El Gobierno ha respaldado los "mecanismos legales para la detección y persecución" de aquellas modificaciones en la identidad de género de internos que incurran en fraude de ley dentro de los centros penitenciarios. Esta declaración surge como respuesta a una consulta del PP sobre el caso de Joan Vila, conocido como el 'celador de Olot', quien está encarcelado por el asesinato de once ancianos en un geriátrico.
El Partido Popular había solicitado una evaluación sobre casos donde personas condenadas por delitos graves acceden a módulos femeninos tras comenzar procesos de transición de género. Según una respuesta parlamentaria a la que accedió Europa Press, el Ejecutivo explicó que "el sexo, género o diversidad sexo-genérica son solo una variable más" en la asignación de módulos carcelarios, ponderada junto a otros factores sin ser determinante.
La Administración Penitenciaria busca garantizar la seguridad, integridad física e intimidad de los internos, favoreciendo su reincorporación social según su diversidad
El Gobierno destaca que presta especial atención a las mujeres, ya que su vulnerabilidad puede verse acentuada por la privación de libertad debido a la ruptura de vínculos familiares, antecedentes de violencia y exclusión, o estigmatización social. Además, se remite a la Ley 4/2023 de 28 de febrero, que representa un avance significativo en la protección de derechos de las personas trans, incluso en el ámbito penitenciario.
También se menciona la Instrucción 7/2006 de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias sobre integración de personas transexuales. La coordinación entre el Ministerio de Igualdad e Instituciones Penitenciarias, que depende del Ministerio del Interior, ha sido objeto de interés por parte del PP en estos casos, particularmente cuando un preso inicia un proceso de cambio de sexo y es trasladado a un módulo de mujeres.
