La reciente Ley de Dependencia y Discapacidad, aprobada en el Congreso de los Diputados, enfrenta importantes desafíos de implementación, según la investigadora de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), Elisa Chuliá. Aunque reconoce las buenas intenciones detrás de la normativa, Chuliá advierte que no basta con la asignación de recursos económicos para modificar las dinámicas ya existentes, dado que la ley busca ser una refundación del actual modelo.
La Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, que ahora se reforma, generó 17 subsistemas diferentes en cada comunidad autónoma bajo condiciones difíciles, agravadas por las crisis económicas anteriores y posteriores a la pandemia. Chuliá señala que la nueva ley intenta corregir la dirección del modelo implantado desde 2007, pero alerta sobre la necesidad no solo de recursos económicos, sino también de organización y gestión.
El gasto público en dependencia en España es significativamente más bajo que en otras naciones europeas, como los países nórdicos, que dedican entre el 3% y el 4% de su PIB, frente al 0,8% de España
La brecha de financiación es evidente cuando se observa que, por cada euro que el Estado destina a cuidados de larga duración, las familias aportan 3,5 euros adicionales. Si bien el Gobierno ha prometido invertir 6.200 millones de euros más, Chuliá duda de que estas medidas sean suficientes para cumplir con las expectativas de la ley.
Además, la demanda de servicios de dependencia sigue creciendo. Actualmente, los beneficiarios alcanzan casi 1,8 millones, con la previsión de que lleguen a 2,5 millones para 2050, lo que indica que la demanda se está infraestimando. Esta situación plantea interrogantes sobre la capacidad del sistema para adaptarse a este crecimiento.
La nueva ley también promueve la desinstitucionalización, pero surge la pregunta sobre si se podrán ofrecer los recursos suficientes para aquellos que deseen regresar a sus hogares. Aunque la expansión de la teleasistencia y los cuidados profesionales a domicilio son aspectos positivos, solo un tercio de los beneficiarios disfruta de esta atención actualmente.
