El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha aprobado los criterios de distribución de los 7.000 millones de euros del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 durante la reunión de la Conferencia Sectorial, celebrada este jueves. La decisión fue adoptada con el consenso de todas las partes, lo que refleja la unidad frente al desafío habitacional que enfrenta la ciudadanía. David Lucas, secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, destacó la cooperación entre administraciones de diferentes signos políticos para abordar este problema.
En el encuentro, al que asistieron diversas autoridades del Ministerio, se reafirmó la disposición del Gobierno para trabajar conjuntamente en el cumplimiento de los objetivos del plan. Entre los representantes presentes estuvieron el subsecretario de Vivienda y Agenda Urbana, Pablo Torres; el secretario general técnico, Pablo Moreno; la directora general de Vivienda y Suelo, Inés Sandoval; y la directora general de Planificación y Evaluación, Maribel Vergara.
El nuevo Plan Estatal de Vivienda movilizará 7.000 millones de euros, distribuidos entre las comunidades autónomas, con un enfoque en la protección y el desarrollo del parque habitacional
Por comunidades, Andalucía, la Comunidad de Madrid y Cataluña recibirán las mayores inversiones, con 1.197, 1.113 y 1.015 millones de euros, respectivamente, seguidas por la Comunitat Valenciana con 798 millones, Galicia con 399 millones, Castilla y León con 378 millones, y Canarias con 371 millones. Para 2026, el reparto prevé que Andalucía reciba 136,8 millones de euros, la Comunidad de Madrid 127,2 millones, y Cataluña 116 millones.
El plan triplica los fondos gestionados por las comunidades autónomas, estableciendo que el Gobierno de España cubrirá el 60% de la inversión, mientras que las comunidades aportarán el 40% restante. Un mínimo del 40% de los fondos se destinará a la construcción y adquisición de nuevas viviendas, un 30% a rehabilitación del parque existente y el resto a proteger a los colectivos y territorios más vulnerables. Además, se introduce una cláusula antifraude para asegurar transparencia en la adjudicación de viviendas protegidas.
Asimismo, el plan busca fomentar la cohesión territorial y mejorar el acceso del público a datos fiables y transparentes sobre el sector vivienda, promoviendo así una mayor transparencia y equidad en el acceso a la vivienda. Estas medidas pretenden blindar la protección permanente de las viviendas construidas bajo este marco, garantizando su disponibilidad para quienes más lo necesitan.
