La Comisión Europea ha alertado a España sobre la infracción de la libre circulación de capitales por parte de su normativa fiscal, que grava a los contribuyentes no residentes por sus viviendas utilizadas como residencia habitual. Esta advertencia viene acompañada de un plazo de dos meses para tomar medidas antes de que el caso sea elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Según Bruselas, la legislación española obliga a los ciudadanos extranjeros a pagar un Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del 2% sobre el valor catastral de sus segundas residencias, mientras que los residentes en España están exentos de este impuesto por sus viviendas habituales. Esta situación, argumenta la Comisión, afecta tanto a la libre circulación de trabajadores como al movimiento de capitales.
El Ejecutivo comunitario ha dado a España dos meses para resolver las irregularidades antes de llevar el caso ante el TJUE.
Desde que los servicios comunitarios iniciaron un expediente sancionador en junio de 2025, no se han logrado avances significativos en la resolución del problema. Ahora, al enviar un dictamen motivado, Bruselas espera que España tome las medidas necesarias dentro del plazo establecido. De no mediar un acuerdo, la Comisión Europea podría proceder al tercer y último paso del procedimiento, escalando el caso al TJUE.
