Varios de los principales grupos aeronáuticos de Europa, como Lufthansa, Air France-KLM, IAG y Ryanair, han solicitado a la Comisión Europea una revisión "pragmática" del Sistema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea (ETS). Estas compañías argumentan que una ampliación del régimen a los vuelos internacionales podría aumentar los costes para los pasajeros y las empresas, afectando la competitividad del sector.
La petición, contenida en una carta dirigida a la presidenta Ursula Von der Leyen, ha sido firmada por 15 consejeros delegados de importantes compañías aéreas, incluyendo al CEO de Volotea, Carlos Muñoz, y al de IAG, Luis Gallego. Los directivos temen que medidas de represalia deriven en fricciones comerciales más amplias, como ocurrió en 2011. Un aspecto destacado es la diferencia de costes entre el ETS y el sistema Corsia, liderado por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que consideran insostenible. Proponen alinear los niveles del ETS con Corsia, incrementando también los incentivos de la UE a través de los derechos de emisión de combustible de aviación sostenible (SAF).
En la misiva, las compañías abogan por destinar los ingresos del ETS a la compra de SAF e invertir en tecnologías relacionadas con aviones, motores y gestión del tráfico aéreo. Según argumentan, extender el ETS podría socavar la legitimidad de Corsia, sugiriendo que la UE, para mostrar liderazgo climático global, debería fortalecer el marco Corsia.
Los firmantes expresan su compromiso de alcanzar las cero emisiones netas para 2050, siempre que el marco político de la UE equilibre esta ambición con el mantenimiento de la competitividad
Esta no es la primera vez que la Comisión Europea recibe una solicitud de este tipo. Recientemente, la iniciativa Destination 2050, una coalición de la industria aérea europea, también instó a Von der Leyen a conservar el alcance geográfico actual del sistema europeo para evitar distorsiones significativas de la competencia que favorezcan a aerolíneas y aeropuertos de terceros países. Asimismo, recomiendan ampliar los derechos de emisión de SAF más allá de 2030 para cerrar la brecha de costes.
