Economía

El Tribunal Supremo ha dado un paso definitivo en la regulación de los contratos de renta antigua en España, confirmando que los inquilinos que no cumplan con la función habitacional de la vivienda pueden perder la protección de sus contratos. Esta decisión pone fin a décadas de inseguridad para los propietarios y aclara de manera inequívoca cuándo se puede rescindir un arrendamiento amparado por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1964. La sentencia más reciente se centra en un contrato de arrendamiento iniciado en Sevilla el 1 de junio de 1982. Como muchos contratos de renta antigua, este alquiler contaba con prórrogas forzosas y subidas limitadas de precio, características que convertían los alquileres en prácticamente vitalicios. Sin embargo, el Supremo ha determinado que mantener un contrato de renta antigua exige que el inquilino ocupe efectivamente la vivienda. En concreto, el artículo 62.3 de la LAU de 1964 establece que la falta de ocupación durante más de seis meses en el curso de un año es motivo suficiente para rescindir el contrato. El caso que ha servido para fijar esta doctrina judicial se remonta a 2016, cuando la propietaria de la vivienda detectó que el titular del contrato residía en otra comunidad autónoma, Canarias, mientras que la hija del inquilino ocupaba la vivienda en Sevilla mientras cursaba estudios universitarios. Durante el proceso judicial, se comprobó que el titular no podía justificar su residencia efectiva en el piso: su médico estaba en Lanzarote y el consumo de suministros, como agua y electricidad, se reducía drásticamente durante largos periodos. Tampoco se acreditó que la hija dependiera económicamente del padre ni que convivieran juntos, lo que hubiera podido justificar la prórroga del contrato. El Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Sevilla resolvió el contrato en 2020, basándose en estos hechos, y la…
El reciente anuncio del presidente estadounidense Donald Trump sobre la posibilidad de imponer un embargo comercial a España ha generado preocupación tanto en Madrid como en Bruselas. La amenaza surgió a raíz de la negativa del Gobierno español a permitir que las bases militares de Morón y Rota fueran utilizadas por las fuerzas estadounidenses en operaciones contra Irán, lo que según Trump pondría “vidas americanas en riesgo”. Durante un encuentro con el canciller alemán, Friedrich Merz, Trump afirmó: “Podría parar todo lo relacionado con España… Embargos. Hago lo que quiera con ellos, y podríamos hacerlo con España”. Esta declaración plantea la pregunta: ¿realmente puede un presidente estadounidense imponer un embargo a un país aliado como España? Para entenderlo, primero hay que definir qué es un embargo comercial. Se trata de una prohibición o restricción oficial que limita el intercambio de bienes, servicios o inversiones con un país determinado. Normalmente se aplica como sanción política o económica, ya sea para presionar cambios de comportamiento, castigar violaciones de derechos humanos o por motivos de seguridad nacional. En la práctica, esto implicaría que las empresas estadounidenses no podrían vender ni comprar productos de España, ni ofrecer servicios al país ibérico. Sin embargo, como explica el Ministerio de Economía de España, los embargos totales son poco frecuentes; la mayoría de las sanciones se aplican solo a ciertos productos o sectores, especialmente aquellos vinculados a armamento, tecnologías sensibles o bienes de doble uso. Históricamente, Estados Unidos ha impuesto embargos a países como Cuba, Irán, Corea del Norte, Siria, Venezuela, Rusia y a territorios ocupados de Ucrania, pero nunca a un Estado miembro de la Unión Europea. Esto es clave, porque cualquier intento de aplicar un embargo a España tendría implicaciones más allá de las fronteras españolas: afectaría a toda la UE. De hecho, Stéphane Sejourné,…
El Euríbor, un indicador clave para la mayoría de hipotecas variables en España, ha superado hoy el 2,3% en su tasa diaria debido a la creciente incertidumbre respecto al impacto que pueda tener el conflicto reciente en Irán sobre la inflación y, consecuentemente, sobre los tipos de interés. En los últimos días, este indicador ha intensificado su ascenso, aumentando significativamente desde el 2,222% registrado el pasado viernes -último día de febrero- hasta el 2,307%, marcando su nivel más alto desde diciembre de 2025. Con el inicio de los datos de marzo, el Euríbor ya alcanza una media mensual de 2,256%, superando tanto el 2,221% promedio de febrero como el 2,245% de enero. De acuerdo con los expertos, esta leve subida es una consecuencia directa del conflicto en Irán, que ha disparado el coste de la energía, especialmente del petróleo y del gas. Impacto en la inflación y previsiones del BCE Laura Martínez, directora de Comunicación y portavoz de iAhorro, menciona que el aumento de la energía ha llevado a los mercados a prever un posible repunte de la inflación en la eurozona, que en febrero se situó en el 1,9%. Como resultado, los bancos centrales, particularmente el Banco Central Europeo (BCE), podrían mantener los tipos de interés elevados por un periodo prolongado o endurecer la política monetaria si la inflación supera el 2%, un objetivo establecido por el organismo europeo. Esta situación hace que los mercados descuenten un posible repunte de la inflación en la eurozona Martínez también destaca la importancia de prestar atención a los mensajes y decisiones de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en la próxima reunión del banco central programada para el 19 de marzo. Asegura que la previsión de iAhorro ha cambiado, pasando de esperar una reducción de tipos tras la reunión de febrero a…
En un movimiento significativo para el sector financiero, la Asamblea Legislativa de El Salvador ha decidido derogar el artículo 10 de la Ley de Bancos de 1999. Esta acción busca eliminar las restricciones a la propiedad extranjera en las entidades bancarias del país, con el objetivo de atraer inversión internacional y fomentar la competencia en el sistema financiero salvadoreño. Con 56 votos a favor, los parlamentarios han derogado la norma que exigía que el 51% de las acciones de los bancos estuviera en manos de accionistas específicos. Hasta ahora, estas acciones debían ser controladas por personas naturales salvadoreñas o centroamericanas, o por entidades centroamericanas. Esta restricción, según el decreto aprobado, representaba una barrera para la entrada de nuevos actores financieros y la adopción de tecnologías avanzadas en el país. «Es necesario dar acceso a nuevos capitales e inversiones en el país a fin de generar una mayor competencia en la intermediación financiera» La diputada Dania Hernández subrayó la importancia de esta derogación, afirmando que tras 27 años desde la aprobación de la Ley de Bancos, el artículo 10 se había convertido en un obstáculo para el desarrollo económico en el sector financiero. Según Hernández, la apertura a capitales extranjeros permitirá introducir nuevas tecnologías y oportunidades para los salvadoreños, fortaleciendo así la economía nacional.
El arancel del 10% que Estados Unidos ha estado aplicando globalmente tras la anulación de los aranceles recíprocos por parte del Tribunal Supremo, será incrementado al 15%. Esta medida podría implementarse esta misma semana, según ha indicado el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. En declaraciones a la cadena CNBC, recogidas por Europa Press, Bessent ha explicado que el ajuste del arancel se realiza al amparo de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Esta normativa permite que el gravamen esté vigente por un periodo de 150 días. Durante este tiempo, se analizarán diversas alternativas para los aranceles, como las recogidas bajo las secciones 301 y 232. Al cabo de cinco meses, las tasas arancelarias volverán a su nivel anterior El funcionario estadounidense ha subrayado que, aunque los procesos de las secciones 301 y 232 son «muy lentos», son más robustos y servirán para evaluar la situación arancelaria en el futuro. El arancel global del 10% fue implementado el pasado 24 de febrero, tras la decisión del Tribunal Supremo de anular la mayor parte de los gravámenes impuestos por Washington. El tribunal consideró que la Casa Blanca se había sobrepasado al utilizar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para establecer tarifas.
La cooperativa aceitera Dcoop enfrenta momentos de incertidumbre debido a las advertencias de un posible bloqueo comercial de productos españoles en Estados Unidos, realizadas por el presidente Donald Trump. Ante este panorama, la empresa ha optado por «ralentizar, aplazar o aparcar» la adquisición del 100% del capital de la compañía estadounidense Pompeian, de la cual Dcoop posee el 50%. Un portavoz de Dcoop, en declaraciones a Europa Press, destacó la incertidumbre respecto a un posible gravamen específico que penalice a los productos españoles exportados a Estados Unidos. En el año 2025, la cooperativa exportó aceite por un valor de 198 millones de euros, cifra significativa para la empresa. «Esperemos que no sea así», señalaron desde Dcoop, expresando su preocupación por la situación actual que «aleja la operación» con Pompeian. El presidente de la cooperativa, Antonio Luque, confirmó a El Español que, aunque existían negociaciones con Pompeian, estas no se habían concretado antes de que surgiera esta situación. La intención era reforzar el envío de aceite de oliva, pero la «incertidumbre» en torno a los aranceles y las decisiones comerciales de Trump han cambiado el panorama, «ralentizando, aplazando y aparcando» la operación por las condiciones inciertas. Además de las tensiones comerciales, el conflicto en el Golfo Pérsico influye en las operaciones de Dcoop, ya que las transacciones y envíos hacia esa región están en suspenso. Aunque la situación geopolítica parece lejana, sus efectos se sienten sobre los productores de aceite de oliva que esperan que no se materialicen las advertencias de bloqueo. En caso de un bloqueo comercial, Dcoop insta a «una defensa por parte de las administraciones», tanto españolas como europeas, para evitar distinciones entre países. El recuerdo del primer mandato de Donald Trump, durante el cual se impuso un arancel al aceite de oliva español pero no al de…
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha emitido una directiva crucial a la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de EEUU (DFC) para que proporcione seguros contra riesgos políticos a las líneas navieras que operan en el golfo Pérsico. Esta medida busca estabilizar el comercio marítimo y proteger las rutas energéticas vitales ante el aumento de tensiones en la región. Donald Trump destacó que la DFC proporcionará estos seguros «a un precio muy razonable» y que estarán disponibles para todas las líneas navieras. El foco estará puesto en el comercio energético que transita por el Golfo. Además, ha indicado que si las circunstancias lo requieren, la Armada de los Estados Unidos comenzará a escoltar buques cisterna a través del estrecho de Ormuz a la mayor brevedad. Trump declaró a través de sus redes sociales que «pase lo que pase, Estados Unidos garantizará el libre flujo de energía al mundo». La decisión del gobierno estadounidense responde a la reciente escalada de los costes de transporte marítimo de petróleo y gas, que han alcanzado cifras récord tras las amenazas de la Guardia Revolucionaria de Irán. Concretamente, la tarifa de flete para buques de gran capacidad (VLCC) llegó a un máximo histórico de 423.736 dólares diarios, prácticamente duplicando la tarifa del pasado viernes. Repercusiones en el mercado de seguros marítimos Debido a los riesgos en incremento, varias empresas de seguros marítimos han comunicado la cancelación de coberturas de riesgo de guerra para naves que operan en el golfo Pérsico. Esto afecta a compañías como American Club, P&I Club, Gard & Skuld y NorthStandard, quienes argumentaron esta decisión en la notificación recibida de las reaseguradoras sobre ciertos riesgos de guerra. El club ha recibido una notificación de cancelación de las reaseguradoras respecto a ciertos riesgos de guerra reasegurados por el club en…
España ha experimentado un notable incremento en el turismo durante enero, acogiendo a 5,1 millones de turistas internacionales, lo que representa un crecimiento del 1,2% respecto al mismo periodo de 2025. Según las encuestas Frontur y Egatur, difundidas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el gasto total ascendió a 7.805 millones de euros, un aumento de un 9,3% en comparación al año anterior. Reino Unido se consolidó como el principal emisor de turistas, aumentando un 3,3% con 897.095 visitantes. Por el contrario, Alemania y Francia mostraron una disminución en los flujos de turistas del 2% (527.327) y del 19,5% (517.788), respectivamente. En cuanto al tipo de alojamiento, el de mercado vio un aumento del 5,4%, especialmente en el sector hotelero (+7,3%), mientras que el alquiler creció un 0,8%. Sin embargo, el alojamiento en casas de familiares o amigos decreció un 9,9%. La estancia media de cuatro a siete noches fue la más común, registrando 2,2 millones de viajeros, un 2,1% más. A pesar del auge de los viajes con paquete organizado, que crecieron un 9,5%, los viajes independientes experimentaron un ligero descenso del 0,9%. El INE subraya el aumento del gasto por turista, con una media de 1.522 euros por estancia (+8%) y 177 euros diarios (+7,1%). Reino Unido, a pesar de reducir su inversión en un 1,7%, aportó el 13,9% del gasto total. Alemania incrementó su contribución un 4,4%, mientras que los Países Nórdicos la redujeron un 7,5%. En términos de partidas, el gasto en actividades encabezó el 23,4% del total, con un repunte del 7,9%. Por otro lado, el transporte internacional y el alojamiento registraron incrementos del 10,2% y 15,7%, respectivamente. Los hoteles absorben el 53,9% del gasto total, con un crecimiento del 10,4%, mientras que el ocio representó el 76% del desembolso mensual. El crecimiento del…
Los gastos vinculados a la vivienda han generado una creciente tensión en los presupuestos de los hogares en España en los últimos años, afectando especialmente a aquellos con rentas bajas, baja intensidad laboral y jóvenes que viven solos. Así se desprende de un estudio reciente publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), elaborado por Fernando Pinto de la Universidad Rey Juan Carlos. El informe examina la evolución y distribución del esfuerzo financiero destinado a la vivienda entre 2019 y 2024, utilizando los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE. Este esfuerzo se mide por la proporción de la renta disponible que los hogares dedican a la vivienda, incluyendo gastos como alquiler, hipoteca, suministros, comunidad, seguros y tributos. Durante el periodo analizado, el gasto medio mensual por hogar aumentó un 13%, de 610 euros en 2019 a 690 euros en 2024. Los suministros subieron más de un 25%, mientras que los alquileres y las hipotecas brutas crecieron un 15% y un 12,5%, respectivamente. Según la Fundación, estas subidas se deben al encarecimiento de los suministros y el alquiler, además del incremento de las cuotas hipotecarias desde 2022 por el endurecimiento de las condiciones financieras del Banco Central Europeo (BCE). En muchos casos, el coste residencial ha crecido por encima de la renta disponible, intensificando la presión sobre los presupuestos familiares El informe detalla que estos aumentos reflejan un promedio de la población en general y no específicamente de nuevos contratos de alquiler o compra, los cuales son usualmente más elevados en el debate público. Los hogares en alquiler enfrentan un esfuerzo medio del 33,5%, superior al de los propietarios con deuda (30,7%), mientras que los propietarios sin deuda muestran un esfuerzo considerablemente menor (17,3%). De forma alarmante, los hogares del primer quintil de renta destinan…
Durante las jornadas ‘El poder del trabajo en tiempos de algoritmos’ en Madrid, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha realizado declaraciones contundentes sobre la influencia de los grandes magnates tecnológicos, a quienes denominó «tecnoligarcas». Comparándolos con los «viejos dueños de la fábrica», Díaz afirmó que estos empresarios sostienen formas «extremas y radicales» de pobreza y desigualdad. Además, pronosticó que pronto tendrán que «pagar impuestos» al salir «de la nube». Díaz resaltó la necesidad de disminuir la dependencia tecnológica de Estados Unidos y Pekín, como medio para proteger los derechos laborales y poner fin a la competencia desleal fomentada por algunos magnates tecnológicos. «Cuando los dueños de las grandes empresas tecnológicas se ponen detrás de Donald Trump en su sesión de investidura, nos están demostrando dos cosas», enfatizó. Señaló que, más allá de ser una mera imagen, esto representa una «propuesta de política pública» y una «declaración de intenciones». En contraposición, la ministra defendió el uso positivo del algoritmo, denominándolo una herramienta de «poder sindical» que puede acercar a los colectivos más vulnerables, además de aumentar la productividad y reducir la jornada laboral gracias a la inteligencia artificial. «Somos fans de los algoritmos y de la inteligencia artificial, pero lógicamente al servicio de la democracia y del bien común», sentenció Díaz. Díaz situó el debate actual en decidir si la tecnología debe servir a la sociedad en su conjunto o solo a un grupo reducido de privilegiados. Describió el desafío como una elección entre un nuevo tipo de capitalismo con tintes de «tecnofeudalismo» y un sistema internacional que levante la bandera de la democracia. La ministra recordó que España ya ha dado un primer paso con la ‘Ley Rider’ y urgió a Europa a legislar y actuar de manera proactiva en esta materia, subrayando que no se…