. Las investigaciones, que se extendieron entre marzo de 2025 y mayo de 2026, comenzaron tras el hallazgo de varios paquetes en el aeropuerto de Foronda, en Vitoria-Gasteiz. Estos paquetes contenían medicamentos y productos médicos procedentes principalmente de Corea del Sur y Vietnam, entre ellos bótox, ácido hialurónico y medicamentos para la diabetes, algunos utilizados de forma indebida para pérdida de peso. Los productos ingresaban sin la debida autorización sanitaria y sin cumplir las condiciones adecuadas de transporte y conservación, generando un serio riesgo para los consumidores Según informó la Guardia Civil, entre los implicados se encuentran tanto personas sin formación sanitaria como profesionales colegiados que presumiblemente utilizaban productos ilegales en peluquerías, centros de estética no autorizados e incluso domicilios particulares. Nueve personas fueron detenidas y dos más están siendo investigadas por supuestos delitos contra la salud pública y, en ciertos casos, por intrusismo profesional. Por regiones, el operativo finalizó con cuatro detenidos y dos investigados en Vizcaya; dos detenidos en Barcelona; dos más en Las Palmas; y uno en el Principado de Asturias. Además, la Policía Judicial de la Guardia Civil de Álava realizó registros en diversas propiedades relacionadas con estas actividades. En Vizcaya, las acciones se efectuaron en Bilbao, Basauri, Galdakao y Barakaldo; en Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat y Cornellà de Llobregat; en Asturias, en Avilés; y en Las Palmas, en Carrizal y Vecindario. Estos registros permitieron la localización de aproximadamente 10.000 unidades de toxina botulínica de origen ilegal y más de…
El Tribunal de Cuentas ha señalado al Gobierno que aún no ha cumplido la solicitud del Parlamento para incrementar el personal de la Subdirección General de Gestión Patrimonial de la Tesorería General de la Seguridad Social. Dicha solicitud fue planteada por la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, que reúne a representantes del Congreso y el Senado. El organismo, dirigido por Enriqueta Chicano, ha resaltado este incumplimiento tras evaluar la eficacia en el uso de inmuebles de la Seguridad Social. El Tribunal ha aprobado el Informe de Fiscalización de seguimiento de recomendaciones, relativo a la auditoría operativa sobre la gestión eficiente de los inmuebles de la Seguridad Social, enfatizando la eficiencia energética. Este informe fue validado por el Pleno el 28 de julio de 2022. La entidad fiscalizadora ha detectado un elevado grado de cumplimiento en dichas recomendaciones, destacando que ocho de las trece sugerencias del informe de 2022 han sido completamente implementadas, mejorando la gestión patrimonial de la Seguridad Social. El Tribunal de Cuentas ha constatado el elevado grado de cumplimiento de las recomendaciones sobre la gestión de inmuebles de la Seguridad Social, destacando la implementación de ocho de las trece recomendaciones formuladas Entre las recomendaciones cumplidas se incluyen medidas destinadas a promover la certificación de eficiencia energética en los inmuebles del Sistema de la Seguridad Social. Además, se ha desarrollado un plan director para renovar el 3% de la superficie total de estos edificios. También se han tomado medidas para mejorar el control de los contratos de arrendamiento por parte de las Mutuas Colaboradoras y comunicar la disponibilidad de inmuebles vacíos. Asimismo, se han abordado acciones para reconocer la titularidad registral de estos bienes. En cuanto a la recomendación parcialmente cumplida, se refiere al establecimiento de intercambios de información sistemáticos entre las entidades usuarias…