El Congreso de los Diputados ha ratificado una reforma legal que excluye a los mutualistas jubilados de la opción de transferir sus derechos económicos acumulados en mutualidades alternativas al Régimen de Autónomos (RETA). Esta decisión conjunta del Partido Popular, el Partido Socialista Obrero Español y Vox busca establecer una pasarela que permita a los profesionales colegiados mejorar sus pensiones, que actualmente rondan los 400 a 500 euros mensuales. Con el traspaso al RETA, dichas pensiones podrían aumentar hasta los 1.200 euros al mes.
Inicialmente, el Partido Popular había logrado mediante una enmienda que los mutualistas ya jubilados se beneficiaran de esta propuesta. No obstante, cuando el texto llegó al Senado, el partido encabezado por Alberto Núñez Feijóo revirtió su postura, introduciendo enmiendas que excluyen a los jubilados. Tras la aprobación en el Senado, el pleno del Congreso ha decidido respaldar esta modificación. Junto a PSOE y Vox, el exdiputado de Vox, Javier Ortega Smith, ahora en el Grupo Mixto, también votó a favor de mantener esta exclusión, mientras que otros partidos se opusieron.
El texto se publicará en el Boletín Oficial del Estado con la exclusión de los jubilados de la reforma
El resto de enmiendas aprobadas en el Senado incluyen que los coeficientes aplicables en la transferencia al RETA supondrán una mejora de entre el 0,67 y el 0,87 sobre la base mínima de cotización. Profesionales con 52 años o más a 31 de diciembre de 2026 podrán optar por la fórmula 1x1, y aquellos que comenzaron su labor profesional antes del 10 de noviembre de 1995 también podrán beneficiarse de esta opción. Además, el Gobierno dispondrá de tres meses a partir de la entrada en vigor de la ley para desarrollar el reglamento que defina otros aspectos de la transferencia de derechos económicos, incluida la aplicación del IPC.
Las mutualidades seguirán existiendo de forma paralela al RETA, y los profesionales deberán tener los mismos derechos reconocidos a los autónomos en el ordenamiento jurídico. En un año, el Gobierno está obligado a aprobar reformas normativas para asegurar transparencia en el funcionamiento de las mutualidades. Semestralmente, estas deberán emitir un informe detallado de los fondos de los mutualistas y su evolución, asegurándose de que la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones cuenta con toda la documentación necesaria para su supervisión continua.
