La asociación Hazte Oír, que actúa como acusación popular, ha solicitado una pena de 13 años de prisión para Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Además, ha pedido que Sánchez testifique en el juicio con jurado popular que se celebrará contra ella y su asesora, Cristina Álvarez. En el escrito presentado, al que ha tenido acceso Europa Press, se acusa a Gómez de dos presuntos delitos de malversación y uno de tráfico de influencias. Como alternativa, se pide una condena de 10 años si se considera un concurso medial. Para Álvarez, se solicitan seis años de prisión por un delito de malversación en calidad de cooperadora necesaria.
Vox, que también forma parte de la acusación popular, ha respaldado estas mismas penas para ambos involucrados. Inicialmente, se pedían 24 años de cárcel para Gómez y 22 para su asesora, pero el juez Juan Carlos Peinado instó a reformular las peticiones tras el archivo de delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.
Hazte Oír también ha reclamado la declaración del presidente del Gobierno como testigo debido a su relación con Gómez y el uso de la Moncloa en las actividades relacionadas con el proyecto. Según los magistrados de la Audiencia de Madrid, Gómez habría utilizado su posición privilegiada como esposa del presidente para obtener beneficios académicos, como la concesión rápida de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Hazte Oír señala que la trayectoria profesional de Begoña Gómez dio un "giro radical" tras el nombramiento de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno en junio de 2018
Desde entonces, la acusada habría aumentado su proyección institucional y su capacidad de influencia, accediendo a recursos públicos para fines privados y laborales. Gómez habría dejado su anterior trabajo para centrarse en estos nuevos proyectos, alcanzando, en agosto de 2018, el puesto de directora del IE Africa Center y co-directora de un máster de la UCM, impulsando la creación de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva en 2020, sin seguir los procedimientos habituales de selección académica.
La acusación indica que la cátedra no se estructuró como entidad académica formal, sino que se usó como herramienta para captar fondos de importantes empresas tecnológicas en beneficio personal. Además, señala que, aunque la dirección de la cátedra inicialmente no generaba ingresos, el rol de Gómez en ella le otorgó prestigio y acceso a recursos que beneficiaban su carrera y le permitían controlar el desarrollo de determinados proyectos.
Sobre la financiación de la cátedra, se afirma que Gómez utilizó su posición privilegiada y la protección institucional para obtener recursos económicos y servicios para su propio beneficio y el de la sociedad que fundó, logrando apoyos que no hubiera obtenido de otro modo. Muchos de estos acuerdos incluían la participación de su asesora, Cristina Álvarez, quien, según Hazte Oír, contribuyó a otorgar una apariencia institucional al proyecto, facilitando la captación de apoyos y financiación.
La asociación también acusa a Gómez de utilizar los servicios de Álvarez para fines privados, aprovechando su jornada laboral y medios públicos para beneficio personal, con pleno conocimiento de lo que esto implicaba. La lista de testigos que Hazte Oír ha pedido incluye al ministro Félix Bolaños y al empresario Víctor de Aldama, además del presidente Sánchez.
