Sumar ha presentado en el Congreso una proposición no de ley que busca limitar la comercialización de hipotecas a tipo variable para vivienda habitual. Esta iniciativa, registrada para su debate en la Comisión de Economía, ha sido impulsada por Carlos Martín, portavoz económico de Sumar, junto con Aina Vidal y Félix Alonso de En Comú.
La propuesta sugiere que las hipotecas de tipo variable solo se ofrezcan a clientes que demuestren una alta solvencia financiera y capacidad para soportar incrementos significativos en sus cuotas. El grupo parlamentario argumenta que con esta medida se protegería a los hogares del riesgo financiero, ya que muchas familias no están en condiciones de gestionar estos riesgos a largo plazo, especialmente en contextos de inestabilidad política internacional.
Sumar advierte que trasladar el riesgo de tipos de interés a las familias supone imponerles una carga que no pueden manejar en igualdad de condiciones con las entidades de crédito.
Además, Sumar propone revisar el régimen de comercialización de hipotecas mixtas, ya que aunque en 2025 el 92% de las nuevas hipotecas se formalizaron con un periodo inicial a tipo fijo, muchas se convierten en productos mixtos que no eliminan el riesgo variable, sino que lo aplazan.
Entre las diversas acciones sugeridas, también se contempla el estudio de alternativas al euríbor y al IRPH como índices de referencia hipotecaria, buscando reducir la volatilidad y el riesgo de manipulación asociados a estos índices. Asimismo, se propone evaluar, en un plazo de un año, el impacto del modelo hipotecario español sobre la estabilidad financiera de los hogares, considerando aspectos como la exposición al tipo variable y el riesgo de pérdida de vivienda habitual.
Sumar también enfatiza la necesidad de legislar sobre cláusulas hipotecarias no transparentes para ofrecer mayor seguridad jurídica a los consumidores. En relación con el IRPH, recuerdan que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea exige que las cláusulas sean transparentes y que corresponde a los tribunales nacionales verificar que los consumidores estén debidamente informados sobre su funcionamiento. Con esto en mente, llaman a revisar sentencias que no se alineen con la jurisprudencia europea para asegurar su cumplimiento y efecto pleno.
