El juez Juan Carlos Peinado ha decidido abrir juicio oral con jurado popular contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, imponiéndole medidas cautelares como la retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y obligación de comparecer dos veces al mes en sede judicial. Esta decisión, de acuerdo a un auto de 84 páginas recopilado por Europa Press, también se aplica a su asesora, Cristina Álvarez, mientras dure la tramitación del caso y hasta que haya una resolución firme.
Estas medidas se adoptan tras la audiencia preliminar del lunes en los juzgados de Plaza de Castilla, donde las acusaciones populares encabezadas por Hazte Oír mantuvieron sus peticiones. Se imputan a Gómez y a Álvarez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. Respecto a las cautelares, el juez dicta la retirada de pasaportes y prohíbe la salida del territorio nacional, notificando a todos los puestos fronterizos y aeropuertos para evitar cualquier intento de fuga.
El empresario Juan Carlos Barrabés, también implicado en el caso por supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, no enfrenta medidas cautelares. La investigación de Peinado sobre Gómez incluye presuntas influencias a favor de Barrabés, su gestión en la cátedra codirigida en la Universidad Complutense de Madrid, la apropiación de un software y el nombramiento de Álvarez como su asesora.
El juez apunta a un cambio radical en la trayectoria de Begoña Gómez tras la ascensión de su esposo a la Presidencia del Gobierno
Peinado argumenta que, con la llegada de Sánchez a la Secretaría General del PSOE y posteriormente a la Presidencia, se tomaron decisiones públicas favorables a la cátedra de Gómez, facilitadas por su posición relacional. Destaca que pocos meses tras dejar su empleo anterior, fue nombrada directora del IE Africa Center y que la creación de la cátedra no se canalizó de forma ordinaria, sino tras una reunión en la Moncloa con el rector de la UCM, Joaquín Goyache, quien instruyó la creación de la cátedra para Gómez.
Además, el juez cree que las influencias de Gómez beneficiaron a Barrabés, utilizando su posición académica para intereses empresariales. Sobre la seguridad de Gómez, Peinado manifiesta que su relación como esposa del presidente no evita la posibilidad de fuga, puesto que la protección de los cuerpos de seguridad es temporal.
En cuanto al tráfico de influencias, el juez desacredita alegatos de las defensas que intentan justificar que la cátedra no era retribuida y que los fondos beneficiaban a la UCM. Según Peinado, la cátedra forma parte de una secuencia lucrativa que incluye la apropiación de un software y la captación de fondos privados, señalando que el patrimonio personal de Gómez podría haberse beneficiado de estos.
