La reforma legal que permitirá a los mutualistas transferir sus derechos económicos acumulados en las mutualidades al Régimen de Autónomos (RETA) afrontará su examen final en el Congreso el próximo jueves, 23 de julio. Este proceso incluirá el debate y votación de las enmiendas introducidas por el Senado durante el trámite parlamentario. De aprobarse, la ley será publicada en breve en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El principal objetivo de esta legislación es ofrecer una solución a miles de profesionales que durante años han cotizado a un régimen de mutualidad alternativa, encontrándose con pensiones insuficientes. La norma propone un mecanismo que permitirá a estos mutualistas trasladar sus años de cotización a un régimen de autónomos, mejorando así la cuantía de su pensión.
El texto fija que la pasarela será exclusiva para quienes no sean pensionistas de ningún régimen público ni de la propia mutualidad alternativa, con la única excepción de quienes perciban una pensión de viudedad
Durante el paso por la Cámara Alta, el proyecto sufrió importantes modificaciones propuestas por el Partido Popular, que goza de mayoría absoluta en el Senado. A pesar de que en el Congreso lograron que los mutualistas jubilados, o pasivos, se beneficiaran del cambio, en el Senado decidieron excluirlos mediante una enmienda. Así, la pasarela solo estará disponible para quienes no sean pensionistas, salvo los receptores de pensiones de viudedad.
Además, los coeficientes para la transferencia de derechos económicos al RETA se han ajustado, mejorando entre un 0,67 y un 0,87 sobre la base mínima de cotización que correspondería en el régimen de autónomos. Sin embargo, esta mejora no será aplicable a profesionales de 52 años o más a fecha 31 de diciembre de 2026, quienes podrán acogerse a la fórmula del 1x1, donde cada mes en la mutualidad equivaldrá a un mes completo en el RETA. Esta fórmula también estará disponible para quienes iniciaron su actividad profesional antes del 10 de noviembre de 1995.
El reglamento que desarrollará los detalles pendientes de la pasarela deberá ser elaborado por el Gobierno dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor de la ley. Un aspecto pendiente de definir es si se aplicará el IPC en el cálculo de las aportaciones económicas transferidas. El Congreso decidirá si acepta o rechaza las enmiendas del Senado antes de dar su aprobación definitiva y permitir la publicación de la ley en el BOE.
