La Comisión Europea ha iniciado este lunes los trabajos para la elaboración de una futura Ley de Empleo de Calidad mediante la apertura de una segunda fase de consultas con sindicatos y organizaciones empresariales. Esta propuesta contempla medidas para regular el uso de la inteligencia artificial en el entorno laboral, reforzar la protección de los trabajadores en las cadenas de subcontratación y adecuar la normativa laboral a los desafíos del teletrabajo y otros nuevos riesgos emergentes.
La Comisión pretende presentar esta normativa antes de que finalice el año. Además, la propuesta incluye una revisión de las regulaciones en materia de salud y seguridad en el trabajo, el fomento de la formación de los trabajadores para facilitar su transición hacia una economía digital y ecológica, y un endurecimiento de las inspecciones laborales y las sanciones contra las empresas infractoras. La consulta estará abierta hasta el 28 de septiembre, tras lo cual sindicatos y organizaciones empresariales tendrán la opción de negociar un posible acuerdo conjunto antes de que la Comisión haga su propuesta legislativa definitiva.
Entre las iniciativas de Bruselas destaca la intención de que las decisiones automatizadas mediante inteligencia artificial sean transparentes, supervisadas humanamente y no resulten en una vigilancia excesiva de los trabajadores
La normativa sobre salud y seguridad en el trabajo también se actualizará para responder a nuevas modalidades laborales, como el teletrabajo, y abordar riesgos psicosociales, incluido el acoso sexual. Asimismo, se busca aumentar la transparencia y la responsabilidad de las empresas en las cadenas de subcontratación con el fin de evitar la explotación laboral.
La propuesta prevé también medidas para mejorar la formación de los trabajadores y reforzar el diálogo social, facilitando así la adaptación de empresas y empleados a las transiciones digital y ecológica. Las inspecciones laborales y las sanciones por incumplimientos normativos se endurecerán como parte del esfuerzo para garantizar el cumplimiento de las nuevas regulaciones.
En la primera fase de consultas, que se realizó entre diciembre de 2025 y enero de 2026, participaron 34 organizaciones europeas, incluyendo doce sindicatos y 22 organizaciones empresariales, cuya contribución ha sido fundamental para el desarrollo de esta nueva fase.
