Con 492 millones de euros pagados por más de 628.800 siniestros meteorológicos en 2025, una solvencia elevada, mejora del ratio combinado en varias líneas y una presión creciente para monetizar la inteligencia artificial sin erosionar confianza ni márgenes, el seguro español llega a 2026 en una posición sólida, pero ante un test más complejo, el de absorber riesgo climático, ganar productividad, defender rentabilidad y cerrar la brecha de protección en una economía cada vez más expuesta al riesgo. No es un reto menor para una industria cuya penetración sigue siendo uno de los pilares del sistema financiero, que afronta además un debate de fondo sobre asegurabilidad, ahorro previsional, concentración y competitividad. El sector entra en una nueva etapa donde ya no basta con resistir; hay que transformar con retorno medible.
El sector asegurador español afronta 2026 desde una posición de relativa fortaleza. La solvencia sigue siendo elevada, la demanda de protección continúa creciendo y algunas líneas de negocio muestran señales de mejora tras años marcados por la inflación, el aumento de costes y la presión sobre los márgenes. Sin embargo, esa fotografía positiva no elimina los retos de fondo. La industria se enfrenta a una nueva fase en la que la inteligencia artificial (IA), la ciberseguridad, la regulación, el riesgo climático, el envejecimiento, la eficiencia operativa y la relación entre aseguradoras y mediadores serán determinantes para sostener la rentabilidad.
Así se desprende de las reflexiones de Mikel Campo, socio de Financial Services Strategy Seguros de KPMG en España; de Martín Navaz, presidente de Adecose; y de la visión institucional de Unespa, que introduce dos dimensiones de creciente peso económico, el límite de la asegurabilidad frente a fenómenos extremos y el papel de la previsión social complementaria.
Campo pone el acento en la solidez del sector, pero también en la necesidad de ejecutar con éxito una transformación cada vez más compleja. Navaz reivindica el papel de las corredurías en un entorno de riesgos más sofisticados, mayor exigencia tecnológica y creciente concentración del mercado. Unespa, por su parte, sitúa el foco en ampliar la protección, cerrar brechas de aseguramiento y reforzar resiliencia.
Las tres visiones coinciden en una idea central: el seguro español llega este año con bases sólidas, pero el modelo operativo, tecnológico y comercial debe evolucionar con rapidez.
Un sector sólido, aunque sin margen para la complacencia
El crecimiento del negocio refuerza esa lectura de fortaleza. Los ingresos por primas del seguro español alcanzaron 85.879 millones de euros al cierre de 2025, un 13,73% más que un año antes, según datos provisionales recabados por ICEA y difundidos por Unespa. De esa facturación, 49.963 millones correspondieron a no vida y 35.916 millones, a vida.
La cifra confirma una demanda sostenida de protección, pero también obliga a matizar el diagnóstico. En el nuevo ciclo, crecer en primas no basta si ese avance no se traduce en margen técnico, eficiencia operativa y mejor absorción del riesgo. Por eso, el sector empieza a leer el crecimiento de forma más cualitativa: no solo cuánto crece, sino dónde crece, con qué rentabilidad y bajo qué exposición futura.
Desde KPMG, el balance del sector asegurador en 2026 es favorable. Mikel Campo considera que la industria española ha demostrado capacidad para absorber incertidumbre y mantener una posición financiera robusta. “El balance que hacemos desde KPMG es el de un sector español sólido, rentable y con una capacidad notable para absorber incertidumbre”, afirma.
El diagnóstico, según Campo, está alineado con el contexto global que recoge el informe de KPMG. El documento señala que “los CEO del sector asegurador muestran un considerable optimismo respecto al futuro de sus propias compañías y del sector en su conjunto”.
En el caso español, Campo vincula esa confianza con la evolución reciente de los principales indicadores del mercado. Apunta a los últimos datos de ICEA, que reflejan “un crecimiento sostenido de primas, una mejora de la ratio combinada en autos y multirriesgos, y un avance significativo en salud y vida riesgo”. El sector, añade, llega al ejercicio con una combinación de solvencia, demanda y eficiencia que le permite mirar al futuro con una posición de partida favorable.
Unespa introduce además un matiz relevante: la fortaleza sectorial también se mide por su capacidad de extender protección. Ocho de cada diez viviendas españolas están aseguradas, una tasa elevada en comparación internacional, pero que a juicio de la patronal revela al mismo tiempo un desafío estructural: ampliar el perímetro de cobertura. La industria, sostienen, no solo debe crecer, sino cerrar la brecha de protección y adaptar coberturas y capitales asegurados a un entorno de riesgos y costes cambiante.
La lectura de KPMG también apunta a una cierta normalización después de un periodo en el que la inflación y los costes de siniestros tensionaron los resultados técnicos de varias líneas. Pero el mensaje no es triunfalista. “El balance no es complaciente”, subraya Campo.
La fotografía de solvencia permite poner cifras a esa fortaleza. Según el boletín trimestral de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), el activo del sector asegurador español bajo criterios de solvencia se situó en 362.489 millones de euros en el tercer trimestre de 2025. La ratio de cobertura del Capital de Solvencia Obligatorio alcanzó el 239,3%, por encima de los niveles registrados en los trimestres anteriores. Es decir, el sector mantiene un colchón relevante frente a los requerimientos regulatorios, aunque esa posición no elimina la presión sobre rentabilidad, eficiencia y gestión técnica.
Ese dato es importante, porque la solvencia no solo mide capacidad de resistencia, sino el margen para invertir, absorber volatilidad y afrontar procesos de transformación. En un contexto de más riesgo climático, más regulación y mayor exigencia tecnológica, disponer de capital no equivale automáticamente a tener ventaja competitiva, pero sí permite afrontar el cambio desde una posición menos defensiva.
Esa solidez no se mide únicamente por la evolución de primas o por la mejora técnica de determinados ramos, sino por la capacidad del seguro para seguir actuando como estabilizador financiero en hogares, empresas y administraciones. En 2024, por ejemplo, las aseguradoras pagaron 5.153 millones de euros para atender cerca de 10,6 millones de siniestros en inmuebles asegurados, lo que equivale a resolver un percance cada dos segundos. Ese dato ayuda a dimensionar el papel cotidiano del seguro más allá de los grandes eventos extraordinarios.
También explica por qué la penetración del seguro de hogar se ha convertido en un indicador relevante de resiliencia patrimonial. Unespa recoge que ocho de cada diez familias cuentan con seguro de hogar, aunque con diferencias territoriales y socioeconómicas. La cifra confirma una base amplia de aseguramiento, pero también deja fuera a una parte relevante de viviendas y familias expuestas a daños materiales, responsabilidad civil o fenómenos meteorológicos.
En este contexto, la fortaleza del sector no elimina una tensión de fondo: cuanto mayor es la frecuencia de los siniestros y más complejos son los riesgos, más importante resulta ajustar capitales asegurados, coberturas, franquicias y prevención. La solvencia da margen de maniobra, pero la sostenibilidad del modelo depende de que la protección crezca de forma rentable y técnicamente equilibrada.
Regulación, clima y ciberseguridad, los límites de la tranquilidad
La agenda de riesgos que afrontan las aseguradoras es cada vez más amplia. A la presión tradicional sobre márgenes y eficiencia se suman factores regulatorios, tecnológicos y climáticos que obligan a revisar modelos de negocio y prioridades de inversión.
Campo menciona expresamente “Solvencia II, IFRS 17, ESG y ahora el Reglamento Europeo de IA” como parte de una presión regulatoria que condiciona la evolución del sector. A ello añade “el aumento estructural de la siniestralidad climática y el riesgo ciber”.
El frente climático gana especial peso. En 2025, las aseguradoras pagaron 492 millones por más de 628.800 siniestros meteorológicos, una cifra que para Unespa refleja no tanto un límite de asegurabilidad como la urgencia de combinar cobertura con prevención.
Traducido a escala diaria, los 492 millones de euros abonados equivalen a 1.723 sucesos diarios y 1,34 millones de euros pagados cada día por este tipo de daños. El coste medio por incidente fue de 783 euros, aunque la intensidad varía mucho según el tipo de bien afectado y el fenómeno causante del daño.
La distribución de costes muestra por qué el riesgo climático preocupa especialmente a empresas, industrias y comercios. Unespa precisa que los siniestros en industrias tuvieron un coste medio de 3.532 euros, frente a los 523 euros de media en hogares. Por fenómeno natural, el granizo destaca con un coste medio de 1.814 euros, por encima del viento, con 739 euros.
Además, la comparación con 2024 permite evitar una lectura coyuntural. Ese año, los seguros privados pagaron 562 millones de euros por más de 721.000 siniestros climáticos, sin incluir los fenómenos extraordinarios cubiertos por el Consorcio de Compensación de Seguros. La DANA de finales de octubre y comienzos de noviembre de 2024 concentró una parte relevante del impacto asegurado, especialmente, en Valencia.
La cuestión para el sector es que el clima ya no aparece como un riesgo excepcional, sino como una variable recurrente de tarificación, provisiones, prevención y gestión de capital. La respuesta aseguradora se juega cada vez más antes del siniestro: mapas de exposición, alertas tempranas, mantenimiento de inmuebles, asesoramiento preventivo y colaboración con administraciones para reducir la vulnerabilidad en zonas expuestas.
La patronal defiende que el desafío climático no puede abordarse solo desde la indemnización. Requiere anticipación, resiliencia e inversión en prevención, apoyadas además en inteligencia artificial y digitalización para gestionar mejor los riesgos de origen natural.
La experiencia reciente, desde la DANA de Valencia hasta los incendios forestales, ha reforzado además la idea del seguro como infraestructura económica de recuperación, no solo como producto financiero.
Unespa insiste en que cerrar la brecha de protección exige colaboración público-privada. El mensaje introduce una dimensión económica relevante: la asegurabilidad futura no dependerá solo del precio del riesgo, sino también de la capacidad institucional de reducir exposición.
Pero la brecha de protección no es solo una cuestión aseguradora. Tiene una dimensión económica más amplia. Cuando hogares, empresas o activos estratégicos están insuficientemente cubiertos, parte del coste del riesgo termina desplazándose hacia familias, balances empresariales o recursos públicos. Ese es uno de los debates que gana peso en Europa: no solo cuánto riesgo está asegurado, sino cuánto riesgo permanece mal cubierto o directamente sin cobertura.
En ese marco, la protección gap empieza a leerse también como un problema de resiliencia macroeconómica. No es un asunto menor para un país con elevada exposición climática y tejido empresarial intensivo en pymes. El propio informe de KPMG, recuerda Campo, advierte de que “la mayor barrera para el crecimiento organizativo es el cibercrimen y la inseguridad digital”.
El riesgo cíber merece además una lectura específica. No se trata solo de proteger a las aseguradoras frente a ataques propios, sino de desarrollar un mercado asegurador capaz de acompañar a empresas cada vez más expuestas a interrupciones operativas, robo de datos, fraude digital o extorsión. Para pymes y compañías medianas, el seguro ciber empieza a ocupar un espacio parecido al que durante años tuvieron otras coberturas empresariales básicas: una herramienta para transferir parte del riesgo, pero también para acceder a prevención, respuesta y recuperación.
El reto para las aseguradoras es doble. Por un lado, existe una oportunidad clara de crecimiento en un ramo todavía joven y con elevada demanda potencial. Por otro, la acumulación de riesgo es más difícil de modelizar que en otros negocios tradicionales.
Un mismo fallo tecnológico, proveedor crítico o ataque coordinado puede afectar simultáneamente a muchas empresas aseguradas. Eso obliga a extremar la suscripción, establecer límites, revisar exclusiones y acompañar la póliza de servicios preventivos.
En este terreno, la frontera entre seguro y servicio se difumina. La cobertura económica posterior al incidente ya no basta. Ganan peso auditorías de seguridad, protocolos de respuesta, formación, monitorización, asistencia legal y recuperación de sistemas. Para el sector, ciberseguridad no es solo una amenaza operativa; es también un banco de pruebas sobre cómo será el seguro empresarial del futuro: más preventivo, más técnico y más integrado en la gestión diaria del riesgo.
El sector, por tanto, no solo debe crecer. Debe hacerlo mientras refuerza su resiliencia operativa, mejora su gobierno tecnológico y adapta su estructura a una regulación cada vez más exigente.
Mercado y mediación: precios, concentración y asesoramiento
Los precios, las renovaciones, la concentración de la mediación y la previsión social completan una agenda que ya no depende solo del crecimiento de primas. La visión de Adecose introduce aquí una perspectiva complementaria: el corredor gana peso precisamente porque el mercado se vuelve más complejo.
Martín Navaz considera que la mediación atraviesa también un momento de transformación, marcado por la tecnología, el talento y el cumplimiento normativo. “Desde Adecose creemos que la figura de la correduría de seguros es ahora más necesaria que nunca”, afirma.
Los riesgos que afrontan empresas y particulares son cada vez más difíciles de interpretar, valorar y cubrir. En ese contexto, el asesoramiento cobra más peso. Navaz defiende que el papel de la correduría sigue siendo diferencial y que los avances tecnológicos permitirán avanzar hacia “un modelo más profesionalizado, eficiente y centrado en las necesidades del cliente”.
A esta mayor complejidad se suma el cambio de ciclo en precios. “Ahora mismo nos encontramos en un cambio de ciclo hacia un mercado blando”, afirma Navaz. Percibe una tendencia general a la bajada de precios, aunque matiza que no es uniforme por ramos.
De cara a los próximos meses, espera renovaciones más exigentes, con mayor coordinación técnica entre corredores y aseguradoras. En paralelo, la presión climática puede introducir tensión selectiva en determinadas coberturas, un elemento que puede modular ese mercado más competitivo.
Otro vector con creciente peso económico es la concentración. El movimiento corporativo en corredurías y las operaciones de fusiones y adquisiciones (Merger & Acquisitions -M&A-) están reconfigurando la distribución, elevando las exigencias de escala y tecnología y alterando las dinámicas competitivas. Es decir, la mediación necesita ganar tamaño, capacidad tecnológica y eficiencia, pero sin diluir su principal activo competitivo, que es la confianza del cliente.
En la mediación, la transformación no se limita a digitalizar procesos internos. Afecta también a la forma en que el cliente compara ofertas, entiende exclusiones, actualiza capitales y valora el precio frente a la calidad de cobertura. En un mercado más blando, el riesgo para las corredurías no es solo perder margen, sino que el cliente confunda abaratamiento con protección equivalente.
Ese punto es especialmente sensible en empresas. La sofisticación de los riesgos -ciber, responsabilidad civil, daños por interrupción de negocio, riesgos climáticos o programas internacionales- aumenta la necesidad de asesoramiento técnico. La correduría compite, por tanto, no solo por distribución, sino por capacidad de traducir complejidad en decisiones aseguradoras comprensibles para el cliente.
La concentración añade otra capa. La entrada de grupos con mayor capacidad financiera puede acelerar inversión tecnológica, profesionalización y escala, pero también obliga a preservar especialización sectorial y cercanía. En ese equilibrio se juega buena parte del valor diferencial de la mediación: crecer sin convertirse en un canal indistinguible ni perder conocimiento de cliente.
A esa transformación se suma además una evolución del propio modelo de distribución. El debate ya no es solo digitalizar canales existentes, sino redefinir cómo se vende, asesora y acompaña el riesgo.
Ganan peso modelos híbridos donde tecnología y asesoramiento conviven, así como fórmulas de distribución embebida, plataformas digitales y especialización sectorial. En ese escenario, el corredor tiende a desplazarse desde una lógica de intermediación tradicional hacia una función más próxima a asesor de riesgos. Eso refuerza la idea de que la ventaja competitiva de la mediación no estará solo en distribuir pólizas, sino en interpretar complejidad.
