El precio de la electricidad en España se ha convertido en un problema estructural que afecta directamente al bolsillo de millones de familias y a la competitividad de la industria nacional. Durante el pasado mes de agosto, la factura de la luz de los hogares españoles se encareció un 14,7% respecto al mismo periodo del año anterior, según datos publicados por Eurostat. Esta subida contrasta con la evolución en los países vecinos: en Francia la factura descendió un 13,6%, en Italia un 4,9%, en Portugal un 2,3% y en Alemania un 1,7%. En el conjunto de la Eurozona, la electricidad se redujo un 0,5%, mientras que en toda la Unión Europea apenas subió un 2%, siete veces menos que en España.
La situación no es nueva. En julio ya se había registrado un encarecimiento del 17,3% en nuestro país, mientras que la tendencia en el resto del continente era claramente descendente. El Instituto Nacional de Estadística (INE) advirtió entonces que una parte importante del repunte de la inflación se debía al aumento del precio de la electricidad, en contraste con la caída del año anterior.
Lo más paradójico es que este incremento de los recibos no responde a un encarecimiento del mercado mayorista. Al contrario: en agosto, el llamado pool eléctrico bajó un 24,8%, al pasar de 91,05 a 68,45 euros por MWh de media. Este descenso se explica por tres factores principales: la mayor aportación de las energías renovables, especialmente la solar fotovoltaica; la caída del 1,5% de la demanda; y un retroceso del 14,5% en el precio del gas en los mercados internacionales.
Sin embargo, esa bajada no se refleja en la factura final de los consumidores. ¿La razón? La suma de sobrecostes y decisiones fiscales que han hecho que España se desmarque del resto de Europa. El más inmediato es el vinculado al apagón del pasado 28 de abril, un fallo que dejó a millones de personas sin suministro y obligó a Red Eléctrica a poner en marcha una "operación reforzada". Esta consiste en recurrir con mayor frecuencia a centrales convencionales capaces de controlar la tensión y evitar un colapso similar. El uso de estas instalaciones, mucho más caro, ha supuesto un incremento del 97% en julio y un sobrecoste adicional en agosto de unos 5 euros por MWh. Según cálculos del sector, este refuerzo de seguridad podría añadir más de 2.300 millones de euros al año a las facturas, y se mantendría al menos hasta 2026.
A este recargo técnico se suma la subida del IVA, que desde enero volvió al 21% tras caducar las medidas excepcionales aplicadas durante la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania. El año pasado, en los mismos meses, el impuesto era del 10%, lo que supone un aumento directo de un 11% sobre el total del recibo. No es un asunto menor, pues en España los impuestos representan cerca de un tercio de la factura eléctrica. La oposición ha reclamado en repetidas ocasiones un IVA reducido o superreducido para mitigar la carga, pero hasta el momento la medida no ha prosperado.
Tampoco ayudan los peajes y cargos que cada año incrementa el Gobierno. Estos componentes fijos, que cubren la deuda histórica del sistema, las primas a renovables o la generación extrapeninsular, representan otro tercio de la factura. En 2025 se han vuelto a incrementar, añadiendo todavía más presión a los consumidores domésticos.
El impacto no se limita a los hogares. Las grandes industrias electrointensivas sufren una brecha de costes que las coloca en clara desventaja frente a sus competidoras europeas. Según la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), un consumidor industrial en España paga 2,6 veces más por la electricidad que en Francia y un 46% más que en Alemania. Esta diferencia, unida a los sobrecostes por servicios de ajuste que en otros países no se aplican, erosiona la competitividad y aumenta el riesgo de deslocalización.
La factura eléctrica española refleja hoy mucho más que el coste de producir y consumir energía: arrastra las consecuencias de un apagón histórico, de decisiones políticas controvertidas y de un sistema de peajes e impuestos que penaliza tanto a las familias como al tejido productivo. La paradoja es evidente: mientras el mercado baja, el recibo sube. Y lo hace en un país donde los salarios son más bajos que en Francia o Alemania, lo que agrava la sensación de injusticia entre los ciudadanos.
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