El vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, ha expresado su apoyo a la propuesta de que el salario mínimo interprofesional (SMI) sea estatal y abogó por que tribute en el IRPF, pero solo cuando esta renta mínima alcance realmente el 60% del salario medio. Según Luján, esto implicaría un aumento del SMI hasta 1.390 euros, en comparación con los 1.184 euros que se establecieron tras la última subida aprobada por el Gobierno.
Durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo y Economía Social en el Senado, el sindicalista explicó que la brecha actual se debe a las estadísticas empleadas para calcular el salario medio y, a partir de ahí, determinar la subida del SMI cada año. Luján recomendó utilizar la estadística de salarios de Eurostat, que colocaría el SMI en 1.390 euros, en lugar de las cifras actualmente en uso.
El SMI aún no permite vivir con los estándares de dignidad que nos exigen la Carta Social Europea
A pesar de los recientes aumentos en el SMI, Luján destacó que este aún no alcanza el 60% del salario medio nacional sugerido por la Carta Social Europea. Por esta razón, no considera adecuado que esta renta mínima tribute en el IRPF, especialmente después de que Hacienda decidiera no exentar la última subida del salario mínimo.
Luján también defendió que el SMI debería ser estatal, dado que actúa como una red de apoyo para las comunidades autónomas con peores condiciones económicas. Sin embargo, también planteó la posibilidad de que cada comunidad autónoma pueda pactar salarios mínimos por convenios que superen el SMI estatal.
Asimismo, Luján propuso reducir la jornada laboral a 37,5 horas, argumentando que es el momento adecuado tras 40 años de estabilidad en este aspecto. Aseguró que una reducción legislativa es esencial para combatir la desigualdad en el empleo, aludiendo a que en al menos una provincia de España ya se observa esta jornada en algunos sectores.
Por su parte, Joaquín Pérez Da Silva, secretario general de la Unión Sindical Obrera (USO), alertó sobre la existencia de 170.000 trabajadores que laboran sin cobrar ni cotizar por 6,5 millones de horas extraordinarias semanales realizadas en España, un fenómeno que implica un fraude salarial significativo. Pérez destacó la necesidad de actuar contra esta situación y propuso que el anteproyecto de ley para una jornada laboral de 37,5 horas es una oportunidad crucial para abordar este problema.
Ambos sindicalistas coincidieron en que la calidad del empleo y la equidad en el trabajo deben ser prioridades en la agenda política para mejorar las condiciones laborales en España.
