El pasado jueves 5 de marzo, las dependencias de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) en Madrid fueron escenario de un acontecimiento crucial para la investigación del trágico siniestro ferroviario ocurrido en Adamuz, Córdoba. Durante este día, se abrieron las cajas negras de los dos trenes involucrados en el accidente que el 18 de enero cobró la vida de 46 personas y dejó más de 120 heridos.
El Tribunal de Instancia de Montoro, encargado de la investigación, había autorizado el 26 de febrero el acceso y análisis de estos dispositivos, así como de las cámaras de seguridad del tren Iryo. La extracción y examen de los datos se llevó a cabo bajo estrictas medidas de seguridad para evitar cualquier pérdida de información valiosa.
El proceso se realizó en presencia de agentes de la Policía Judicial, quienes llevaron un registro detallado del procedimiento, recopilando evidencia digital y proporcionando una copia al órgano judicial para continuar con la investigación.
El auto de la instructora del caso explicó que, para minimizar posibles riesgos, el análisis se realizó en las instalaciones de la CIAF en Madrid, sin trasladar el material a Montoro. Esta decisión se tomó con el objetivo de garantizar la unidad de acto y proteger la integridad de la extracción de datos.
La diligencia se llevó a cabo bajo la supervisión de un Letrado de la Administración de Justicia designado por un exhorto del Tribunal de Instancia de Montoro al Juzgado de Guardia de Madrid. Esta presencia aseguraba que la cadena de custodia de las evidencias se mantuviera intacta y que los hallazgos obtenidos pudieran servir fielmente en las investigaciones en curso.
Con esta diligente actuación, se espera que pronto se pueda esclarecer con mayor claridad lo que ocurrió realmente en aquella fatídica jornada de enero, trayendo justicia y respuestas a los afectados y sus familias.
