Sumar ha introducido en el Congreso una proposición de ley que busca implantar un gravamen permanente del 3% sobre los patrimonios que superen los 50 millones de euros. El objetivo de esta medida es dirigir la recaudación obtenida a la lucha contra la pobreza infantil. La formación plurinacional sostiene que la riqueza en España se concentra en una reducida minoría, mientras el sistema fiscal actual permite que parte de estos grandes patrimonios permanezcan exentos o tengan una tributación reducida, sobre todo debido a la exención de la empresa familiar en el Impuesto sobre el Patrimonio (IP) y el límite conjunto de la cuota del IRPF y dicho impuesto.
Sumar subraya el contraste entre esta exención fiscal y los altos niveles de pobreza infantil en España, que afectan al 10,7% de los niños menores de 16 años, comparado con el 8,1% en la Unión Europea, el 1,6% en Polonia y el 3,9% en Portugal. Estos países, pese a tener una renta per cápita inferior a la de España, registran cifras menores de pobreza infantil.
La iniciativa llega en un momento clave de las negociaciones con el PSOE para la elaboración de los Presupuestos y propone instaurar una prestación patrimonial pública de carácter no tributario para gravar dichos patrimonios. Este gravamen se aplicaría a partir del excedente sobre el umbral de los 50 millones, incluyendo ciertas exenciones como el patrimonio histórico, obras de arte en depósitos públicos, la vivienda habitual hasta 300.000 euros y el ajuar doméstico.
El propósito es que las grandes fortunas en España tributen acorde a sus capacidades, eliminando ventajas fiscales injustificadas.
Además del gravamen del 3%, la propuesta de Sumar incluye eliminar la exención de la empresa familiar y modificar el límite conjunto del IRPF y el Impuesto sobre el Patrimonio para patrimonios superiores a 50 millones. La ley también contempla la creación de un fondo de protección a la infancia, del cual surgiría una prestación universal para la crianza de menores.
El Gobierno estaría obligado a presentar ante las Cortes Generales, en un plazo máximo de seis meses después de la aprobación de la ley, un proyecto que regule una prestación universal de crianza de hasta 200 euros mensuales por menor de 18 años. Para asegurar la coherencia con el resto del sistema fiscal y evitar doble imposición, la propuesta permite a los contribuyentes deducir de su cuota las cantidades abonadas por el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas.
Además, se incluye una cláusula antiabuso para asegurar la sujeción al impuesto durante cinco años tras un posible cambio de residencia fuera de España. Finalmente, la propuesta plantea una modificación en el Impuesto sobre el Patrimonio para establecer un tope marginal del 3,5% estatal en las bases superiores a 50 millones, como medida de coordinación frente a la competencia fiscal entre comunidades autónomas.
