Las autoridades suizas han modificado la propuesta de la Ley Bancaria y la Ordenanza de Adecuación de Capital con el objetivo de reducir parcialmente las exigencias de capital para los bancos. Sin embargo, UBS, el mayor banco de Suiza, ha expresado su rotundo desacuerdo con estas medidas, argumentando que podrían perjudicar significativamente a la economía del país.
El Gobierno suizo ha decidido eliminar la exigencia de respaldar totalmente los activos por impuestos diferidos y permitirá la amortización del software durante tres años a partir de 2029. Esto implicará una reducción del capital CET1 adicional que UBS deberá mantener, rebajándose en 4.000 millones de dólares (3.416 millones de euros). No obstante, se estima que la entidad deberá incrementar su ratio de capital hasta 20.000 millones de dólares (17.080 millones de euros), menos que los 24.000 millones de dólares (20.496 millones de euros) calculados anteriormente.
La propuesta de ley, ya presentada en el parlamento, busca que las entidades con riesgo sistémico respalden a sus filiales en el extranjero mediante el CET1, como medida preventiva ante posibles inestabilidades financieras, recordando los problemas que enfrentó Credit Suisse en 2023.
UBS ha acusado al Gobierno suizo de difundir "información engañosa" en relación con los cambios propuestos en la regulación bancaria.
En su comunicado, UBS critica las medidas, calificándolas de extremas y no alineadas con los estándares internacionales, además de ignorar las preocupaciones expresadas durante las consultas gubernamentales. La entidad ha reajustado al alza su estimación de incremento en el capital, situándola en 22.000 millones de dólares (18.788 millones de euros), y advierte que la normativa podría subestimar su solidez de capital respecto a sus competidores.
En cuanto al impacto económico a nivel nacional, UBS cita estudios que estiman una reducción del PIB suizo en 34.000 millones de francos suizos (37.018 millones de euros) en la próxima década, afectando negativamente a la inversión, el empleo y los ingresos fiscales. Finalmente, la entidad espera que el debate parlamentario considere las preocupaciones surgidas durante la consulta democrática sobre el tratamiento de las participaciones extranjeras.
