Durante décadas, el principio tácito que inspiraba el Pacto de Toledo era sencillo: las pensiones debían revalorizarse de acuerdo con el IPC, de manera que los jubilados no perdieran poder adquisitivo cuando los precios subían.
Ese consenso se quebró con la reforma del Gobierno de Mariano Rajoy en 2013, cuando se introdujo el denominado Índice de Revalorización de las Pensiones. Sobre el papel, el nuevo mecanismo fijaba una subida mínima del 0,25% y una máxima de IPC más 0,5%, pero en la práctica, con la Seguridad Social en números rojos, se tradujo durante varios años en incrementos del 0,25% mientras la inflación avanzaba por encima. Entre 2014 y 2018, las pensiones crecieron muy poco en comparación con los precios, y muchos jubilados recuerdan ese periodo como una “congelación de facto” de sus nóminas.
Con la nueva etapa de reformas, el Gobierno dio marcha atrás y volvió a ligar las pensiones al IPC. Desde 2022, la revalorización general se calcula con el IPC medio interanual de diciembre a noviembre.
Con ese sistema se han actualizado ya las pensiones en 2022, 2023, 2024 y 2025, y está previsto que vuelva a aplicarse en 2026. Sobre el papel, se recupera así el espíritu del Pacto de Toledo: asegurar que ningún pensionista pierda poder de compra. Pero este retorno a la indexación llega en un contexto de inflación muy elevada, y eso dispara tanto las pensiones como el coste para las arcas públicas.
Si se miran las cifras, en 2021, antes de que el nuevo esquema estuviera plenamente en marcha, la pensión media de jubilación rondaba los 1.194 euros mensuales. A finales de 2025, esa pensión media se sitúa en torno a los 1.510-1.511 euros al mes, según los últimos datos de la Seguridad Social. Y con la subida prevista del 2,7% para 2026, ligada al IPC medio de los últimos doce meses, esa pensión media alcanzaría aproximadamente los 1.552 euros brutos mensuales en 14 pagas.
En apenas cuatro años, un jubilado medio ha pasado de cobrar alrededor de 1.200 euros al mes a algo más de 1.500, y rozará los 1.550 euros si se confirma la subida de 2026. Eso supone un aumento nominal de unos 320 euros mensuales, es decir, del orden de 4.450 euros más al año que en 2021.
Una parte de este incremento se explica por las fuertes revalorizaciones aprobadas: en torno al 2,5% en 2022, el 8,5% en 2023, el 3,8% en 2024 y el 2,8% en 2025, además del 2,7% previsto para 2026. Si solo se aplicara la fórmula de actualización al IPC, una pensión que en 2021 fuese de unos 1.200 euros habría subido hasta alrededor de 1.450 euros.
El resto hasta esos 1.510-1.550 euros tiene que ver con el denominado “efecto sustitución”: cada año salen del sistema jubilados con pensiones más bajas y entran nuevos jubilados con carreras de cotización más largas y sueldos mayores, lo que va empujando la media al alza.
La otra cara de la moneda son los precios. Entre diciembre de 2021 y diciembre de 2024, el nivel general de precios en España se ha incrementado aproximadamente un 19%, teniendo en cuenta una inflación del 6,5% en 2021, del 5,7% en 2022, del 3,1% en 2023 y del 2,8% en 2024. En 2025, la inflación interanual se mueve alrededor del 3%, según los datos avanzados.
Si se suma todo el ciclo 2022-2025, el encarecimiento acumulado se sitúa en torno al 23%, mientras que la pensión media de jubilación ha aumentado alrededor de un 26–27% en el mismo periodo, pasando de unos 1.194 a unos 1.511 euros mensuales. En términos sencillos, el jubilado medio habría ganado alrededor de tres puntos de poder adquisitivo respecto a 2021.
Trasladado a euros actuales, un pensionista que en 2021 cobraba el equivalente a 1.200 euros ajustados por inflación debería estar hoy en torno a los 1.465 euros para mantener exactamente el mismo nivel de vida. Sin embargo, la pensión media está en torno a 1.510-1.511 euros.
La diferencia son unos 45 euros más al mes, cerca de 600 euros al año de ganancia real en poder de compra, siempre con números aproximados y trabajando con medias. No todos los pensionistas, eso sí, se benefician por igual. Las pensiones mínimas y las no contributivas han tenido subidas adicionales por encima del IPC para acercarlas al umbral de pobreza; en 2025, por ejemplo, las mínimas suben alrededor de un 6% y las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital lo hacen en torno a un 9%, cuando la revalorización general es del 2,8%. En la parte alta de la escala, las pensiones máximas también se revalorizan, pero sujetas a techos y a un calendario específico, mientras las nuevas jubilaciones entran en el sistema con cuantías más elevadas.
Este blindaje del poder adquisitivo de los jubilados tiene un coste político y fiscal considerable. Desde el punto de vista de las asociaciones de pensionistas, supone recuperar el principio de que las pensiones no pierdan valor real con el paso del tiempo.
Pero varios expertos y algunos de los propios participantes históricos del Pacto de Toledo alertan de la brecha creciente entre jubilados y trabajadores: mientras las pensiones ligadas al IPC mantienen o incluso ganan poder de compra, muchos salarios han quedado por detrás de la inflación, y el gasto en pensiones crece a un ritmo muy superior al del conjunto del gasto público. Solo la subida del 2,7% prevista para 2026 se traducirá, según las estimaciones oficiales, en unos 5.400 millones de euros adicionales de coste anual para la Seguridad Social.
El balance de estos cinco años es que, tras una década en la que muchos jubilados perdieron poder adquisitivo con las subidas del 0,25%, la etapa de pensiones ligadas al IPC en un contexto de precios muy altos no solo ha devuelto esa pérdida, sino que ha dejado al jubilado medio ligeramente por encima de la inflación.
A cambio, la factura de mantener ese compromiso se ha convertido en uno de los grandes debates de la política económica española para los próximos años: quién paga la sostenibilidad de un sistema que, a día de hoy, protege mejor a los mayores que a buena parte de los trabajadores en activo.
