Alquiler Seguro ha anunciado que recurrirá ante los tribunales la multa impuesta por el Ministerio de Consumo, que asciende a 3,6 millones de euros, argumentando que la sanción es "ideológica" y se trata de un "atropello jurídico". La compañía ha señalado que planea solicitar medidas cautelares para protegerse de lo que consideran una vulneración de sus derechos.
En una rueda de prensa, representantes de Alquiler Seguro enfatizaron que sus servicios son completamente legales. Según ellos, el proceso sancionador ha estado plagado de "irregularidades" y ha sido más una cuestión "política e ideológica" que estrictamente legal. De acuerdo con su presidente, Antonio Carroza, el proceso ha contenido "incongruencias" y "mentiras", y acusó al ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, de llevar a cabo un proceso injusto, solicitando una rectificación pública. Carroza afirmó que la empresa responderá a las acusaciones en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y continuará su defensa en cualquier ámbito judicial que sea necesario.
La empresa sostiene que defenderá su posición legalmente, rechazando las acusaciones de prácticas abusivas hacia los inquilinos.
El responsable del área jurídica, Carlos Sánchez, destacó que los derechos de recurrir no han sido considerados adecuadamente en el proceso. También informó que la empresa mantendrá su operación actual, rechazando cualquier cambio debido a la multa y las demandas: "No vamos a dejar de hacer algo que es legal".
Por otro lado, la empresa ha asegurado que sus prácticas no obligan a los inquilinos a contratar servicios adicionales de forma coercitiva, destacando que la inclusión de inquilinos en ficheros de insolvencia se realiza conforme a la ley. Según un comunicado de Alquiler Seguro, muchos inquilinos no han contratado ciertos servicios ofrecidos, lo cual, según ellos, evidencia la voluntariedad de sus propuestas comerciales.
El pasado miércoles, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 confirmó la multa de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por su uso "abusivo" de su posición en el mercado en perjuicio de los consumidores. Las sanciones, que recaen sobre prácticas que han sido consideradas "abusivas", incluyen la obligación de eliminar cláusulas contractuales abusivas y hacer pública la sanción y sus motivos.
