La Audiencia Nacional ha propuesto una reforma para ampliar sus competencias, centrada en combatir de manera más eficaz el narcotráfico transnacional. Además, busca poder investigar y enjuiciar delitos relacionados con el tráfico ilícito de bienes culturales y el blanqueo de capitales que tengan impacto internacional.
Esta iniciativa surge de un acuerdo de la Sala de Gobierno, impulsado por el presidente del tribunal, Juan Manuel Fernández. Han sido incorporadas propuestas de las Fiscalías de la Audiencia Nacional y Antidroga, destacando la necesidad de reflexionar y actualizar sus competencias para fortalecer su capacidad frente a nuevas formas de criminalidad.
La Audiencia Nacional quiere poder investigar delitos de tráfico de drogas sin el requisito de que estos se cometan en múltiples provincias, cuando se presenten circunstancias de gravedad o complejidad.
La propuesta se alinea con las demandas de la Fiscalía, que ha señalado las limitaciones de los juzgados provinciales para asumir casos de especial dificultad. Además, la Audiencia sugiere incluir dentro de sus competencias el blanqueo de capitales, tráfico ilícito de bienes culturales y trata de seres humanos, cuando estos actos sean realizados por organizaciones criminales transnacionales o tengan una dimensión internacional. Respecto a la trata, el tribunal apunta a la necesidad de intervenir en casos donde las redes actúen más allá del ámbito de una comunidad autónoma.
La institución también plantea asumir competencias en delitos de ciberseguridad que amenacen infraestructuras críticas, como redes eléctricas, sistemas de transporte o instituciones financieras. La Sala de Gobierno presentará esta propuesta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para considerar la revisión del artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, permitiendo así la expansión de sus competencias.
Esta propuesta se enmarca en la celebración del 50 aniversario del tribunal, que se cumplirá en enero del próximo año, considerado como una oportunidad idónea para abrir este debate y adaptar la institución a los retos del siglo XXI, garantizando su eficacia en la defensa del Estado de derecho.
